La Voz de Barcelona
Artur Mas no levanta el pie del acelerador y, lejos de relajarse, continúa la cruzada iniciada durante el tripartito para multar a los comercios que no utilicen el catalán en sus rótulos. Así, en los seis primeros meses de este año, la Consejería de Empresa y Empleo ha iniciado 502 requerimientos sancionadores por ‘vulneración de los derechos lingüísticos’ únicamente en la ciudad de Barcelona, de ellos, 53 han terminado en sanción, por un importe total de 39.400 euros.
Estos son los datos que ha proporcionado el consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado autonómico Jordi Cornet (PP). Por sectores, el comercio minorista ha sido el que más ha padecido las multas lingüísticas (15 expedientes), seguido de los servicios (13) y la telefonía (10), pero también ha habido sanciones para los sectores de la alimentación, vivienda, hostelería, informática, mayoristas, rehabilitación de viviendas, textil y transporte.
El TC estableció la ilegalidad de las multas lingüísticas
De esta forma, el Gobierno autonómico presidido por Artur Mas mantiene la política de castigo a los empresarios que optan por el español como lengua de comunicación. Una fórmula que fue puesta en marcha por el tripartito en base a la Ley de Política Lingüística promovida por CiU en 1998. Solo en la ciudad de Barcelona, la Generalidad impuso 50 sanciones lingüísticas en el año 2007; 82, en 2008; 67, en 2009; 98, en 2010; y 53, en la primera mitad de 2011.
Sorprendentemente, la Generalidad continúa aplicando este tipo de escarmiento identitario a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC), en su sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto, estableció con toda claridad que es ilegal:
‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.
Más de 800 multas lingüísticas y 900.000 euros recaudados
De hecho, el Código de Consumo, que desarrolla el artículo del Estatuto sobre los derechos lingüísticos de los consumidores que fue enmendado por el TC, también está a la espera de que se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y por el Defensor del Pueblo.
Según datos proporcionados por la propia Generalidad, entre los años 2004 y 2010 se han impuesto más de 800 multas lingüísticas en toda la Comunidad, por un montante total superior a los 900.000 euros.
