Disolver el Tribunal Constitucional

El Gobierno intentará forzar la dimisión de Pérez Tremps para que el voto doble de Casas decida la constitucionalidad del Estatut.

Ha trascendido que la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, aseguró al Partido Socialista que el magistrado pro-Estatut Pérez Tremps no sería recusado, pese a haber hecho éste para la Generalidad de Cataluña un informe remunerado precisamente sobre esa cuestión. Era escandaloso que un magistrado pudiera resolver sobre un asunto en el que tan obviamente era juez y parte. El Tribunal ha resuelto el escándalo aceptando la recusación de Pérez Tremps. Aparece así algo inesperado: hoy la mayoría del Tribunal es contraria al Estatut.

Pero ahora queda la segunda parte del escándalo: esa connivencia de la presidenta del TC con el partido del Gobierno, que tanto empeño ha puesto en el nuevo Estatuto de Cataluña. Escándalo acentuado porque, si el recusado Pérez Tremps dimite y es sustituido por otro magistrado designado por el Gobierno, la presidenta Casas decidirá con su voto de calidad, y ya sabemos todos no sólo cuál será su voto, sino también por qué razones políticas votará. Se abre así un complejísimo paisaje donde cada cual jugará sus cartas: el Gobierno intentará forzar la dimisión de Pérez Tremps para que el voto doble de Casas decida la constitucionalidad del Estatut; por el contrario, los partidarios de que el Estatut es inconstitucional intentarán que no dimita, de modo que la actual mayoría se consolide. A todo esto, Casas termina mandato en junio. La situación es endemoniada.

Esta Fundación cree muy razonadamente que el Estatuto de Cataluña es inconstitucional, que daña la unidad de España, que desvirtúa la soberanía nacional y que rompe la solidaridad entre los españoles. Pero esta guerra de togas y puñetas nos resulta absolutamente insoportable: es una vergüenza nacional que la interpretación de la Constitución quede sometida de tal manera a los designios de los partidos. En consecuencia, lo más sano sería que el actual Tribunal se disolviera motu proprio y que se pactara una nueva composición capaz, cuando menos, de inspirar una mínima confianza a los ciudadanos. Sabemos que esta es la hipótesis menos verosímil de todas las posibles. Pero esta misma circunstancia ya da la medida de la enfermedad que aqueja a España.