TRAS LA DECLARACIONES DE ZAPATERO SOBRE LAS SENTENCIAS.
09-11-2006-Libertad Digital
Las palabras del presidente del Gobierno en relación a las «dificultades» que pueden crear algunas «sentencias» han dado pie a renovadas críticas a la actuación de la Justicia desde el País Vasco. Rodolfo Ares ha vuelto a decir que los jueces «tienen que tener en cuenta el momento». Josu Jon Imaz ha hecho una exigencia: contar con «mecanismos» para defender, según dice, a la democracia «ultraconservadores» e «involucionistas». Desde el Ejecutivo, López Aguilar se ha limitado a decir que «la Justicia va por su camino y el Gobierno, por el suyo».
L D (Agencias) En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Rodolfo Ares, portavoz del PSE defendió primero a Patxi López al asegurar que el líder socialista no dijo que la pena para De Juana era «desproporcionada», sino que «simplemente dijo que era la sentencia mayor que se había producido por una serie de artículos de prensa». «No calificó en absoluto la decisión porque somos muy respetuosos con las decisiones de la Justicia», añadió.
No obstante, destacó que los socialistas piensan que «también la Justicia dentro de los márgenes de la Ley, porque los tienen, tienen que tener en cuenta el momento en el que emiten sus decisiones y sus sentencias». «Pero son ellos, en todo caso, los que tienen que decidir la aplicación de la Justicia, y nosotros seremos siempre respetuosos», agregó.
Rodolfo Ares aseguró que no se arrepiente de haberse reunido con representantes de la izquierda abertzale porque que tenía como objetivo «dejar muy claro que deben abandonar su apoyo a la violencia si quieren hacer política». «El colectivo de ciudadanos de la izquierda abertzale existe, con quien nos reunimos tenían en vigor todos sus derechos cívicos políticos. Nosostros pensamos que no hemos cometido ninguna ilegalidad. En todo caso, serán los tribunales quienes lo digan, acudiremos a la Justicia a dar todas las explicaciones y a defender nuestra posición política», dijo.
Jueces «predemocráticos»
Mientras, el presidente de la Ejecutiva del PNV, Josu Jon Imaz, dijo en declaraciones en ETB que hay una «auténtica involución democrática por parte de sectores ultraconservadores de la Justicia» en el Tribunal Superior Vasco, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Mencionó como ejemplos la admisión por el TSJPV de las denuncias contra Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares por sus reuniones con líderes de Batasuna-ETA y la anulación por el Supremo de la absolución de Atutxa, Kontxi Bilbo y Gorka Knorr por no haber disuelto el grupo parlamentario de la antigua Batasuna.
«Necesitamos un compromiso democrático ante ciertas instituciones, debe actuar el Tribunal Constitucional porque se atacan derechos fundamentales, como los del lehendakari, y los partidos debemos trabajar conjuntamente para buscar mecanismos para proteger las instituciones democráticas de los sectores judiciales de actitud predemocrática», manifestó. Imaz también criticó la condena «no aceptable» de 12 años y 7 meses de prisión al etarra Iñaki De Juana Chaos por escribir dos artículos amenazantes, aunque consideró que el proceso de paz «debe seguir adelante por encima de cualquier actuación, incluidas las judiciales».
Los «cauces» de la Justicia y el Gobierno
Desde el Gobierno, Juan Fernando López Aguilar afirmó en la Conferencia de países miembros del Consejo de Europa, que se celebra en Moscú, que «el trabajo de la Fiscalía y el Poder Judicial discurre por su cauce y el del Gobierno debe discurrir por el suyo». Agregó que ambos cauces «no interfieren, porque el Estado de Derecho continúa funcionando».
Al ser preguntado sobre si la condena del etarra Juan Ignacio de Juana Chaos interfería en el diálogo, el ministro recordó que iba a ser excarcelado por haber cumplido su pena por los 25 asesinatos por los que había sido condenado con anterioridad y que fue la Fiscalía la que instó el proceso por amenazas por el que ahora se le han impuesto 12 años y 7 meses de cárcel, petición similar a la que formuló el Ministerio Público en el mismo juicio. Lo que no dijo es que en un primer momento se pidió una condena mucho mayor, de 96 años de prisión.
