Lo que hacen el PSOE y el gobierno andaluz por boca de su presidente no es sino justificar y otorgar carta de naturaleza a una discriminación negada hasta ahora por los poderes públicos.
Más que sorprendente -a estas alturas ya nada lo es- la declaración resulta ridícula cuando no aberrante. Manuel Chaves, presidente a la sazón de la comunidad autónoma andaluza, se ha dejado de vergüenzas y ha tirado por la calle de en medio -sincero él- prometiendo lo que con mayor fruición seguramente desea: en Andalucía “se promoverá el fomento del catalán, vasco y gallego en las escuelas oficiales de idiomas con el objetivo de facilitar a aquellos andaluces que lo requieran su movilidad laboral”. Tan noble y saludable proyecto, presentado el pasado fin de semana durante la Conferencia Política del PSOE de Andalucía, ha de servir según Chaves para facilitar a sus gobernados el acceso a un puesto de trabajo… en esas ricas e industriosas naciones -se entiende- de la periferia peninsular cuya prosperidad va indefectiblemente unida no menos a sus logros secesionistas, tiernos aún pero ya fructíferos, que al uso político de lenguas tan admirablemente inventadas (perdón: “normalizadas”) como tiránicamente impuestas.
Ya llevan al andaluz donde solía. Ya vuelven los santos inocentes, el cortijo y la veneración de la mentira; la ignorancia, la resignación, la cabeza gacha y el hato a punto protegidos, cómo no, por eso que otro andaluz -éste, sí, ejemplar- llamado Ángel Ganivet llamaba “abulia colectiva” de los españoles. Pero si grave es esta regresión caciquil, aún nos parece más patética y cruel hoy, si cabe, que hace un siglo. Porque, amén de promover instrumentos “oficiales” que empiezan reconociendo -vieja idea- la emigración como única salida para millones de andaluces, lo que hacen el PSOE y el gobierno andaluz por boca de su presidente no es sino justificar y otorgar carta de naturaleza a una discriminación que, negada hasta ahora por los poderes públicos, sucede ya de facto desde hace tiempo: la que sufren los castellano-parlantes y, por extensión, la lengua española en numerosos territorios de la Nación donde, como mínimo, se hace mofa continua del artículo 3.1 de nuestra maltratada Carta Magna: “El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
Pues bien, cuando es precisamente la Administración la que, en lugar de velar por el cumplimiento constitucional, reconoce y ampara dicha injusticia; cuando todo un presidente autonómico no sólo no hace nada por evitar ésta, sino que además margina la lengua común de todos los españoles en favor de otras inventadas (perdón: “normalizadas”) e impuestas a cientos de kilómetros de su comunidad; y cuando, para más inri, favorece el estudio de las mismas entre sus gobernados en perjuicio de otras -estas sí- de indudable autenticidad e indispensable aprendizaje, como el inglés, entonces no cabe más que apretar los puños y volver a sufrir España confiados, como siempre, en esa anhelada rebelión cívica o en frágiles ensueños electorales.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
