El PP ha registrado una proposición de ley urgente en el Congreso que reforma la ley del Tribunal Constitucional
Podríamos comenzar este primer editorial de septiembre comentando la epístola que Felipe González, a través de su medio más afín, el diario El País, hizo pública recientemente y que tantas reacciones ha tenido, ya sea para celebrar la toma de postura del ex presidente ya para denigrar lo que, desde las siempre victimistas sectas catalanistas, se ha considerado una agresión.
Podríamos también, si por esa vía hubiésemos optado, recordar las continuas concesiones que el largo gobierno de González hizo al poder regional de ese clan delictivo apellidado Pujol, y de cómo el PSOE, que siempre jugó con la ambigüedad de su identificación con el PSC para obtener votos en lo que se llamaba cinturón rojo de Barcelona, estuvo siempre presto a contentar a los catalanistas.
Podríamos proseguir desgranando las cesiones que en materia educativa hizo su gobierno y los que le sucedieron, contribuyendo a inocular en la juventud el odio a España que sirve de carburante a unos sediciosos hoy casi inatacables dada la implantación de una ideología firmemente asentada en el fundamentalismo democrático.
Podríamos continuar por esa vía, la de la denuncia de la irresponsabilidad de todos y cada uno de los presidentes del gobierno que ha tenido España, alguno de los cuales cuestionó su propia condición de nación política, pero acaso sea mejor detenerse en una reciente medida que puede contribuir a ir cambiando el torcido camino tomado desde los albores, desde la propia cocina incluso, de la redacción de la Constitución de 1978.
La noticia, esperanzadora, es que el PP ha registrado una proposición de ley urgente en el Congreso que reforma la ley del Tribunal Constitucional y que permitiría incluso suspender de sus funciones al abiertamente sedicioso presidente catalán, Arturo Mas, en el caso de que incumpliera sus sentencias…
Como era de prever, la noticia de esta iniciativa ha encontrado una hostil respuesta en el PSOE y Podemos, grupos endeudados ideológicamente con el intento de expolio que los catalanistas llevan tratando de realizar desde hace décadas.
Para rizar el rizo, la Generalidad, ese organismo regional hoy dedicado, gracias a sus desleales regidores, a fanatizar escolares, patrocinar organizaciones hispanófobas, untar a sedicentes historiadores, multar a comerciantes y desobedecer cuanta ley vaya en contra de su ideología hispanófoba, se ha rasgado las vestiduras y ha afirmado sin rubor que la iniciativa es no sólo electoralista, sino que, así habló Neus Munté: «parece tener un claro carácter inconstitucional».
Desde la Fundación DENAES no podemos sino felicitarnos por toda aquella medida que trate de mermar el poder de estos enemigos de la Nación, razón por la cual, y aun reconociendo el evidente retraso con el que llegan, esperar que tengan la máxima efectividad y contundencia, sin dejar de advertir que sus resultados dependerán, evidentemente, de la voluntad política del Gobierno y de un comportamiento a la altura de las circunstancias, de aquellos partidos que realmente se digan nacionales.
Fundación Denaes, para la defensa de la Nación española
