Porque no se puede utilizar la exitosa reciente actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como escudo ante todo tipo de sospechas; más bien parece que es esa misma actuación de la Guardia Civil y la Policía la que debería ser sostenida y apoyada políticamente por el Gobierno. Por ejemplo, no vetando la propuesta del PP para debatir la semana que viene la expulsión de ANV de los Ayuntamientos.
La evasiva mediante la que no hace falta pensar en el contenido de una ley, defendiéndola por el hecho mismo de ser la ley, siempre ha servido al funcionario cerril para escurrir su responsabilidad ante la evidencia de la injusticia.
En España, por desgracia, vemos muy a menudo echar mano de este mismo tipo de falaz defensa al actual gobierno y sus cómplices. «Cumplimos con la ley», dice, sin más, el eficaz peón.
Aunque quizá estemos siendo piadosos al pensar que en nuestros gobernantes se trata de pura cerrilidad. Sí, porque la no ilegalización de ANV en su momento tuvo en boca de sus responsables la misma canción: es la ley. La Ley de Partidos. Y ahora se invoca de nuevo el «rigor legal» para no disolver los Ayuntamientos de ANV. La Ley de Bases del Régimen Local. Pero es que resulta que ni en un caso ni en el otro es la Ley la que ordena acciones que parecen tener que realizarse «tapándose la nariz». Pues en el primero fue el chantaje de ETA al que el Gobierno se sometió con plena voluntad, lo que forzó una Ley que a todas luces permitía ilegalizar a ANV. Y ahora, otra vez, es la Ley llamada «para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales», la que va a ser tergiversada con tal de no disolver los Ayuntamientos en los que gobiernan quienes, parafraseando el artículo de la Ley que pone de manifiesto la falta de voluntad política del PSOE para aplicarla, «dan cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participan en su ejecución, lo enaltecen o justifican, y los que menosprecian o humillan a las víctimas o a sus familiares».
La cuestión es saber qué se juega esta vez. Si cuando podía haberse impedido que los etarras ocuparan las instituciones se transigió, fue porque era el precio impuesto por los mismos con los que se estaba negociando. Pero, ¿y ahora? ¿Resultará vergonzoso reconocer la facilidad con la que se enmienda lo que apenas hace meses se permitió? ¿O nuestro Gobierno sigue cobardemente silenciando la permanencia del chantaje?
Porque no se puede utilizar la exitosa reciente actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como escudo ante todo tipo de sospechas; más bien parece que es esa misma actuación de la Guardia Civil y la Policía la que debería ser sostenida y apoyada políticamente por el Gobierno. Por ejemplo, no vetando la propuesta del PP para debatir la semana que viene la expulsión de ANV de los Ayuntamientos.
De otro modo la acción policial se puede interpretar como la respuesta a ETA con la que el Gobierno pretende mantener la partida –-léase el «proceso de paz»– en tablas. Tú matas, yo detengo.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
