Asegura que las medidas del nuevo Ejecutivo frenarán el avance del euskera


M. F. VALLEJO| BILBAO

El Departamento de Educación en funciones ha encajado mal los cambios que anuncia el Gobierno del PSE para el sistema escolar vasco. La consejería que aún dirige Tontxu Campos descalificó las medidas incluidas en el pacto entre socialistas y populares -sobre todo la de garantizar la libertad de elección de la lengua en la enseñanza-, al considerar que «satisfacen las demandas del nacionalismo español». Las actuales autoridades educativas temen un «retroceso» en la euskaldunización si se deja la puerta abierta a que las familias elijan la enseñanza en castellano para sus hijos. «O bien el PSE ha engañado a la sociedad vasca o es rehén del PP», señalaron ayer mediante una nota de prensa.

«Mantener un modelo en castellano no hace sino perpetuar el desconocimiento de la lengua vasca, la división de comunidades lingüísticas y la ‘guetización’ de muchos centros», argumentaron. Educación interpreta que las medidas del «frente PP-PSE» van orientadas a «anular los pasos dados en esta legislatura hacia la capacitación del alumnado bilingüe». El departamento se refiere al anuncio de los socialistas de que derogarán los artículos relativos a las lenguas que aparecen en los decretos de Infantil, Secundaria y Bachillerato por «no respetar» la Ley de la Escuela Pública Vasca y haberlos aprobado «por decreto» y «sin los consensos necesarios».

Todas esas normativas declaran el euskera lengua principal en la escuela y marcan unos objetivos al finalizar Secundaria y Bachillerato que hoy en día no alcanza ni la mitad de los alumnos que estudian íntegramente en euskera. El equipo de Eusko Alkartasuna acusó al partido dirigido por Patxi López de «alejarse de los grandes consensos que siempre han reclamado». Los responsables del área, que en su día no lograron el respaldo de sus propios socios de Gobierno para sacar adelante la reforma lingüística, destacaron «el nivel de acuerdo logrado con el currículum vasco tanto en la red privada como en la pública». El documento, sin embargo, está recurrido en los tribunales tanto por los socialistas como por los populares.