En Cataluña hay el convencimiento de que la mejor manera de defender el Estatut es desarrollarlo.
25 Noviembre 09 – Barcelona – Marcos Pardeiro
En Cataluña hay el convencimiento de que la mejor manera de defender el Estatut es desarrollarlo. La idea de esperar a ver la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para garantizar la seguridad jurídica de las normas no se contempla porque el Estatut, al fin y al cabo, es una ley en vigor desde agosto de 2006. En estos tres años y tres meses, el Parlamento de Cataluña ya ha aprobado un total de 32 leyes para desplegar el texto estatutario, mientras que la Generalitat está elaborando una veintena más de anteproyectos de ley para continuar con un desarrollo a velocidad de crucero.
El brío de la Generalitat contrasta con la parálisis del Gobierno, que tiene pendiente la adaptación de 28 leyes estatales –la del Consejo General del Poder Judicial, la del Banco de España y la del Tribunal de Cuentas, entre otras–. La doble velocidad en el despliegue del Estatut ha provocado numerosas quejas de la Generalitat por la pasividad del Gobierno, que, en este período únicamente ha reformado dos leyes para dar cumplimiento al texto catalán.
Poner la directa
El Ejecutivo autonómico ha querido pisar el acelerador conscientemente y el presidente de la Generalitat, José Montilla se ha comprometido en más de una ocasión a desarrollar el Estatut «en toda su amplitud y extrayendo el máximo rendimiento». Así, Cataluña ha aprobado normas como la Ley de Educación –impugnada ante el TC–, la Ley de Fosas y la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias –un organismo que emite dictámenes vinculantes sobre las normas catalanas y que, por tanto, tiene funciones semejantes a las del Constitucional, puesto que establece doctrina jurídica–.
Pero el empuje de la Generalitat en el despliegue no puede ocultar la incertidumbre por la sentencia del Alto Tribunal. ERC lo tiene claro, su postura es el desafío. Recientemente advirtió de que no tiene por qué acatar el fallo del TC e incluso su secretario general, Joan Ridao, ha abogado por «desplegar de facto el Estatut y el autogobierno prescindiendo del criterio del Constitucional y del Gobierno». Así bajan las aguas en Cataluña.
Hasta el momento, el resultado más notable que desprende el nuevo Estatut es la reforma del sistema de financiación que, en 2010, aportará a Cataluña más de 2.500 millones de euros extra. En enero, cristalizará el traspaso de Cercanías y en marzo la de la Inspección del Trabajo.
Al PP le resulta imprudente la actitud del tripartito. Opina que valdría más la pena analizar la sentencia del TC antes de ponerse a legislar porque un fallo adverso puede propiciar un lío jurídico considerable, ya que el criterio del Alto Tribunal podría obligar a decenas de rectiticaciones en el ordenamiento.
La Generalitat desestima esta tesis, convencida de la constitucionalidad del Estatut. También el Gobierno ha defendido la legalidad del texto catalán, aunque, a la hora de la verdad, ha actuado con bastantes más miramientos que el Ejecutivo autonómico.
