El magistrado Pérez Tremps no podrá votar sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Numerosas voces –entre ellas, las de esta Fundación– habían advertido de la grave incongruencia que sería dejar votar sobre este asunto a un jurista que previamente había cobrado de la Generalitat por elaborar un informe precisamente sobre la misma cuestión. Pérez Tremps había sido, lógicamente, recusado. Ahora el Tribunal Constitucional ha admitido la recusación. ¿Decisión justa? Es obvio que sí. Pero no exenta de sombras, porque el resultado de la votación del Constitucional ha sido muy ajustado: 6 votos contra 5. Llamativamente, entre los votos que se han opuesto a la recusación de Pérez Tremps se cuenta el de la propia presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, recusada a su vez porque su marido participó en el mismo informe encargado por la Generalidad de Cataluña. “La nación confía en el Estado –decíamos aquí hace pocos días–, pero el Estado tiene que trabajar para la nación”. De momento, el Estado está demostrando la imprescindible imparcialidad. Pero es evidente que las presiones son muy fuertes. Esto no ha hecho más que empezar.