En octubre de 2020 la Asamblea por una escuela bilingüe de Cataluña intervino por segunda vez ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Una queja abierta desde finales del 2017 mantiene un pulso entre nuestra asociación y el Gobierno de España y el de la Generalitat. El Parlamento Europeo es actualmente el único foro donde la administración española se ve obligada a justificar un sistema educativo que discrimina a los castellanohablantes y les priva de sus derechos lingüísticos.

Las instituciones europeas han sido y son uno de los objetivos de propaganda del nacionalismo catalán, su «diplomacia exterior” no solo mina nuestra reputación internacional como país, sino que trabaja por generar un estado de opinión entre los europarlamentarios que blinde los pilares sobre los que se construye la identidad catalana. Uno de esos pilares es la inmersión lingüística obligatoria en catalán.

La Generalitat siempre ha afirmado que la inmersión es reconocida y valorada como “excepcionalmente” positiva por Europa, acudir a esas mismas instituciones para decir justo lo contrario es un acto de alta traición que tambalea un escenario que han dominado en solitario durante muchos años, prueba de ello es que el día antes de nuestra presentación, los europarlamentarios de ERC dirigieron una carta a todos los miembros de PETI defendiendo el actual sistema educativo catalán con los “mantras” habituales.

Pero los miembros de PETI (Comisión de peticiones) pudieron escuchar en poco más de diez minutos los datos que demuestran que en Cataluña no es posible estudiar en castellano en ningún centro público. Los datos que aportó la AEB (https://www.aebcatalunya.org/images/RESUMEN_INFORME_PLC_CENTROS_PUBLICOS_DE_CATALUNA.pdf) no dejan ningún tipo de duda sobre la exclusión deliberada del español y la cultural en español, en las aulas catalanas. Y esos datos fueron calificados como preocupantes e impropios de un estado europeo (https://www.youtube.com/watch?v=K5fW7fNtzSE) por los europarlamentarios.

El Parlamento Europeo no puede inmiscuirse en los asuntos internos de los estados que lo conforman, salvo que estos incumplan los tratados de la Unión Europea. Nuestra queja se apoya en dos puntos fundamentales para mantenerse abierta: la libertad de movimientos de los ciudadanos dentro de la UE y la normativa que protege a los alumnos con discapacidad.

Cualquier ciudadano español que quiera trasladarse desde otra comunidad autónoma a Cataluña y que tenga hijos en edad escolar, se enfrenta a un obstáculo difícil de sortear: la inmersión. Muchas familias renuncian a una oferta laboral al comprobar que sus hijos no podrán continuar estudiando en español como lo hacían hasta ahora, y que lejos de enriquecerse con el aprendizaje del catalán, este se convertirá en la única lengua que podrán utilizar en la escuela. La inmersión impide así la libre circulación de trabajadores. (https://fra.europa.eu/es/eu-charter/article/45-libertad-de-circulacion-y-de-residencia).

La discriminación de los alumnos castellanohablantes, negada por la administración catalana y española, no ha sido pasada por alto en cambio por Europa, que es consciente además de la situación especialmente grave que sufren los alumnos con necesidades especiales que no pueden estudiar en su lengua materna, lo que añade más barreras a su formación.

Los datos y los testimonios que aporto nuestra asociación hicieron posible que PETI decidiera pedir de nuevo explicaciones al Ministerio de Educación y a la Generalitat y se planteará por primera vez la posibilidad de enviar una misión de europarlamentarios y comprobar in situ que ocurre en la escuela catalana.

En el mes de noviembre la administración catalana y el Ministerio recibían la misiva de la presidenta de PETI, en ella Dolors Montserrat preguntaba sobre las medidas tomadas para garantizar la enseñanza en castellano en las escuelas catalanas y cuáles eran las medidas de control del dominio pleno de las dos lenguas oficiales al finalizar la enseñanza obligatoria. Solicitaba así mismo el compromiso del Ministerio en la aplicación de la sentencia de 2015 sobre el mínimo de 25% de horas de castellano en las CCAA bilingües.

Siete meses ha tardado el Ministerio de Educación en responder al Parlamento Europeo, en este periodo de tiempo se han sucedido acontecimientos que demuestran por un lado que lo denunciado por la AEB responde a la realidad de la escuela catalana y por otro, que tanto la administración catalana como la española trabajan de la mano para mantener la inmersión obligatoria en catalán a pesar de su inconstitucionalidad.

En el mes de diciembre una sentencia histórica del TSJC constataba que en Cataluña no es posible estudiar en lengua española en ningún centro público y exigía de forma inmediata a la Generalitat que aplicará en todos los centros un mínimo del 25% de horas en castellano, además en su argumentación el Tribunal recordaba que el derecho a estudiar EN castellano emana directamente de la Constitución. Las conclusiones del TSJC atacaban de lleno la LOMLOE, más conocida como la Ley Celáa, que había eliminado algo tan reaccionario como que el castellano es lengua vehicular en toda España, cumpliendo con las peticiones de todos los partidos nacionalistas, en especial de ERC.

Es en este escenario, en el que el Ministerio debe responder al Parlamento Europeo y “abre fuego” afirmando sin rubor que no tiene competencias para hacer cumplir la Ley en Cataluña, nos viene a decir que el gobierno francés, italiano o alemán tienen la misma capacidad de hacer cumplir la Constitución en Cataluña como el español: ninguna.

Es ya un clásico del gobierno de Pedro Sánchez afirmar reiteradamente falsedades con el objetivo de que sean admitidas como dogmas por los ciudadanos, dogmas que por supuesto no se discuten. Quiere el Gobierno de España que los españoles asumamos que transferir competencias a las administraciones autonomías les libra de cualquier responsabilidad, y que por tanto cualquier competencia transferida ya no es asunto del gobierno central. El PSOE del federalismo nos apunta su concepto real de federalismo, la desaparición del estado y el abandono de los ciudadanos en manos del arbitrario nacionalismo. Pero en la España autonómica, el Gobierno de todos los españoles tienen instrumentos para garantizar el cumplimiento de las leyes, instrumentos para vigilar y denunciar que los derechos lingüísticos en Cataluña son vulnerados diariamente en las escuelas. La Alta Inspección, tiene pocas competencias, pero la voluntad política de no molestar a la Generalitat, las ha desactivado durante años. Miente por tanto el Ministerio en su respuesta a la Comisión de Peticiones.

La sentencia del TSJC fue un auténtico golpe en el talón de Aquiles de la Generalitat, el tiempo confirmará que es el principio del fin de la inmersión. El Gobierno alude a ella sin nombrarla directamente, la desdeña ya que está recurrida por la Generalitat. Se ve obligado a esconder su protagonismo ¿cómo no lo va a hacer? líneas antes había afirmado que “ante la falta de competencias” solo la Justicia podría poner en orden el sistema educativo catalán. ¿Cómo reconocer la existencia de una sentencia que confirma que lo denunciado por la AEB es cierto y que obliga a la Generalitat a rectificar de inmediato? ¿Cómo admitir ante Europa que no ha pedido su ejecución inmediata cuando podían y debían haberlo hecho? Y es que ¿Cómo admitir que te ha gustado tampoco como a la Generalitat la sentencia del TSJC?

Pero las triquiñuelas del Ministerio no solo acaban ahí, ya se adelanta a los acontecimientos, nos anuncia entre líneas que ese recurso de la Generalitat en el que pedirá que se anule ante el Supremo lo dictado por el TSJC no va a tener alegaciones en contra por parte de la abogacía del estado. Recordemos que el dictamen del tribunal se produjo a raíz de una denuncia del entonces gobierno de Mariano Rajoy, ahora el gobierno de Sánchez no da muestras de estar interesado en defender el fin de la inmersión, quiere mantenerla, ya que hacerlo es mantenerse en el poder.

Y es así como la carta de los máximos responsables de Educación compra el argumentario nacionalista, y le dice a Europa que los niños catalanes no necesitan estudiar EN castellano para dominar esta lengua, no tienen los mismos derechos que el resto de los alumnos a estudiar EN su lengua materna. Dice el Ministerio, también entre líneas, que un niño catalán, por el mero hecho de serlo, aprende castellano con solo dos horas a la semana de clase de lengua y hablándolo (a escondidas) en el patio.

Pero lo más sorprendente de la respuesta del Ministerio es que este pensará que nuestra asociación no iba a hacer pública esta carta, y que continúen pensando que este problema, como el resto de los problemas entre catalanes, se soluciona negando que existan y pidiendo silencio y sumisión a los que no comparten las tesis del nacionalismo. Pues no, ni es ni será esta la solución.

Ana Losada. Presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña