Otegi se atribuye el control del terrorismo callejero y exige al PSOE y al PNV que la Justicia y la Policía dejen de actuar para detenerlo.
J. M. Z. / I. G. de M.
11-11-2006-La Razón
Madrid- El portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, reveló ayer, en unas declaraciones a la televisión pública vasca, que ha propuesto al PNV y el PSOE, en reuniones mantenidas con representantes de estos partidos, su compromiso de «desactivar todas las expresiones de violencia» (en clara referencia al terrorismo callejero conocido como «kale borroka») a condición de que el Gobierno central y el vasco «hagan lo mismo» con las actuaciones policiales y judiciales.
Por si había alguna duda, el dirigente «batasuno» se comprometió a «ir pueblo a pueblo a intentar que no exista la (violencia) que, supuestamente, nosotros organizamos, cosa que no es cierta». Fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN se preguntaron cómo se puede comprometer una persona a acabar con una actividad si, como pretende hacer creer, no tiene nada que ver con ella, si carece de influencia o autoridasd sobre los que la practican. Por su parte, expertos juristas consideran que Otegi podría haber cometido lo que se conoce como «dominio funcional de la violencia» en grado de coparticipación o amenaza condicionada.
Cuando quieran
El ofrecimiento de acabar con el terrorismo callejero se hace con una condición: poniendo al mismo nivel las actuaciones de los delincuentes y las del Estado de Derecho y las Fuerzas de Seguridad encargadas de preservarlo. Otegi ha pedido, de hecho, a los Gobiernos central y vasco, a través del PSOE y el PNV, que «desactiven las acciones judiciales y los controles de las fuerzas de ocupación» y a que tomen medidas en materia penitenciaria». Otegi se jactó de poder cumplir el compromiso «cuando quieran» los socialistas y los nacionalistas; es decir, cuando cumplan su parte del «trato».
Asimismo, aseguró que ETA está haciendo una apuesta sincera por buscar «una solución democrática al conflicto», para lo que ha dado «muestras fehacientes» (en ningún momento se refirió al robo de armas en Francia). En referencia a las continuas comparaciones con el conflicto irlandés, ha señalado que «toda la izquierda abertzale es Gerry Adams» y que falta por ver si «hay un Tony Blair en La Moncloa.
Mientras, el Gobierno volvió a repetir ayer, por boca de su portavoz, que el «proceso de paz» no avanzará hasta que no la organización terrorista ETA no respete las reglas del juego: ausencia de violencia, legalidad y respeto a las víctimas del terrorismo.
El Ejecutivo no ha cambiado ni cambiará «el rumbo marcado desde el primer día». Por eso «no acepta ni aceptará jamás pulsos ni chantajes de ningún tipo», advirtió ayer a ETA la vicepresidenta primera, en clara alusión al robo de 350 pistolas por la banda en Francia. De momento, la investigación sobre este atraco aún no se ha cerrado, tras la moratoria solicitada por las autoridades galas para comprobar las pistas, que apuntan, según de De la Vega, a los terroristas.
El proceso, congelado
La vicepresidenta se negó a valorar las declaraciones de Otegi. «Nunca lo hago por respeto a los dirigentes políticos. Y mucho menos hoy, por tratarse de un miembro de una formación ilegalizada». Acto seguido, volvió a la carga para alertar a la banda etarra de que el proceso tendrá «dificultades mientras no asuma que la violencia no conduce a ninguna parte». Por eso el proceso no avanzará hasta que no se acredite la inequívoca voluntad etarra de renunciar definitivamente a la violencia.
En estos momentos, el Gobierno se dedica de nuevo a verificar si existe o no esa voluntad en la organización terrorista. De momento, no desvelará los elementos que haya chequeado sobre esta voluntad. Y se tomará todo el tiempo que considere oportuno en esta fase del proceso. «Después de 40 años, el Ejecutivo se tomará todo el tiempo que considere necesario hasta que quede acreditado de forma inequívoca la voluntad de renunciar a la violencia».
El Gobierno utiliza todos los mecanismos que le brinda el Estado de Derecho en esta verificación, desde la información de las Fuerzas de Seguridad del Estado hasta la colaboración internacional.
Pese al estado en el que se encuentra el proceso, el Ejecutivo considera innecesario pararlo, ya que no ha dado ningún paso en ninguna dirección. «Por tanto, qué vamos a parar si no hemos hecho nada», argumentan fuentes gubernamentales. «¿Vamos a parar el alto el fuego permanente?».
En ese sentido, De la Vega se interrogó ayer si hay alguien que quiere que se rompa el proceso. «El Gobierno permanecerá firme en su intento de conseguir la paz y también en los métodos para lograrla», sentenció.
Al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta renunció a pronunciarse sobre si sentencias judiciales, como la de José Ignacio de Juana Chaos, dificultan el proceso. Ni siquiera quiso valorar la nueva huelga de hambre emprendida por el preso etarra, tras conocer su condena. «Ningún comentario y menos de una decisión personal», dijo.
La discreción de De la Vega brilló por su ausencia en las declaraciones que realizó el aún presidente de la Junta de Extremadura. Juan Carlos Rodríguez Ibarra se pronunció ayer sobre la huelga de hambre del etarra. «Si hubiera 900 suicidas estaríamos empatados», en referencia a las 900 víctimas causadas por ETA y que los españoles, dijo, «hemos sido capaces de aguantar».
El presidente extremeño realizó estas declaraciones durante su intervención en unas jornadas de presidentes y directores generales de las Cajas de Ahorro. En un momento determinado, se dirigió al presidente de Navarra, Miguel Sanz. «Quiero tranquilizarte. Sé que eres un hombre inquieto y te digo que si hemos sido capaces de aguantar 900 muertos estamos dispuestos a aguantar 901, y si fueran 900 suicidados estaríamos empatados. Así que tú, tranquilo».
Críticas del PP
Desde el PP, su secretario general, Ángel Acebes, exigió al presidente del Gobierno que acuda al Parlamento si pretende solicitar la «impunidad» de los terroristas, y tildó de «escándalo antidemocrático» que Zapatero esté pidiendo a los jueces que hagan «el trabajo sucio» en el proceso de rendición ante ETA. Acebes instó al presidente a dirigirse al Parlamento «si pretende cambiar la ley» en materia antiterrorista y le advirtió de que ni los ciudadanos, ni los jueces ni la cámara «van a retorcerse ni rendirse ante los terroristas». «Basta ya de humillaciones» advirtió Acebes, quien recordó que «como José Luis Rodríguez puede hacer lo que quiera pero como presidente del Gobierno no».
