Así, creemos desde DENAES, la práctica incondicional del aborto se convierte, y al margen de otro tipo de consideraciones, en una práctica antinacional.
Esto respondió el gramático Marco Pomponio cuando el jurista Ateyo Capitón pretendía que Tiberio, en razón de su condición de rey romano, se encontraba por encima de las leyes de la gramática. «Señor, V.M., podrá conceder derecho de ciudadano a los hombres, pero no a las palabras; el César no está por encima de la gramática».
Es verdad que referirse a Rodríguez Zapatero como césar sea quizás excesivo, pero la práctica de adaptar a gusto las palabras para justificar su política, obviando los conceptos, va en la línea esta de legislar sobre aquello que no puede. Cuando, además, la arrogancia del personaje está en proporción directa a su ignorancia entonces las pretensiones de este nuevo Tiberio crecen sin obstáculo de nuevo en proporción directa a su necedad.
El nuevo ejemplo lo tenemos en la sustitución del término «aborto» por la fórmula «interrupción voluntaria del embarazo», mucho más llevadera desde el punto de vista legislativo, y que suaviza, sobre todo al introducir la «voluntad» como justificación, lo que es, sin duda, un método anticonceptivo extremo y tardío (como poco negligente, cuando se dispone de métodos previos a la gestación que no suponen un derroche tan lesivo). Así, el gobierno, con esta nueva ampliación de supuestos para el aborto, quiere «colar» como derecho lo que no es sino un método que la propia ley contempla como excepcional, y que bajo determinadas condiciones «despenaliza». Dicho de otro modo, lo que se considera legalmente como una práctica susceptible de penalización –una penalización que se suspende en determinadas condiciones–, quiere presentarse por el gobierno como un derecho, un derecho además «de la mujer» (como si la vida del embrión o del feto no hubiera requerido también el concurso del varón), y que lo convierte, prácticamente, en aborto libre, sin condiciones (al quedar fundada la despenalización en la simple premisa de ser un embarazo «no deseado» por la mujer).
El gobierno socialista, en realidad, parece buscar con esta nueva ley en anteproyecto y, en efecto, pretendiendo superar a la gramática, la confrontación con el principal partido de la oposición siendo así que, ante la previsible oposición del PP ante esta nueva ampliación de supuestos para el aborto, los dirigentes del PSOE puedan presentarse ante la sociedad española, según se conciben a sí mismos, como la única vía, con posibilidades de gobierno, que saque definitivamente a España de la «caverna» a la que podría volver a llevarnos un nuevo gobierno del PP. En esto se cifra la labor legislativa promovida por el grupo socialista en el Congreso desde que llegó al poder del gobierno en 2004: legislar a la contra, siempre previendo la oposición del PP, buscando así una coartada para anatematizar al principal partido de la oposición y poder situarlo en la «derecha extrema».
Es un programa político, el del PSOE, que solo se justifica, pues, insistimos, a la contra: prueba de que no mira al interés común sino al propio (electoralista), es el mismo anteproyecto para la «interrupción voluntaria del embarazo» que, en un país con graves problemas de natalidad (mitigados con una emigración que, con la crisis, va a regresar a sus países de origen) representa un verdadero despilfarro.
Así, creemos desde DENAES, la práctica incondicional del aborto se convierte, y al margen de otro tipo de consideraciones, en una práctica antinacional.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
