Pocos episodios históricos revisten tanta indignidad y resultan tan humillantes para la nación española como el proceso de negociación que llevó a cabo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista ETA. Las actas de la negociación a dos bandas entre el ejecutivo socialista y los terroristas, incautadas a Thierry (Francisco Javier López Peña) tras su detención en Burdeos en mayo de 2008, revelan esa ignominia con tal nitidez y crudeza que resulta casi imposible mantener siquiera un hilo de respeto por los políticos que participaron en ese proceso.

Las actas que ahora vamos conociendo por la prensa, después de que la Audiencia Nacional levantara el secreto del sumario sobre la investigación, relatan con detalle una serie de reuniones, que van desde el primer encuentro que mantuvieron en Ginebra Josu Ternera (José Antonio Urrutikoetxea) y el socialista Jesús Eguiguren en junio de 2005 hasta las negociaciones posteriores al atentado de la Terminal 4 de Barajas (30 de diciembre de 2006), saldado con dos vidas segadas más que añadir a las casi mil que llenan el sangriento y macabro expediente del terror etarra. Sobre la mesa, entre otras, estas exigencias de ETA: «Iñaki de Juana, libertad. Los siete presos de ETA enfermos, libertad. Quitar la Doctrina Parot. Presos políticos vascos, a Euskal Herria. Cumplir lo acordado en su totalidad». Y las consiguientes amenazas: «Si no lo tenéis claro, esto se ha acabado». La respuesta del genuflexo GorBuru (Zapatero) tras el atentado de la T4, el Acuerdo de Loyola, que contemplaba la creación de un órgano común para el País Vasco y Navarra con atribuciones ejecutivas.

Si repugna a la razón el mero hecho de sentarse para hablar en pie de igualdad con unos asesinos despiadados, más lo hace que el Estado acabe doblegándose ante sus exigencias. Pasados ya varios años y ejecutivos de distinto color, conviene echar la vista atrás y ver qué se ha ido haciendo al respecto de aquellas exigencias:

  1. José Ignacio de Juana Chaos, integrante del grupo Madrid de ETA, salió en libertad tras haber cumplido apenas dieciocho de los tres mil años de cárcel a los que fue condenado por los veinticinco asesinatos en los que participó durante los años ochenta. Desde 2008 permanece fugado de la justicia española; primero huyó a Irlanda del Norte y de allí a Venezuela, donde actualmente vive con su pareja, Irati Aranzábal.
  2. Igual que sucedió en el caso de De Juana Chaos, una huelga de hambre fue el pretexto desencadenante de la puesta en libertad de Josu Uribetxeberria Bolinaga, condenado a más de doscientos años de prisión. El auto de libertad condicional (30 de agosto de 2012) manifestaba que padecía un cáncer generalizado, terminal e irreversible. El Estado de Derecho, en palabras del ex-juez Baltasar Garzón, no podía «permitir que una persona muera en prisión». Bolinaga falleció en Arrasate el 16 de enero de 2015, más de dos años después de su excarcelación.
  3. En octubre de 2013, la Justicia española decidía acatar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y derogar la Doctrina Parot, que según Estrasburgo vulneraba dos artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos. Junto a Inés del Río, la etarra que había interpuesto el recurso ante dicho tribunal, quedaron en libertad más de sesenta terroristas y delincuentes sexuales.
  4. Los resultados de las recientes elecciones forales en Navarra, a pesar de tener un claro vencedor (Navarra Suma), dejan en manos de la socialista María Chivite el futuro político de esa Comunidad. Los números para la investidura no salen y únicamente hay dos alternativas para la gobernabilidad. O el PSN-PSOE se abstiene y gobierna la coalición Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos), o Chivite logra el apoyo de Geroa Bai (que incluye al PNV), Podemos e Izquierda-Ezkerra y la abstención de EH Bildu para alcanzar el Gobierno foral.

Mientras todo esto ha ido sucediendo, para evitar la sensación de oprobio y atontar a la opinión pública se ha venido administrando a modo de opiáceo un relato melifluo que habla de la omnipotencia del diálogo y las bondades de una supuesta reconciliación. Una vacuidad conceptual que no debe ocultar que las distintas izquierdas llevan tiempo desplazando hacia el indefinido terreno de la pura abstracción la cuestión de la unidad nacional. Sin embargo, conviene no olvidar que la idea de nación política (y su unidad) es indisociable de la idea de España. Efectivamente, el parámetro de referencia debe ser «España»; término que de un modo sistemático y contumaz ha venido siendo silenciado o reemplazado —como si fuera un tabú o algo de lo que avergonzarse— por eufemismos tales como «Estado español», «este País» o incluso «la frontera sur de Europa», por poner sólo algún ejemplo. Al mismo tiempo, la idea de España ha ido quedando marginada, según lo requería la ocasión, en favor de «Democracia», «Libertad», «Diálogo» o «Paz», nociones cuya pátina las mantiene a salvo del rodillo de la crítica pública. Ahora bien, todo este ejercicio de abstracción que llevan a cabo los partidos de izquierda les aleja de los valores originales que definieron las primeras «generaciones de izquierdas» (según la terminología de Gustavo Bueno), dejándoles prácticamente alineados con el anarquismo humanista, sólo que en una versión edulcorada que sustituye los valores políticos por los valores éticos de los Derechos Humanos.

Idiotizados por la lógica del discurso maniqueo y mediático que se ha impuesto, conforme al cual unos quedan encajados sin remisión en el extremo derecho y otros en el progresismo inmaculado, asistimos a diario al chalaneo indecente de políticos de ambos lados (o extremos), mercadeando sin pudor con los intereses del votante afecto. Un espectáculo que ocupa horas de televisión y radio, sobre el que se escriben líneas y líneas en los periódicos, y que desvía la atención de lo fundamental; que acaso hoy no cabe hablar ya de la dicotomía izquierda-derecha, sino de la distinción entre políticas eutáxicas y políticas distáxicas, es decir, de la contraposición entre políticas que defienden la unidad nacional, la continuidad de España en el curso del tiempo, y políticas que tienden a la disgregación nacional, a la quiebra definitiva de España como entidad histórica realmente existente. La radical distinción entre la sensatez y la felonía estúpida. Y desde esta óptica, tal vez se debiera prestar más atención, por ejemplo, a la divergencia en los informes finales de Fiscalía y Abogacía del Estado en el juicio del 1-O; o a noticias como la inminente creación de una suerte de guardia de corps para el presidente de la Generalidad; un cuerpo armado al margen de la cúpula policial que quedará en manos de los políticos secesionistas. Procuren advertir lo sustancial.

 

Francisco Javier Fernández Curtiella. Doctor en Filosofía.