«Lo público» son servicios y derechos que no caen de un cielo hiperuránico sino que se derivan de estructuras políticas consolidadas y concretas: las propias de la Nación Española
Nadie es ajeno a la gravedad de la crisis económica que atraviesa España desde 2007. Una crisis que a menudo se ha presentado, por parte de los rigoristas de las llamadas Ciencias Económicas, como derivada y agravada por una serie de malas decisiones de carácter técnico. De este modo, la impericia gestora habría sido la causante de muchas de las más penosas imágenes de las que hemos sido testigos en los últimos años: desahucios, emigración, comedores sociales… ignorando, de forma consciente o no, que toda economía es política.
La situación, reforzada por una imagen maniquea según la cual existirían dos estratos diferenciados: el conformado por la gente corriente y el compuesto por un reducido grupo de privilegiados carentes de escrúpulos, dio como fruto una serie de movimientos alimentados por la muy psicologista energía proveniente de la indignación. Se trataba, por medio de un movimiento ascendente, urbano y asambleario, de regenerar una sociedad golpeada a partir de unos foros presentados como espontáneos que congregaron a un heterogéneo colectivo de entre el cual, una vez neutralizados algunos iluminados, fue destacando un grupo proveniente del ambiente universitario. La figura del intelectual, más allá de sus méritos, mantenía su brillo, y las viejas y gastadas arengas rescatadas provocaban fascinación y miedo por igual, máxime cuando ese grupo de profesores se constituyó como partido político tras un nombre voluntarista.
Aupados por una serie de plataformas mediáticas y empresariales, las nuevas figuras han hecho tambalear el bien calculado equilibrio que gobierna España en las últimas décadas de democracia coronada haciendo que los españoles sean cada vez más desiguales en derechos y obligaciones, efecto de una política marcada por el fundamentalismo democrático y obsesionada con las muy reaccionarias señas de identidad fabricadas por funcionarios y profesores a sueldo.
La alternativa, presentada como voz del pueblo pese a que sus portavoces acusan esa distancia con la calle que marcó a otro símbolo universitario y populachero como fuera Enrique Tierno Galván, del cual se declaran admiradores, ha cristalizado hasta el punto de verse obligada a ir configurando un programa de gobierno que se mueve todavía con calculada ambigüedad. Sin embargo, y pese a su imprecisión, la reclamación de lo que se ha llamado «lo público» es una constante, y es aquí donde queremos incidir, pues precisamente «lo público» son servicios y derechos que no caen de un cielo hiperuránico sino que se derivan de estructuras políticas consolidadas y concretas: las propias de la Nación Española.
En un panorama como el actual, cunando parece clara la relación entre el debilitamiento del Estado y la profundidad de la crisis, sorprende que las alternativas no pretendan sino la realización del nefasto modelo autonómico cuyos efectos han sido los señalados. En definitiva, las propuestas que se vienen presentando avanzan en la ruptura de la nación, como puede comprobarse al conocer el delirante cargo que ostenta doña Gemma Ubasart: secretaria de Plurinacionalidad de Podemos, rimbombante puesto bajo el cual se mueve el absurdo proyecto de «nación de naciones», cuya contradicción no alcanzan a percibir tan distinguidos profesores de ciencias políticas empeñados en levantar fronteras a partir de argumentos etnolingüísticos. Una estructura que, por más artificiosa que pueda ser, huelga decir que es incompatible con los ideales de DENAES, fundación que defiende sin complejos «lo público», es decir: la Nación Española.
Fundación Denaes, para la defensa de la Nación española
