Es la única líder del PP que ha decidido no promover ningún cambio si gana en 2007.
28-10-2006-La Razón
Madrid- El proceso de reformas estatutarias abierto por el PSOE en esta legislatura ha entrado en su fase de pleno apogeo justo en el precalentamiento de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales, primarias, salvo sorpresa de cambio de calendario, de las generales.
La batalla electoral ha contaminado por completo el debate sobre la operación quirúrgica a la que Rodríguez Zapatero ha querido someter al actual Estado autonómico, en la medida en que en el PSOE, pero también en el PP, quienes se juegan algo en los comicios de 2007 han entrado en cálculos partidistas sobre las consecuencias de su posición ante este proceso.
Evolución de las reformas
En el caso del principal partido de la oposición, los líderes territoriales, uno a uno, han ido sumándose al debate, desde el Gobierno, como es el caso del balear Jaume Matas, o desde la oposición. Incluso en comunidades en las que el melón de la reforma no está para nada maduro, como, por ejemplo, Extremadura, el «barón» del PP, Carlos Floriano, ha hecho declaraciones precisando que no se cerraría a un cambio estatutario. Aunque en situación embrionaria y casi de parálisis, hay grupos de trabajo en Asturias, La Rioja o Murcia, mientras que Navarra, gobernada por UPN (marca del PP en esta comunidad), ya ha dejado claro que no alterará su régimen foral. El «leit motiv» de la pelea política es un reforzamiento de los poderes autonómicos bajo la sombra de la «nación» definida en el Estatuto de Cataluña.
Si bien es cierto que en algunos de los ejemplos citados, como es el murciano, se está «mareando la perdiz» y hay poco empeño en dar un impulso verdadero al asunto estatutario, en este contexto sobresale, no obstante, la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Según ha constatado LA RAZÓN, la presidenta no tiene intención de abrir el debate de la reforma estatutaria en la próxima legislatura si gana las elecciones autonómicas. No lo ha hecho ya en ésta, aunque amagó sobre la base de promover el desbloqueo de las listas electorales y una nueva división de las circunscripciones -tanteó al PSOE y, como era previsible, las dificultades de llegar a un consenso en un asunto tan delicado sirvieron de pretexto para pasar página-. Con una campaña en perspectiva impregnada en buena manera en las distintas comunidades por las reformas y por los debates competenciales y, en algunos casos, soberanistas, Aguirre se mantendrá al margen de esta cuestión, lo que no significa que renuncie a reivindicar facultades en áreas en las que entienda que es más eficaz la gestión de la comunidad que la del Estado. En la línea de lo que mantiene el propio Rajoy, está convencida de que los ciudadanos no demandan ni necesitan cambios estatutarios. «La única reforma que va a promover la presidenta es para declarar que Madrid es España», ironizan desde su entorno.
La reforma constitucional
En un mes, coincidiendo con el aniversario de la Carta Magna de 1978, el PP celebrará en Madrid la conferencia política en la que, según el plan diseñado, esbozará su propuesta de modificación constitucional para fortalecer el Estado y frenar la amenaza para su viabilidad que representan modelos soberanistas como el del Estatut. Si ya la negociación del nuevo proyecto andaluz ha generado ciertos recelos en algunos sectores del partido, por el guiño descriptivo al concepto de «realidad nacional», ayer el malestar venía a cuenta de la redacción del pacto alcanzado por la candidata manchega, Dolores de Cospedal, con el presidente de la Junta, el socialista José María Barreda. Dos artículos, el que establece un mínimo de inversiones del Estado en la comunidad y el que plantea la reducción y cancelación del trasvase Tajo-Segura, están en la picota porque se considera que chirrían con el discurso nacional de la gestión del agua como competencia estatal, con la reivindicación de principios como la solidaridad y la cohesión interterritorial y con la negativa a aceptar que las autonomías decidan en lugar de la sede de la soberanía nacional cómo se gastan los impuestos de los españoles.
Ayer, fuentes de la dirección del PP reconocían que se estaba planteando la posibilidad de enmendar la textualidad de estos dos artículos en la tramitación en las Cortes manchegas, y, ante todo, cuando el proyecto llegue al Congreso -el «pero» a valorar son los intereses electorales en el feudo de Bono-.
La «guerra del agua» que se ha abierto en esta legislatura se ha trasladado ya al Tribunal Constitucional por la conflictividad generada por el contenido de los estatutos -Valencia, Murcia, Aragón y Cataluña están con las espadas en alto- y a esta batalla se suma Castilla-La Mancha con una reforma que ha abierto grietas entre las comunidades del PP. El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró ayer que el acuerdo entre el PSOE y el PP de Castilla-La Mancha para poner fin al trasvase Tajo-Segura «no va a prosperar porque el PP va a ser el primero en quebrar esa posición», informa Efe. El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo murciano, Fernando de la Cierva, desveló que Valcárcel «ha mantenido conversaciones al más alto nivel», y aseguró que los diputados «populares» votarán en contra de la caducidad del trasvase. El portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, también garantizó que esa propuesta no va a tener «el respaldo de los diputados del PP en las Cortes» porque es inconstitucional.
