El Mundo

La formación Bildu ha colocado a una veintena de miembros de la ilegalizada Batasuna en los distintos ayuntamientos en los que gobierna para desempeñar labores como altos cargos, asesores o personal de confianza, según ha denunciado la asociación Dignidad y Justicia en un informe presentado a la Fiscalía General del Estado sobre la existencia de indicios que podrían conducir, en su opinión, a una ilegalización de la formación.

El exhaustivo informe destaca la inclusión en órganos directivos o en listas electorales de estas personas, algunas de ellas condenadas por delitos de terrorismo y precisa que datos recabados por el Observatorio contra la Impunidad de la Fundación de Víctimas de Terrorismo, han detectado 20 casos de nombramientos en ayuntamientos y la Diputación de Guipúzcoa.

Dignidad y Justicia asegura que estas personas han sido colocadas como «altos cargos», asesores o personal eventual de confianza y pertenecen en su mayoría a la ilegalizada Batasuna. «No sólo se han instalados en las corporaciones gobernadas por Bildu sino que han logrado penetrar en aquellos municipios donde la organización tiene grupo municipal, como Vitoria», dice el informe.

La asociación de víctimas incluye en su escrito 17 nombres: Iñaki Errazkin, Juan Carlos Alducin, Garbiñe Errekondo, Mariam Beitialarrangoitia, Zigor Etxeburua Urbizu, Arantxa Ruiz de Larriñaga, Txelo Pérez Martínez, José Luis Rezabal, Mikel Santaengracia Fernández de Barrena, Itxaso Arrizabalaga, Patxi Ruiz de Samaniego, Iñaki Xabier Ulibarri, Helena Franco, Josetxo Ibaceta, Xabier Zubizarreta y José Antonio Barandiaran.

Este último, ahora asesor de Bildu en la localidad de Andoain, se encuentra en libertad condicional a la espera de que se le juzgue por presunta colaboración con ETA. En cuanto a Helena Franco, DyJ destaca que «convive», en San Juan de Luz, con un miembro de ETA que ya estuvo en la cárcel.

Una mayoría de las personas que figuran en el listado han pertenecido en el pasado a formaciones sucesoras de Batasuna como es el caso de Acción Nacionalista Vasca (ANV), la coalición Aurrera Guztiak, Abertzale Sozialistak o el Partido Comunista de las Tierras Vascas.

El informe, destinado a «ayudar, complementar y colaborar con el Ministerio Fiscal para aportar algo de luz» en caso de que se decida actuar contra el partido, incluye, además, un detallado listado de conductas de los miembros de Bildu que, «por su manifiesto contraste con el principio democrático y el pluralismo político» podrían conducir en opinión de Dignidad y Justicia a la ilegalización de la formación política.

Así, la asociación refleja en su informe 23 actuaciones de distintas personas ligadas a Bildu y que a su entender reflejan una equiparación de las víctimas terrorismo con víctimas en enfrentamientos policiales o bien suponen un intento de colocar en el mismo plano el sufrimiento infligido a las víctimas de la violencia terrorista y sus asesinos.

Incluye el ‘Gora ETA Militarra’

En este grupo de actuaciones la asociación engloba actos en los que «se ha cuestionado el deber de las fuerzas policiales de perseguir a los responsables de la violencia terrorista», como el llevado a cabo por los concejales de la formación en Bilbao que solicitaron la expulsión de la Guardia Civil al paso de la Vuelta Ciclista a España.

Dignidad y Justicia también destaca en su escrito situaciones protagonizadas por miembros del partido «tendentes a otorgar al terrorismo una legitimación» o justificarlo para alcanzar objetivos políticos. En este apartado se incluyen, por ejemplo declaraciones del que fuera diputado de Amaiur, Iñaki Antigüedad, en las que declina solicitar la disolución de la banda terrorista.

La asociación ha reflejado, en un tercer apartado, acciones de «ensalzamiento los autores de acciones terroristas», incluyendo el reciente incidente en que un secretario del Ayuntamiento de San Sebastián fue grabado mientras gritaba «Gora ETA Militarra».

En este caso Dignidad y Justicia compendia la celebración de 29 actos de homenaje a presos de ETA e incluye el mantenimiento de monumentos o la concesión de nombres de calles a los miembros de la organización en localidades gobernadas por Bildu. También aquí incluye la concesión de una subvención del consistorio donostiarra para la grabación de un documental sobre presos de la banda.