La Voz de Barcelona

Un juzgado contencioso-administrativo de Lérida ha anulado una multa que la Generalidad de Cataluña había interpuesto a una empresa porque fue remitida únicamente en catalán. Tal y como ocurre en otros ámbitos (como, por ejemplo, en tráfico), la Administración autonómica no puede dar trato preferencial a la lengua catalana por lo que sus comunicaciones deben estar en las dos lenguas oficiales de Cataluña.

Así queda ratificado en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía y así lo interpreta un juez ilerdense que ha declarado nula una multa de la Generalidad, interpuesta por la autonómica Inspección de Trabajo, por valor de 2.046 euros a una empresa de la provincia. Fuentes judiciales han advertido que hay otras dos sentencias similares.

La sentencia al Defensor del Pueblo

Según ha publicado este martes el diario Segre, el juez, además, ha enviado el fallo al Defensor del Pueblo para que indague si la Administración autonómica, con decisiones como las de enviar sus comunicados en un solo idioma, el catalán, margina a los ciudadanos que quieran utilizar y recibir información en español.

El magistrado, sin embargo, deja abierta la puerta a que la Generalidad se dirija a los contribuyentes solo en una de las dos lenguas oficiales, pero a elección de estos, no de la Administración autonómica. En este caso, la empresa había recurrido la multa en español.

‘La conducta de la Administración [autonómica] en el caso que nos ocupa vulnera directamente lo que está establecido por el mismo Tribunal Constitucional; es decir, tenemos una Administración [autonómica] actuando en contra de la Constitución‘, figura en la sentencia según recoge el diario del Grup Segre.

Aranés

En este sentido, el juez ha indicado que esta ‘asimetría lingüística se aprecia que únicamente pasa con el castellano’ ya que en otra ocasión, que también llegó el caso a su juzgado, la Generalidad sí contestó a un ciudadano en aranés después de que este acudiera en este idioma (oficial en el Valle de Arán) a la Administración autonómica.

Y ha añadido que: ‘Es la prueba más evidente de marginación lingüística, que utilizando dinero público, está llevando a cabo la Administración regional catalana. Con esto se consigue que el castellano quede relegado a lengua de tercer nivel (por detrás del catalán y el aranés), despreciado por la Administración [autonómica]‘.