Pese a las numerosas fallas que incluye en su redacción, la Constitución Española de 1978 supone un verdadero mal menor frente a sus disparatadas propuestas de reforma
El 6 de Diciembre de 2015 supuso la conmemoración del trigesimoséptimo aniversario de la aprobación de la actual Constitución de la Nación Española en 1978, «por consenso». En la ciudad de Barcelona nuestra Fundación participó en una gran manifestación en defensa de nuestra Carta Magna junto a organizaciones cívicas como Convivencia Cívica Catalana, en contra de la desobediencia constante del separatismo catalán y su golpe de estado en la forma de declaración unilateral de independencia.
Paralelamente, en Madrid, en pleno Congreso de los Diputados, los candidatos de los principales partidos políticos según las encuestas demoscópicas ensayaban un remedo del «consenso» puesto en práctica en 1978: una serie de discursos superpuestos, muchos de ellos contradictorios entre sí, en referencia a la Constitución y a su posible reforma: si Rajoy la consideraba el verdadero marco de convivencia, como parecía también aceptar Rivera, Pedro Sánchez volvía a aburrir con su cansina cantinela de la reforma constitucional «en un sentido federal» y Pablo Iglesias insistía en que, «si él fuera presidente», convocaría un referéndum de independencia en Cataluña para ver si «los catalanes y las catalanas» deseaban seguir en el marco común de la Nación Española. Siguiendo las tesis del dueño de La Sexta, Jaime Roures, Iglesias pretende enarbolar el «derecho a decidir» para que los catalanes voten Sí a seguir en España y cerrando en ellas fabolosos negocios. Una gran amplitud de miras y ejemplo de prudencia política, por decirlo a modo irónico…
Esta muestra de consenso fue la que hace casi cuatro décadas dio como resultado que nuestra Constitución proclame la indisoluble unidad de la Nación Española y sin embargo, en el mismo Artículo 2, afirme que las «nacionalidades y regiones» tienen derecho a su autonomía. Fórmula derivada del pseudoconcepto «nación de naciones» que tuvo a desgracia acuñar el socialista Anselmo Carretero, y que pretendía la formación de una república federal no ya española, sino, como si fuera un vulgar anarquista, ibérica. Así, en el IX Congreso de Toulouse de 1964, el PSOE invocó el concepto de «nacionalidad», como «ibérica», no española, afirmada dentro del marco de una confederación republicana, no exactamente de una república española. Lo que implica que la génesis del estado autonómico y de los proyectos federales que muchos encontraron implícitos en él no fue una reacción frente a un franquismo que hubiera impuesto por la fuerza una impostada unidad nacional, sino el resultado de las estúpidas cogitaciones de un exilio republicano socialista ciertamente desnortado.
De hecho, pese a que los Estatutos de Autonomía y el marco general del Estado Autonómico señalado en la Constitución de 1978 fue siempre considerado como una existencia del separatismo catalán principalmente, puesto que la idea de «nacionalidad» reconocida en la Constitución tenía, según diversos especialistas, el carácter de fórmula práctica para reconocer el «hecho diferencial» catalán, sin negar la existencia de la Nación Española como la verdadera nación política (que muchos interpretan como una de las numerosas y oscuras influencias de Ortega en los ponentes constitucionales, proveniente de la distinción formulada por algunos autores alemanes entre naciones políticas y naciones culturales.
La consiguiente cesión de competencias a las autonomías para el desarrollo de los «hechos diferenciales» ha logrado formar un buen número de españoles flotantes a través de la inmersión lingüística en lenguas vernáculas y la manipulación histórica, pero no ha conseguido formentar los odios de carácter étnico que se vivieron en lugares de Europa como Yugoslavia no hace muchos años. Las «señas de identidad» no han servido para que se produjera ningún tipo de altercado o problema de convivencia entre hispanoparlantes y catalanoparlantes o vascoparlantes en ningún lugar de España, más que nada porque todo el mundo entiende y usa el español en la Nación Española. Lo único que existe son pugnas entre élites políticas por el reparto del poder territorial y la concesión de más privilegios. No obstante, una deriva como la de la Nación Española, con el avance de estos fenómenos de aculturación y enajenación en diversos lugares de España, sí avocan en un futuro no definido a la quiebra de la identidad española y la consiguiente pérdida de la unidad en el momento que en Cataluña se deje de hablar español.
Así, la concesión de más privilegios, incluyendo la fórmula del «federalismo asimétrico» acuñado por Pascual Maragall, no hará sino acelerar el proceso de disgregación de la Nación Española, puesto que como hemos repetido hasta la saciedad en estos editoriales, España es un Estado unitario desde la época de los Reyes Católicos y la federalización de su territorio lo que haría sería disolverlo. ¿Por qué las partes resultado de la división de España debieran mantenerse unidas? Es más, la propia Constitución de 1978 reconoce el carácter unitario de la Nación Española, no sólo en el Artículo 2, sino también en el Artículo 145, cuando prohíbe expresamente la federación de comunidades autónomas. Asímismo, todo el desarrollo de competencias autonómicas que aparece expuesto en el Título VIII de la Constitución se reconoce que las autonomías disponen de una serie de competencias que «podrán ser asumidas», esto es, no son unas potestades que les sean propias, sino una cesión del propio Estado nacional español que puede recuperar si así lo considera oportuno. Máxime teniendo en cuenta la existencia del famoso Artículo 155, donde se reconoce que una comunidad autónoma que no cumpla las leyes, como Cataluña, puede ser suspendida en el límite, tras irle desposeyendo de sus competencias…
Desde la Fundación Denaes defendemos que la Constitución de 1978 es susceptible de reforma, pero siempre que se realice dentro de un marco de fortalecimiento de la unidad de la Nación Española frente a las amenazas que comprometen su duración en el tiempo. Si la alternativa al actual marco constitucional consiste en federalizar una España que siempre ha sido un Estado unitario, con su consiguiente fragmentacion tan cara a los sediciosos, preferimos que se mantenga como mal menor la actual Carta Magna, que como vemos sigue ofreciendo medios, aun no totalmente satisfactorios, para lograr la pervivencia de la Nación Española en el tiempo.
Fundación Denaes, para la Defensa de la Nación Española.
