El Mundo

La coalición de Amaiur quiere que el Gobierno le dé cuenta de los periodos de cumplimiento de las penas impuestas a los responsables del secuestro de Segundo Marey y del asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, hechos sucedidos en 1983 y cometidos por los GAL, y si llegaron a indemnizar a las víctimas y reconocieron el daño causado.

El diputado de Amaiur Sabino Cuadra, procedente del sindicato abertzale LAB, ha registrado una pregunta en el Congreso, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que pide saber cuáles fueron las penas impuestas a todos y cada uno de los condenados y cuál fue su periodo de cumplimiento efectivo de las penas de reclusión, el tiempo que pasaron en libertad condicional y en tercer grado penitenciario.

Además, reclama datos sobre las cantidades «efectivamente abonadas» en concepto de indemnización a las víctimas, tanto a Segundo Marey como a los herederos de Lasa y Zabala, y si hay constancia de que los condenados han llegado a «reconocer expresamente el daño causado en los delitos cometidos» y, en caso afirmativo, «con qué fórmula textual».

En las últimas semanas Amaiur viene reclamando al Gobierno que se siente a hablar con ETA «de una vez por todas» de cuestiones derivadas del fin de la violencia terrorista como el desarme o la situación de los presos de ETA, como acaba de manifestar este martes el portavoz de la coalición en el Congreso, Xabier Mikel Errekondo.

Frente a ello, desde el Gobierno se apuesta por la disolución de ETA y se condiciona el tratamiento penitenciario de los reclusos al desmarque de la violencia, el arrepentimiento y la petición de perdón, entre otros requisitos.

El principal implicado en el caso ‘Lasa y Zabala’ -el primer acto terrorista cometido por los GAL- ya no se encuentra en prisión. Enrique Rodríguez Galindo, exgeneral de la Guardia Civil destinado en Intxaurrondo, fue condenado a 71 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, pena que fue elevada en cuatro años más por el Tribunal Supremo. Galindo, que en la actualidad cuenta con 73 años, ingresó en prisión el 9 de mayo de 2000 pero, cuatro años después, fue excarcelado aduciendo problemas de salud.

Con él fueron condenados Ángel Vaquero, que era teniente coronel del cuartel de Intxaurrondo en San Sebastián, y Julen Elgorriaga, que era el gobernador civil de Guipúzcoa en esos años.

En cuanto al secuestro de Segundo Marey, los principales condenados tampoco están en la cárcel: el entonces ministro del Interior José Barrionuevo y su ex secretario de Estado Rafael Vera. Ambos fueron condenados a 10 años de cárcel en 1998 pero sólo permanecieron tres meses en prisión, de septiembre a diciembre de ese año, cuando el Gobierno de José María Aznar les concedió el indulto parcial a todos los implicados, salvo a los funcionarios policiales José Amedo y Michel Domínguez. Barrionuevo está en libertad definitiva desde 2004.