Desde DENAES no vemos, prima facie, impedimento para reformar la Constitución española siempre que esta no lleve a profundizar la división territorial y la debilidad del Estado
Tras el triunfo del no a la reforma constitucional en Italia, llegaba el turno a España y el sempiterno tema de la reforma constitucional, esta vez con motivo de su aniversario. Y como no podía ser de otra forma, cada partido político tiene su propia versión de cómo ha de reformarse la Constitución jurídica que rige, como Ley fundamental, la nación española. De ahí que, y esto es lo importante, la reforma constitucional y el debate al respecto no sea tan sólo una reforma y debate jurídicos, sino político y por tanto también filosófico acerca de España misma. Qué es España y cómo se quiere que sea es, también, lo que se está poniendo en juego aquí.
Pues bien, como decimos, ante la pretendida reforma cada partido político está adoptando una postura u otra. Lo que no se ha especificado aún es el tipo de reforma. Una reforma total o parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II requeriría del procedimiento agravado, que demandaría una mayoría de 2/3 en ambas Cámaras (233 diputados y 130 senadores), disolución de las Cortes y referéndum posterior.
La iniciativa de reforma, que corresponde al Gobierno y la Cámara, podría iniciarse, sin embargo, a petición de dos grupos parlamentarios de la Cámara o por una quita parte de los diputados (70). Pero además, como dicta el artículo 167 de la Constitución, una reforma puede ser sometida a referéndum, ya que una vez «aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras». Con lo que un partido como el no nacional Unidos Podemos podría provocar dicho referéndum. El asunto requiere de la mayor delicadeza y acuerdo –antes que consenso– posible.
El PP, partido gobernante, muestra ciertas reticencias –sobre todo tras el fallido intento italiano y de que los barómetros del CIS de noviembre reflejen que el 37,3% de los españoles están de acuerdo con el Estado autonómico– aunque no se niega a la reforma. Como Mariano Rajoy declaró, lo importante es ponerse primero de acuerdo sobre qué no se va a cambiar en esa reforma y evitar debates como el de la monarquía o el nacionalismo. Y como afirmó el lunes el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, consideran que las reformas de la constitución hay que hacerlas cuando haya consenso (sobre todo con el PSOE), para asegurarse el sí en el referéndum. En el PSOE por su parte, en un alarde de sensatez, el presidente de la gestora Javier Fernández ha declarado que al margen del plano emocional de cada uno en España nación sólo hay una, la española, en contra de la concepción de la nación de naciones de los socialistas catalanes y de Pedro Sánchez –y secesionistas–. También declaró que se pretende reformar la Constitución –aunque en una borrosa tendencia de indefinido federalismo– para reforzarla, no para debilitarla y al país con ella.
El grupo de Ciudadanos está a favor de una reforma exprés que haga hincapié en la regeneración. Para ello apunta al fin de los aforamientos, despolitizar la Justicia, fijar un techo en la concesión de competencias o limitar los mandatos. El partido no nacional Unidos Podemos sigue en su apuesta por la «plurinacionalidad», las consultas de autodeterminación y considera bueno que «vote la gente». Aunque hay sectores que muestran reticencias a admitir la creación de Estados independientes.
Estando así las cosas y teniendo en cuenta que el peso de la reforma está aún en manos del PP y PSOE (suman 222 diputados y 208 senadores), aunque no tanto el contenido de la misma, desde DENAES no vemos, prima facie, impedimento para reformar la Constitución española siempre que esta no lleve a profundizar la división territorial y la debilidad del Estado. Antes bien, debe atenderse a los datos arrojados por el CIS, que, si son ajustados, muestran un 37% de apoyos favorables a mantener el actual Estado autonómico, otro 18,5% de apoyo a eliminar los gobiernos regionales y otro 10% a reducir las competencias de estos para una mayor centralización. Es decir, un 65,5% está a favor de mantener el Estado como está o centralizarlo más. Siendo así, proyectos federalizantes –signifique lo que signifique esto– o autodeterminativos (y/o secesionistas) no tendrían cabida en dicha reforma constitucional. Si se produce la norma es y debe ser, por tanto, la unidad y fortaleza de la Nación española.
Fundación para la Defensa de la Nación Española.
