Pero, en todo caso, resulta evidente que don José Montilla, en su calidad de presidente autonómico, no puede permitirse el lujo de «gobernar» esa parte de España dando la espalda a las leyes españolas.
Un millar de ciudadanos españoles se concentraban el sábado en la barcelonesa plaza de Sant Jaume, para exigir al gobierno tripartito catalán, presidido por el socialista José Montilla el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. Sentencia que instaba, a la consejería de educación de la Generalidad, a respetar el derecho de los padres a escoger la lengua de escolarización de sus hijos. «Derecho subjetivo» este –para emplear el vocabulario jurídico al uso– de los padres que al parecer estaría amenazado, según criterio de los propios magistrados, por la política de «normalización lingüística» iniciada por el convergente Jordi Pujol e intensificada en los últimos años por los gobiernos de Maragall y de Montilla.
De hecho, convocados por la formación política Ciudadanos de Cataluña, los manifestantes exigieron la dimisión del presidente autonómico si es que este persiste, como lo ha hecho hasta ahora, en su incumplimiento de la sentencia del Supremo. Un incumplimiento por cierto del que, como lo certificó la declaración leída in situ por el periodista Juan Carlos Girauta, el mismo gobierno de España habría venido haciéndose cómplice.
Desde la Fundación DENAES para la Defensa de la Nación Española queremos sumarnos a Ciudadanos, Convivencia Cívica Catalana, Unión Progreso y Democracia, y el resto de convocantes de la concentración en la juiciosa reclamación de dimisión expresada por los manifestantes sin perjuicio, eso sí, de considerar muy desenfocada la fundamentación de dicha reclamación en base a la conculcación de supuestos «derechos a la libre elección de la lengua». Y ello desde el momento en que esta libertad de elección, cuando se la interpreta en términos absolutos no deja de ser sencillamente falsa por utópica dado que en todo caso, ¿por qué no extenderla, por ejemplo, al inglés, al alemán o al ceilandés? De hecho, las políticas de inmersión lingüística puestas en práctica por el gobierno tripartito no estarían orientadas tanto, creemos, a la anulación de tal «libertad» abstracta cuanto precisamente a la sistemática persecución de la lengua común de la Nación española –por cierto: única lengua hablada por la totalidad de los catalanes– en dicha autonomía. Y nos parece obvio, desde nuestra perspectiva, que esta consideración debería ser suficiente para combatir tales políticas por su carácter antinacional, secesionista o separatista.
Pero, en todo caso, resulta evidente que don José Montilla, en su calidad de presidente autonómico, no puede permitirse el lujo de «gobernar» esa parte de España dando la espalda a las leyes españolas.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
