la Carta Magna debe corregir su diseño inicial.
B. TORQUEMADA
28-02-2007-ABC
El brutal atentado de Barajas no sólo ha desacreditado la política antiterrorista del Gobierno (singularmente, la apuesta personal de José Luis Rodríguez Zapatero por el «proceso»), sino que también ha abocado a las plataformas cívicas a una reflexión de calado: la de cómo plantear la respuesta ciudadana a la actual situación de «empantanamiento», ahora que el Ejecutivo se ha embozado en un aparente compás de espera para retomar la negociación con ETA.
La respuesta del presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, es inequívoca: hay que mantener las movilizaciones, persistir en reclamar la derrota del terrorismo (nunca el «final «dialogado», pues está convencido de que Zapatero quiere volver al «proceso») e instar a una reforma de la Constitución que ataje el perenne chantaje nacionalista.
En la conferencia que dictó ayer en el Aula de Cultura de ABC, Buesa estimó que la Carta Magna «debe corregir su diseño inicial para eliminar los incentivos al ejercicio de un oportunismo que, al dar entrada irrefrenable a los intereses nacionalistas, pueda poner en cuestión los fundamentos del sistema político y la unidad de España como Nación».
El presidente del Foro de Ermua hizo estas consideraciones después de desmenuzar cómo la vuelta a la «unidad de acción» ya no es posible en el marco del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que, recordó, es ya «un papel mojado», precisamente por «la debilidad ideológica del socialismo y por un sistema electoral que concede al nacionalismo una representación mayor de la que le correspondería».
Por eso, según el presidente del Foro de Ermua, cualquier discusión sobre el restablecimiento del Pacto Antiterrorista «pasa necesariamente por el debate de la reforma de la Constitución».
Derrota del PSOE
También estimó que «la derrota electoral del PSOE parece un requisito imprescindible para su regeneración» y, a la vez, opinó que sí existe la alternativa del PP y de los nuevos partidos emergentes nacidos al calor del movimiento cívico, como «Ciudadanos».
Además, Buesa destacó la enorme importancia de no legalizar a Batasuna y esgrimió para ello las cifras que él mismo, en su calidad de catedrático de Economía de la Universidad Complutense, ha ido elaborando a lo largo de los últimos años. Así, ha calculado que unos 13 millones de euros (la mitad de la financiación que ETA necesita anualmente para su funcionamiento criminal) procedían de Batasuna y otras entidades afines , gracias a los fondos públicos que recibían cuando eran legales.
La denuncia de que el Gobierno ha asumido una política antiterrorista de aproximación al nacionalismo que sigue el diseño del «ideólogo» Ignacio Sánchez-Cuenca y la comprobación (apuntalada por datos) de que los momentos de mayor cerco legal y policial a ETA y su entorno han coincidido con los índices más bajos de apoyo social al terrorismo fueron otros puntos centrales de la exposición de Buesa.
Al acto, presentado por el presidente de la Fundación Vocento, Enrique de Ybarra, asistieron víctimas del terrorismo como Mapi de las Heras o Conchita Martín.
