Pretende evitar así la extradición de estos criminales a España.
05-12-2006-Periodista Digital
(PD/Agencias).- La primera en la frente. Hugo Chávez, supuesto amigo del presidente Zapatero, ha pactado el pago de una indemnización por importe de más de 325.000 euros con los etarras Sebastián Etxaniz Alkorta y Juan Víctor Galarza Mendiola por haberlos entregado en el año 2002 a la Justicia española.
Además, como parte del acuerdo, el Ejecutivo de Hugo Chávez se ha comprometido a ofrecer la nacionalidad venezolana a otros cuatro etarras residentes en el país para evitar su posible extradición a España.
Etxaniz Alkorta, miembro del «comando Vizcaya», cumple condenas que suman 95 años de cárcel por tres asesinatos, mientras que Galarza quedó en libertad tras estar tres años en prisión. Ambos fueron detenidos en Venezuela en 2002 y deportados a España, donde fueron encarcelados y juzgados, ya que estaban reclamados por la Audiencia Nacional.
Sus abogados presentaron, en noviembre de 2002, una denuncia contra el Estado de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presunta deportación ilegítima. La denuncia fue admitida a trámite el pasado marzo, lo que motivó que se abriera una negociación entre el Gobierno de Chávez y la representación de los dos etarras, que culminó con un acuerdo el pasado junio.
El pago de la indemnización será, por tanto, el resultado de un pacto voluntario porque no se habían agotado los plazos ante el organismo en el que se presentó la denuncia, ni éste había emitido veredicto contrario al Gobierno de Venezuela.
ENTREGA ILEGAL
El pasado 8 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el pacto y lo incluyó en el informe que envía a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
En el acuerdo, Venezuela «acepta su responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos de los ciudadanos vascos» Galarza y Etxaniz, «al haber procedido a realizar una deportación ilegal y entrega ilegal al Estado español».
También reconoce la violación de los artículos de la Convención Americana que regulan el derecho a la integridad personal, la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y a la dignidad, a la protección de a familia, el derecho de circulación y residencia, la igualdad ante la ley y la protección general.
El pacto no se limita a los dos denunciantes, ya que en el documento el Gobierno de Caracas extiende su protección a otros etarras que están en el país. Venezuela reconoce la presencia de etarras – el documento indica de «ciudadanos vascos y vascas»- en «condición de aislados políticos» desde los años 80 como consecuencia de un acuerdo con el Gobierno español.
Se indica que varios de estos «asilados políticos» adquirieron la nacionalidad venezolana «gozando de todos los derechos». Caracas, además, ofrece la concesión de la nacionalidad a Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Ángel Aldana.
El acuerdo estipula las indemnizaciones que va a ofrecer a los dos deportados y a sus familiares. En el caso de Galarza las cantidades suman 132.000 euros, entre lo destinado al propio Galarza, a su esposa y a su hija en concepto de «daño moral por los sufrimientos causados a su persona y familiares», por los tres años en los que estuvo encarcelado.
Sebastián Etxaniz y su compañera sentimental, por su parte, recibirán 193.000 euros, además de una pensión mensual para la pareja del miembro de ETA por importe de 750 euros mensuales, que se actualizarán anualmente de acuerdo con el IPC español.
En este caso, el «daño moral» que se reconoce se deriva de «los sufrimientos causados a su persona y familiares» por los años de prisión cumplidos y los que cumpla y «por las torturas recibidas», entre otros conceptos.
Además, para «garantizar la integridad física y moral» del miembro de ETA, Chávez se compromete a realizar gestiones ante las autoridades españolas para que Etxaniz pueda cumplir la pena
«En un recinto carcelario cercano a su lugar de origen, tal como establecen las normas internacionales».
El pacto incluye la realización de, al menos, dos visitas al miembro de ETA en la cárcel para «cerciorarse de su situación carcelaria, conocer su estado de salud físico y psíquico y atender cualquier reclamo que realice respecto a la actuación de los funcionarios penitenciarios». También entregará a la familia del preso un informe después de cada visita.
TAMBIÉN GASTOS MÉDICOS
Por último, el Gobierno venezolano garantiza a Etxaniz «todos los gastos de atención médica que el Estado español» no cubra durante el tiempo que permanezca en prisión.
Etxaniz Alkorta, de 63 años, está acusado de formar parte del «comando Vizcaya» entre 1981 y 1983 y de intervenir presuntamente, en numerosos atentado que costaron la vida a catorce personas, aunque sólo ha sido condenado por tres asesinatos, los del jefe de Policía Municipal de Baracaldo José Aibar Yánez, el teniente coronel retirado Luis Cardarso y el guardia civil Joaquín Gorjón.
Etxaniz fue detenido en Nicaragua el 25 de marzo de 1993 y expulsado a España junto a otros tres presuntos etarras. Tras ser juzgado y absuelto en una de las causas que tenía abiertas, por un error judicial se decretó su puesta en libertad que se hizo efectiva el 13 de junio de 1995, circunstancia que aprovechó para huir a Venezuela. En este país estuvo hasta que fue arresto el 16 de diciembre de 2002 y entregado a España con el visto bueno de Hugo Chávez.
Juan Víctor Galarza Mendiola, de 47 años, fue detenido en Venezuela el 31 de mayo de 2002 y expulsado a España donde tenía pendiente de cumplir una sentencia de seis años de cárcel por colaboración con ETA. Huyó Venezuela, donde tieneuna armería, para eludir precisamente esa condena.
