La potestad de acuñar moneda, que de forma sibilina pretende enarbolar la Generalidad de Cataluña como si de un Estado independiente se tratase, es un nuevo caso de sedición que no puede pasar inadvertido para el Gobierno de la Nación Española
En estos tiempos, las corruptelas de la clase política son aireadas diariamente en los medios de comunicación, destacando el curioso caso del profesor Juan Carlos Monedero, uno de los adalides del flamante y demagógico partido Podemos, al que varios países «bolivarianos» pagaron una generosa suma por el proyecto de una moneda común americana en imitación al euro (dinero que no declaró convenientemente al fisco). Otro caso más curioso aún ha aparecido en la prensa hace unos días: la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga desde el pasado mes de noviembre a la Generalidad de Cataluña por encargar la fabricación de monedas para una supuesta «república catalana», justo cuando se produjo el pseudoreferéndum separatista del 9 N. Previamente, las monedas habrían llegado procedentes de China a España con el objetivo de conmemorar la Diada, la efeméride del 11 de Septiembre de 1714 en la que Rafael Casanova dijo, pese a todos los intentos de manipulación separatista, que luchaba por la independencia y libertad de España…
Como si fueran Diógenes de Sínope, quien al escuchar del Oráculo de Delfos que su destino era fundar nuevas instituciones para su patria lo interpretó como un mandato para acuñar moneda falsa, Mas y Junqueras ponen en circulación falsos medios de pago, pero auténticos desde su delirio nacionalista que ve ya muy próxima una nación independiente con su propia moneda. Además de ser un delito tipificado como tal en el Artículo 386 del Código Penal, la competencia de acuñar moneda es lógicamente exclusiva del Estado y nunca podrá suplantarla ninguna comunidad autónoma, según figura en el Artículo 149 de la Constitución Española de 1978.
Los propios dirigentes de la Generalidad, para curarse en salud, han decidido ponerles forma prácticamente idéntica al euro actualmente vigente a las monedas «catalanas», suponiendo implícitamente que la futurible nación catalana no tendrá problema alguno en ser aceptada en la Unión Europea, del mismo modo que hoy día se pretende, desde la misma Bruselas, que la Ucrania hoy sacudida por un violento conflicto civil entre los rusos residentes en la antigua república soviética y los ucranianos que pretenden tener como melodía de cabecera el Himno de la Alegría, integre esa misma Europa de los Pueblos, tan generosa ella, que no duda en incorporar a las naciones desgajadas del antiguo bloque socialista (Eslovenia, Croacia, Letonia, Estonia, Lituania).
Pese a que los más avispados economistas encontrarán, a raíz de esta noticia, motivos para afilar sus garras en torno a los argumentos que advierten del desastre económico que supondrá para una Cataluña independiente el separarse de España (argumentos que quedan ridiculizados a la vista de los antecedentes señalados anteriormente, que dicen sin tapujos que una nación fraccionaria desgajada de otra histórica y legalmente constituida puede acabar integrando la Unión Europea y tener el euro como moneda), el hecho de acuñar moneda demuestra una capacidad exclusivamente política, a saber: es dentro del Estado donde se regulan los flujos económicos y se garantizan los intercambios. La Economía es Economía Política porque sólo dentro del marco de los Estados nacionales puede tener sentido. Que una serie de países hayan adoptado la moneda única, el euro, nada dice al contrario de esta afirmación: precisamente los euros puestos en circulación llevan un código privativo del Estado en los que fueron acuñados (puesto que el número de euros que cada Estado pone en circulación depende del valor previo de su moneda nacional respecto al euro), y las monedas un icono distintivo del Estado al que pertenecen: en el caso español, el Jefe del Estado, anteriormente Juan Carlos I y desde este año 2015 Felipe VI. ¿Cabe mayor argumento que éste para mostrar la importancia política, y no económica, de poder acuñar moneda?
Desde la Fundación Denaes no sólo animamos al Fiscal General del Estado a proseguir con sus investigaciones, sino que conminamos al Gobierno de la Nación Española a tomar medidas de mayor alcance, en el límite la suspensión de todo gobierno autonómico que se declare en rebeldía, como es el caso de la Generalidad de Cataluña.
Fundación Denaes, para la Defensa de la Nación Española.
