Ahora el Tribunal Supremo ha actuado como el cirujano que opera de urgencia, en peores condiciones de lo que podría haberlo hecho si no se hubiera perdido tanto tiempo
Partamos de una definición de partido político suficientemente abstracta y digamos que consiste en una organización que representa los intereses de un grupo de ciudadanos cuyo proyecto de gobierno, al menos en principio, pretende alcanzar al conjunto del cuerpo de la sociedad política. Y digamos, también, que, tanto si su estrategia de gobierno busca el beneficio del conjunto de la sociedad, como si sólo busca el suyo propio, en cualquier caso, cuenta con la existencia previa de dicho cuerpo político como un todo del que forma parte.
No sólo como cuestión de génesis, por haber “nacido” en su seno, sino también de su propia estructura, pues por definición se “aprovecha” de esa sociedad política para existir. En el peor de los casos, como un parásito, necesitaría de la vida del organismo político cuya muerte arrastraría la suya también.
Pero he aquí que en España existen partidos que querrían “redefinir” el cuerpo político de la nación reduciéndolo a los márgenes establecidos ad hoc por su propio proyecto nacional secesionista, partidos cuyos planes y programas de gobierno se dirigen no ya, vía parasitaria, a mantenerse gracias a las instituciones que les dan cabida, sino que tienen como fin la destrucción misma del todo social. Y lo más sorprendente es que se presentan de forma abierta, sin ambages, como la reivindicación democrática de una parte de la sociedad que exige su derecho a deshacerse de las demás no cumpliendo con el principal requisito que la ley exige a un partido político, es decir, respetar la Constitución española (artículo número 1 de la Ley de Partidos: 1. Los españoles podrán crear libremente partidos políticos conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la presente Ley Orgánica).
Con el mismo funcionamiento que el tumor maligno del organismo, aniquilando el tejido institucional de la nación, estos partidos pierden el soporte que los mantiene.
Ahora el Tribunal Supremo ha actuado como el cirujano que opera de urgencia, en peores condiciones de lo que podría haberlo hecho si no se hubiera perdido tanto tiempo. Ha ilegalizado a uno de estos partidos, ANV (Acción Nacionalista Vasca), dando fin con ello un pernicioso paréntesis abierto por el PSOE en el que la ley no tuvo vigencia.
Y siguiendo con el símil, las leyes son la única defensa que tenemos ante la enfermedad del secesionismo. Pensar que podamos usar de ellas a conveniencia, significa no tener conocimiento de la gravedad del diagnóstico de lo que España está padeciendo.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
