El pasado miércoles 15 de febrero de 2017, en la sesión de control al gobierno, el presidente Mariano Rajoy procuró no pronunciarse sobre la reapertura o el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos. Con la disculpa de que aún faltaban seis meses para la decisión final, y ante la inconclusión de algunos de los trámites necesarios, el presidente del gobierno excusó entrar en un debate de profundo y decisivo calado político. Sin embargo, aunque coyunturas de mayor o menor oportunidad «aconsejen» aplazar la «cuestión de la energía nuclear», éste no podrá ser un tema olvidado eternamente.
La central nuclear de Santa María de Garoña, gestionada por la empresa Nuclenor (de Iberdrola y Endesa al 50%), que fue inaugurada en 1970 y cuya actividad cesó en el año 2012, era desde el año 2006 la central nuclear más antigua de España, tras el cierre de la de José Cabrera. Y aunque su vida útil —en las centrales españolas de 40 años— finalizó en 2011, el gobierno había autorizado una prórroga hasta el año 2013, amparándose en un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que obligaba a la empresa —eso sí— a cumplir una serie de requisitos de seguridad que exigían nuevas e importantes inversiones. Pero en diciembre de 2012 se produjo la parada provisional del reactor y su desconexión de la red eléctrica para proceder finalmente a su desmantelamiento.
Parece que en el fondo de la solicitud de Nuclenor al CSN, pidiendo una ampliación de la prórroga que supondría la reapertura y el alargamiento de la vida útil de la central hasta los 60 años, está el asunto crucial que mueve las mareas políticas contra su nueva puesta en marcha. El propio CSN dio el visto bueno a la reapertura de la misma con una votación de cuatro a uno, siendo el de la ex ministra socialista Cristina Narbona el único voto en contra. Consiguientemente, en la arena política, las espadas están en alto en cuanto se presume un posible «nihil obstat» del gobierno de la nación con relación a la reapertura. Por lo pronto, el PNV en su pregunta al presidente del gobierno español ya ha manifestado su rechazo, aplaudido —sea dicho de paso— por la prensa nacionalista fraccionaria local, argumentando que el valle de Tobalina —localización de la central— se hallaba situado a unos treinta y tantos kilómetros de la capital alavesa. Y a la posición de los nacionalistas se ha sumado también la de quienes se oponen a la prórroga, además de los antinucleares. No es ésta, sin embargo, la perspectiva de la Junta de Castilla y León, así como de un gran número de instituciones y de los propios vecinos de Santa María de Garoña cuya vida cotidiana depende estrechamente de la central.
Pero más allá de que en las condiciones actuales no pueda funcionar y de que sólo debería hacerlo una vez resueltos los problemas de seguridad, tras incorporar todas las exigencias y mejoras que ha establecido el CSN, incluso más allá de que lo que se pretenda con su reapertura no sea otra cosa que franquear el límite de los 60 años, generalizándolo posteriormente al resto de centrales nucleares españolas, DENAES entiende que el último planteamiento es de tipo político, lo que supone una toma de posición con relación a la misma nación española. Desde esta perspectiva, se entiende perfectamente el rechazo del PNV y sus adláteres, tanto como la irresponsabilidad de muchos políticos y partidos políticos que van repartiendo cartas según salga el juego.
Pero en el contexto de la geopolítica energética actual y de la dependencia española de los hidrocarburos, no parece lo más prudente para la eutaxia de la nación mirar a otro lado a la hora de hablar de nuestra política energética y más concretamente de la energía nuclear en España. La reapertura o no de la central nuclear de Santa María de Garoña no es un tema distinto del debate sobre una política energética española integral orientada a una cada vez mayor independencia respecto de las energías alóctonas. Olvidar esto sería tanto como obviar que España se halla —lo mismo si pensamos en la Unión Europea como en su entorno geopolítico más inmediato— en el contexto de una verdadera biocenosis de naciones. Para DENAES es decisivo que España desarrolle un Plan Energético Nacional (PEN) a largo plazo que asegure el abastecimiento propio. Un PEN —hoy dependiente de fuentes externas— habrá de contemplar la energía nuclear como uno de los recursos determinantes de la eutaxia de la nación que permita mayor autonomía en el «concierto» internacional. Porque, efectivamente, cerrar los ojos a esta realidad o enterrar la cabeza cobardemente es olvidar que otras naciones sí la tienen y que a ellas quedaremos sometidos.
