Expertos, representantes de organizaciones humanitarias, así como agentes de instituciones “comprometidas” con la defensa de los derechos humanos de los refugiados e inmigrantes han coincidido, en las últimas semanas, en centrar su atención sobre España y su política migratoria y de acogida a los refugiados. Acaso espoleados por las nuevas que ponen en la primera plana de los noticiarios los recurrentes asaltos a la valla de Melilla por inmigrantes africanos o la acogida de algunos refugiados sirios por las autoridades españolas –incluso con la participación de individuos y familias particulares-, los editoriales de prensa ponen toda su maquinaria en funcionamiento, haciéndose eco de aquellas voces que piden al gobierno de la nación la puesta en marcha de un planteamiento global que acometa el problema de la inmigración desde una perspectiva plural e integracionista.
Y, paralelamente, no faltan quienes argumentan que, como consecuencia de la crisis económica, la cuestión migratoria –pero aludiendo también a la acogida de refugiados- habría desaparecido de la agenda política del Estado, al contrario de lo que ocurría en España con anterioridad al crack financiero, cuando, al parecer, la inmigración era uno de los puntos centrales de la agenda. Tal invisibilidad de la cuestión migratoria habría quedado simbolizada, sin ir más lejos, por la patente inexistencia durante estos últimos años de una secretaría de Estado que pudiera haber articulado un programa que posibilitara mecanismos para acometer las consecuencias derivadas de la llegada masiva de inmigrantes irregulares, la integración de los inmigrantes regulares –en su proceso de conversión en “nuevos españoles”- y la canalización de los acuerdos sobre refugiados, mirando principalmente a los acontecimientos de la guerra de Siria.
Pero, en su ausencia –se dice-, todo está por hacer. Por lo que el nuevo gobierno que recién ha empezado su andadura tendrá que incluir estos asuntos en la agenda política sin más demora. Algunos representantes de instituciones internacionales coinciden con los expertos en señalar que, para España, la cuestión migratoria es un tema estructural, acoplado al problema demográfico de la nación consistente en una población envejecida y en un índice de natalidad muy bajo que, a juzgar por la tendencia del índice de fecundidad, no parece que vaya a desaparecer del horizonte inmediato. Consecuentemente, vienen a señalar que la inmigración tendrá que desempeñar un papel relevante en la estructura económica de la Nación española. De ahí que se vincule la cuestión demográfica en lo relativo al crecimiento natural con la cuestión migratoria y el problema de los refugiados, pidiendo o reivindicando –según las voces- un “planteamiento integral”.
Tal planteamiento integral habría de abordar el encaje de una política inmigratoria en el contexto de las proyecciones demográficas españolas, enfrentándose a cuestiones como una política social que no discrimine a los inmigrantes y que canalice la convivencia, así como la toma en consideración de mecanismos de cohesión y de gestión de la diversidad a través del sistema educativo. Las actitudes que el Estado habría mantenido hasta ahora en lo relativo a la acogida de los refugiados y, en un contexto más general, respecto a los inmigrantes, tendrán que cambiar como corresponde a un país que representa una de las principales economías europeas y cuya posición geopolítica así lo reclamaría. Todo ello estaría pidiendo urgentemente un pacto de Estado.
Ahora bien, desde la perspectiva de DENAES, aun admitiendo que el panorama descrito confirme una situación de hecho más que una interpretación más o menos interesada, según el lugar que cada uno ocupa en el escenario del ruedo político, cuando se “reivindica” la necesidad de un “pacto de Estado” no está nada claro qué se quiere decir; y quien lo pide seguramente sabrá qué idea de sociedad política tiene y qué persigue con relación a la Nación española. Pero la realidad es que lo que por pacto de Estado entienden los partidos secesionistas –o quienes reproducen sus acordes-, además de los grupos no nacionales, es diametralmente diferente y aun contrario a lo que defienden los partidos que respetan, asumen y acatan la Constitución española. Por lo tanto, hablar de pacto de Estado en cuestiones tan espinosas como la de la cuestión migratoria, tanto como “reivindicar” planes demográficos y migratorios integrales, suena a música celestial –y, por ende, a mala fe-. Seguramente, en aquellas naciones en las que no se pone en duda su propia existencia con ataques de todo tipo, toda referencia a los pactos de Estado signifique algo claro y concreto, pero no en la España asediada por el secesionismo y el populismo disolvente.
No hace falta afirmar que la cuestión migratoria –incluyendo el problema de los refugiados- requiere soluciones serias y valientes. En DENAES, entendemos que esto debe ser así, pero no podemos perder de vista, en primer lugar, el horizonte internacional en el que se encuentra la nación, tanto desde el punto de vista de su contexto geopolítico como desde la perspectiva de la morfología moral a la que pertenece, y, en segundo lugar, el contexto nacional al que acabamos de hacer referencia. Estas variables son determinantes a la hora de plantear los planes y programas necesarios para enfrentarnos a estos retos con perspectiva de duración. Una nación no puede llevar adelante políticas entreguistas al diseño de entidades o instituciones –nacionales o internacionales- cuya plataforma reivindicativa proceda por un desbordamiento de la propia nación política, ni dejarse llevar al dictado de planteamientos disolventes de su mismo cuerpo. Para DENAES, atender a la cuestión migratoria –incluyendo el problema demográfico, pero también la situación de los refugiados- es tanto como atender a España misma, y esto no se puede soslayar.
Fundación para la Defensa de la Nación Española
