Es más, si España según esta doctrina Rubalcaba, no pudiera «negar la decisión» de lo decidido en el parlamento catalán, entonces ¿para qué España?
Es evidente que tanto el gobierno como el consejo de ministros mantienen una posición favorable hacia la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Esto no debiera sorprendernos porque, en su momento, los representantes socialistas del Congreso de los Diputados, sin excepción, votaron en efecto a favor de que el Estatuto de Cataluña ingresase en el ordenamiento jurídico español como ley orgánica.
Ahora, a la vuelta del limbo estival, tanto el ministro del Interior, Rubalcaba, como el de Justicia, Caamaño, vienen a reafirmar la posición del gobierno en este sentido y curarse así en salud ejerciendo presión sobre la decisión ante la perspectiva de un fallo inminente por parte del Tribunal Constitucional. Y es que una sentencia que se supone se producirá ya mismo, a la vuelta del verano (o eso se dice, tras años de deliberaciones), ha suscitado numerosas reacciones por parte miembros de la clase política catalana amenazando con la resistencia y el desacato si el fallo finalmente no es de su agrado y se declara al estatuto catalán inconstitucional (es curioso que, sea como fuera, representantes de grupos cuyos fines son la destrucción de la constitución misma –-vía secesión– amenacen con su no acatamiento ante la perspectiva de una sentencia desfavorable a la constitucionalidad del Estatuto).
Así, parece que el gobierno, ante tal situación, se ha visto comprometido a salir al paso para «rebajar tensiones» insistiendo en lo que representa su «interpretación» sobre el caso, dando ya casi por sentada una decisión favorable a tal «interpretación» que evitaría, tras las amenazas, tener que enfrentarse a la clase política catalana. Claro que, en las declaraciones de Rubalcaba, y esto es lo llamativo de las mismas, se desliza el supuesto, muy en la línea de los grupos secesionistas, de lo superfluo de la consulta al alto Tribunal y, en definitiva, del Tribunal Constitucional mismo. Así si lo que España no puede hacer es «negar la decisión de un parlamento democrático elegido por los catalanes», según ha dicho el ministro en Punto Radio, entonces ¿para qué el Tribunal? Tiene razón Basagoiti al asimilar esta posición con la de Ibarreche, en relación a su «plan» homónimo, pues, en efecto, desde tales posiciones nunca se hubiese podido justificar el «freno» en el Congreso de los Diputados del «plan Ibarreche» en cuestión, como sin embargo sí se hizo (una parálisis votada entre otros por el propio Rubalcaba que parece que en aquel caso no puso en ejercicio su doctrina).
Es más, si España según esta doctrina Rubalcaba, no pudiera «negar la decisión» de lo decidido en el parlamento catalán, entonces ¿para qué España?
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
