España, la nación más antigua del continente y la más estable históricamente, ajena durante siglos a los conflictos étnicos y territoriales que han caracterizado la Historia de Europa, vive desde épocas recientes esta grotesca amenaza separatista dentro de sus fronteras
Sin lugar a dudas, la principal amenaza que sufre España a su integridad territorial no viene propiciada directamente por ningún país extranjero (tan sólo Marruecos aspira a robarnos una parte de nuestro territorio, concretamente las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y otros islotes de soberanía), sino desde el interior mismo de nuestra nación. Tal es el caso de los denominados «nacionalismos periféricos», principalmente en el País Vasco y Cataluña (que a fines del siglo XIX Engels denominó como «naciones sin historia», que buscaban volver al status quo del año 800 con Carlomagno), desde donde ciertas sectas antiespañolas que sorprendentemente toman forma legal de partidos políticos constitucionales, buscan de forma secular, bien por la vía de las armas (recordemos a la aún existente ETA), bien por vía legal, el expolio de un territorio que pertenece a toda la Nación Española y en consecuencia a todos los ciudadanos que en ella habitan.
Asi, en Cataluña, una región de España que pertenece a la nación desde hace siglos (incluso fueron los catalanes el principal referente para los extranjeros a la hora de designar a los españoles, y en esta región se llamaba con orgullo a Fernando el Católico «Rey de España»), y que nunca fue anexionada bajo la condición de poder volver a ser independiente algún día (al contrario de Escocia, que plasmó mediante un referéndum fallido esa posibilidad de desgajarse del Reino Unido el año pasado), varias de las citadas sectas antiespañolas pretenden ni más ni menos que separarse de la Nación Española. Así lo manifestaron el pasado 9 de Noviembre de 2014 bajo la forma de un seudoreferéndum que buscaba recabar la voz de un inexistente pueblo catalán.
Ante estas amenazas de sedición, que han existido reiteradamente desde hace décadas, lo más lógico es que los gobiernos de España aplicasen el Artículo 155 de la Constitución Española de 1978 para suspender la autonomía catalana o la que correspondiese, para proclamar después el estado de excepción y encarcelar inmediatamente a los responsables del delito. Pero nada de ello tiene sentido cuando, en más de treinta años de régimen democrático, jamás se han hecho valer ni la ley ni las sentencias emanadas de los tribunales españoles que obligaban a respetar algo tan elemental como la enseñanza de la lengua común de España, el español, frente a la política de inmersión e imposición lingüística, practicada en este caso por la Generalidad catalana, del ridículo y minoritario idioma catalán.
No es la primera vez que una autonomía se declara en rebeldía y ningún gobierno de España, del color que fuese, mostró el menor ánimo de aplicar el citado Artículo 155; el anterior Jefe del Estado (y por el momento también su sucesor), actor y colaborador necesario para aprobar y refrendar el consenso constitucional, pese a que en sus discursos siempre se refiere a España como una gran Nación, nunca ha manifestado que él, como Jefe de las Fuerzas Armadas, vaya a disponer del ejército para apoyar ningún tipo de suspensión de las autonomías levantiscas. Sus acciones parecen tener como horizonte mantener la Corona a cualquier precio, incluyendo la quiebra de la identidad de España que llevamos décadas viviendo, y quién sabe si la propia integridad nacional.
Tanto es así que España, la nación más antigua del continente y la más estable históricamente, ajena durante siglos a los conflictos étnicos y territoriales que han caracterizado la Historia de Europa, vive desde épocas recientes esta grotesca amenaza separatista dentro de sus fronteras. El número de españoles enajenado por el delirio ideológico que les concede supremacía racial o cultural (los «hechos diferenciales») sobre el resto de sus compatriotas va creciendo a cuentagotas, pero en efecto creciendo, si tomamos como punto de inflexión 1978, el año en que se aprobó una constitución política «por consenso» que concedió la autonomía a una serie de regiones denominadas, en una falta total de rigor conceptual, como «nacionalidades», siendo colmadas de privilegios y permitido su incumplimiento sistemático de la legalidad española.
Además, este hecho ha tenido reconocimiento internacional, considerando a Cataluña o al País Vasco como regiones dotadas de independencia dentro de la Unión Europea: el influyente periodista norteamericano Robert Kaplan, leyendo a Manuel Castells y obras suyas como La Sociedad Red (2006), donde se afirma que Cataluña ya es de hecho una nación, denomina a la región catalana en varias de sus obras como «una región autónoma» dentro de la «Europa de los Pueblos». Planteado recientemente el referéndum separatista en Cataluña, el gobierno de España suspendió formalmente toda consulta pero acabó tolerando un «no referéndum», por motivos de cálculo político y para evitar cualquier tipo de movimiento en falso que pudiera hacer revivir los fantasmas que llevaron a la desmembración de Yugoslavia en la década de 1990. Y es que la Nación Española, la más antigua de Europa, vive constantemente amenazada y en riesgo de balcanización tras décadas de tolerar un separatismo cada vez más crecido y decidido a huir hacia delante, con las desastrosas consecuencias ya conocidas por todoS.
Fundación Denaes, para la defensa de la Nación española
