El manifiesto suscrito por varios presidentes autonómicos del Partido Popular apoyando a su candidato, Javier García Albiol, de cara a las elecciones catalanas del 27 S, es un modelo de la confusión que inunda la Nación Española
El pasado sábado 12 de Septiembre, justo en el día posterior a la exhibición de fuerza separatista en la manipulada Diada de Cataluña (toda una advertencia para quienes osen aplicar el Artículo 155 de la Constitución de 1978, pues suponiendo que de verdad esos millares de entusiastas sediciosos tuvieran los arrestos suficientes para ejercer de virtuales «escudos humanos», la situación se tornaría francamente complicada), el Partido Popular arropó a su candidato a la Presidencia de la Generalidad para las elecciones del 27 S, Javier García Albiol, con la presencia en Barcelona de varios presidentes autonómicos del PP, tales como Cristina Cifuentes y Alberto Núñez Feijoo, así como el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, junto al vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP, Javier Arenas.
Todos ellos se ofrecieron hace dos días como «garantía de la unidad plural de la España del siglo XXI». El lugar para escenificar la firma de la que han denominado como «Declaración de Barcelona» fue claramente simbólico: la Sala Martin el Humano (último rey de la dinastía aragonesa antes de que los Trastámara coronaran a Fernando de Antequera) del Museo de Historia de Cataluña, situada junto al Salón del Tinell, escenario de la firma del sedicioso acuerdo homónimo entre PSC, ERC e ICV que dio lugar al gobierno catalán tripartito presidido por Pascual Maragall en 2003, y en el que se comprometían a evitar cualquier tipo de acuerdo con el Partido Popular, tanto a nivel nacional como autonómico, lo que en términos del Pensamiento Alicia del nefasto Rodríguez Zapatero, gran beneficiado del Pacto del Tinell, se denominó como «consenso».
La declaración fue leída por la presidenta del PP de Cataluña y hasta hace poco habitual candidata en los comicios autonómicos, Alicia Sánchez Camacho, quien manifestó respecto a los suyos que «Somos catalanes, nos sentimos españoles y europeos y nadie tiene derecho alguno a obligarnos a renunciar a nuestra identidad, y mucho menos a que nos sintamos extranjeros en nuestro país». Pese a que el objetivo del Partido Popular es sin duda contrarrestar la propaganda separatista (no puede ponerse entre paréntesis que se haya escogido precisamente la fecha posterior a la Diada para hacerlo público), su documento cae en muchos de los tópicos que han sabido aprovechar a la perfección los sediciosos: los de la presunta «España plural» oprimida por un Estado malévolo, unificador y centralista. El texto refuerza esa idea de que quieren a España «en su realidad viva y plural», pues no se imaginan «el proyecto español sin la presencia y la contribución de Cataluña».
Además, afirman en la citada declaración que quieren «reforzar los lazos de solidaridad y aprecio entre todos los españoles». Pero lo cierto es que hablar de solidaridad entre partes supuestamente dispersas sugiere lo que ya postulan los separatistas: que Cataluña es una nación independiente a la que una España centralista y opresora, una «cárcel de pueblos», no le otorga el «derecho a decidir» y la conduce a un callejón sin salida que sería, tras las elecciones del 27 S, la declaración unilateral de independencia con diversos actos de desobediencia civil. Y es que la propia idea de una «unidad plural» es en sí misma redundante. ¿Acaso existe alguna totalidad que no esté compuesta de una pluralidad de partes? La idea de la «unidad indisoluble» de la Nación Española, como proclama el Artículo 2 de nuestra Constitución, supone la existencia de unas partes previas que componen la unidad, sin las cuales, en efecto, la unidad se resquebraja.
Pero esas partes, al menos desde la perspectiva de la Nación Española moderna, de ciudadanos iguales ante la ley, no están unidas solidariamente, como pudieran haberlo estado los distintos reinos medievales existentes en la Península Ibérica frente al Islam que constituían la Nación Española entonces, pudiendo separarse coyuntural e insolidariamente alguno de ellos del proyecto común (como hizo Portugal); precisamente la Nación Política implica una igualación de los ciudadanos por encima de fueros y demás privilegios que quieren defender o reimplantar los separatistas en diversos lugares de España. Unos sediciosos que, en virtud de una visión propia del espiritualismo y de una cultura autonómica sustantiva (las «señas de identidad» de una presunta «singularidad de Cataluña», como defiende el estúpido Pedro Sánchez en su cansino e inagotable proyecto de reforma federal de la constitución) que consideran ajena a la corriente común de la Nación Española, suponen, proyectando sobre España su propia delirante perspectiva, que cualquier tipo de unidad, como la de la Nación Española, implica la negación de partes diferenciadas dentro de dicha unidad o totalidad.
Pero como bien señalan las declaraciones de algunos presidentes autonómicos «populares» presentes el sábado en la Declaración de Barcelona, como es el caso del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, si los murcianos estuvieron presentes en la construcción del metro de Barcelona y, como señala el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, si fueron los catalanes quienes diseñaron el ensanche de la ciudad autónoma, ello será porque todos ellos, murcianos y catalanes, se encontraban ya integrados en una plataforma política común, la Nación Española, desbordando a sus respectivas «patrias chicas», sus sentimientos y otros manifiestos psicológicos.
No podemos sino aplaudir que el Partido Popular defienda la realidad de la Nación Española, pero desde la Fundación Denaes consideramos que las fórmulas utilizadas, con expresiones tales como «sentimiento», «solidaridad» o «unidad plural» manifiestan que algo importante falla, puesto que se asume como cierto lo que señalan los independendistas catalanes: la existencia de una pluralidad de partes «solidarias» entre sí que forman la Nación Española. Partes que, en virtud de esa coyuntural solidaridad, podrían seguir su camino de forma independiente.
Fundación Denaes, para la Defensa de la Nación Española.
