En definitiva, el principio federal no es sino mera coartada por la que, sea deliberada o inocentemente por parte del PSOE, lo único que se consigue con su insistente promoción desde esas filas es dar alas al secesionismo rampante.
El actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño ya ha afirmado por su cuenta y riesgo, haciéndolo público en una radio local gallega, que el Estatuto de Cataluña es «constitucional». Preguntado por la inclusión del término nación en el preámbulo del texto, uno de los numerosos puntos objetados por su inconstitucionalidad, el ministro de Justicia indicó que «los preámbulos no tienen, por sí, fuerza normativa y por lo tanto están al margen del control estricto de constitucionalidad de una ley».
Un modo este de eludir la cuestión, tomando la tangente como salida, cuando en los preámbulos se suele depositar, con funciones justificativas, el llamado «espíritu» de la ley. El del Estatuto de Cataluña resulta, además, por su longitud, especialmente llamativo en este sentido (aunque lo mismo se puede decir del de Andalucía o del de Valencia). Seguramente cuando Caamaño anima, así lo hizo en esa misma entrevista, a que Galicia «se dote» de un Estatuto de «última generación», seguramente está encubriendo con esta expresión (por lo demás pretenciosa), el que Galicia siga los pasos de Cataluña y reafirme en el preámbulo correspondiente el carácter de Galicia como «identidad nacional».
Y es que la perspectiva desde la que habla Caamaño, según defendía, antes de ser ministro, en distintos lugares, es la de la constitución «federal» de España, en cuanto que tal principio federal es asumido, y así ocurre en general desde el programa socialista, como una especie de deus ex machina que vendría a resolver, si se asumiese de una vez, todos los «problemas territoriales» que España tiene planteados. Es desde esta perspectiva desde donde Caamaño observa como constitucional el Estatuto de Cataluña y todos aquellos que vengan «de última generación». En un artículo, publicado en El País, con el elocuente título de «Treinta años…ni uno más» (con motivo del trigésimo aniversario de la Constitución del 78, afirmaba Caamaño en esta línea lo siguiente:
«El constitucionalismo democrático en España –como en otros muchos
países– es fruto de una íntima relación entre lo que podemos denominar la variable liberal, es decir, el establecimiento de un sistema de derechos individuales y libertades públicas y la variable federal, esto es, el reconocimiento y la integración en el seno de un proyecto común, de espacios políticos –y no meramente administrativos– de autogobierno. Durante estos treinta años de vida democrática, la sociedad española y
la práctica totalidad de los partidos políticos han hecho suya la variable liberal y, por tanto, asumido la defensa de los derechos y las libertades fundamentales. No se puede decir lo mismo, sin embargo, en relación con la variable federal».
Luego insistía, para que la «variable federal» se hiciera efectiva, en la conversión del Senado en una cámara de representación «territorial».
Sin embargo, hay que insistir una vez más, que la Constitución del 78, como tampoco lo era la del 31, no son constituciones federales (es más, la federación entre regiones o autonomías está prohibida en ambas), siendo así que legislar en función de ese «espíritu» del principio federal, en el que insisten desde PSOE para justificar su posición ante los nuevos estatutos, es legislar en una línea como poco inconstitucional, pero además completamente absurda (no tiene sentido dirigir a España el principio federal cuando su constitución no tuvo lugar a partir de estado previos independientes). En definitiva, el principio federal no es sino mera coartada por la que, sea deliberada o inocentemente por parte del PSOE, lo único que se consigue con su insistente promoción desde esas filas es dar alas al secesionismo rampante.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
