Lo más grave no era tanto el incumplimiento de la Ley cuanto la «tolerancia» manifestada por los sucesivos gobiernos de la Nación, fuesen éstos de cualquiera de los dos grandes partidos.
En la madrugada del pasado viernes 4 de abril, el Ayuntamiento de Bilbao, con su alcalde Ignacio Azcuna (PNV) a la cabeza, hizo cumplir -eso sí, de manera vergonzante y por así decir, con «nocturnidad»- el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que habría instado, el 7 de febrero, a dicho Ayuntamiento a izar en su balconada la bandera nacional española como «símbolo de la nación, signo de soberanía, independencia y unidad e integridad de la patria». De este modo, y al menos por lo que se refiere a la villa vizcaína, quedaban interrumpidas varias décadas de flagrante y continuo incumplimiento de la legalidad española por parte de las autoridades municipales bilbaínas que, tradicionalmente, y a fin, se supone de «no dividir a la ciudadanía» (traducción: para evitar la llamada kale borroka… con lo que, como es natural, el propio ayuntamiento no podía evitar, si este fuese el caso, hacerse cómplice directo de los terroristas) sólo se habían dignado a colocar la bandera de la Nación en la fachada de la Casa Consistorial un día al año durante las fiestas patronales de la ciudad, con los consiguientes desórdenes públicos por parte de bandas de terrorismo callejero que esta situación «anómala» -para decirlo suavemente- ocasionaba. Y lo más grave, a nuestro juicio, no era tanto esto (el hecho de que la ley, en Bilbao, sólo se cumpliese y se hiciese cumplir un día al año) cuanto la «tolerancia» manifestada por los sucesivos gobiernos de la Nación -fuesen estos de cualquiera de los dos grandes partidos- ante semejante situación.
Desde la Fundación para la Defensa de la Nación Española, y dada la circunstancia de que ciertamente «más vale tarde que nunca», no podemos menos que felicitarnos ante el hecho, «histórico» y verdaderamente sin precedentes, de que el gobierno municipal de la primera población del País Vasco haga finalmente cumplir la ley aunque sea, en palabras tan subjetivistas como megalómanas del propio alcalde, «por obligación y no por devoción» dado su «carácter» escasamente «banderero» (como si, en efecto, el cumplimiento de la ley fuese cosa que tuviera que depender del «carácter» que pueda tener don Ignacio Azcuna). Y, sin embargo, hemos de recordar que la bandera de la Nación española continúa brillando por su ausencia en muchos otros edificios consistoriales del País Vasco: para empezar, en el Ayuntamiento de Vitoria gobernado en la presente legislatura por el Partido Nacionalista Vasco en virtud de la pasividad del Partido Socialista de Euskadi al negarse, tal fuerza política, a apoyar al Partido Popular que sin embargo había obtenido la mayoría de los votos en las elecciones municipales.
Esta es también la situación, curiosamente, en el Ayuntamiento San Sebastián dirigido -como es bien conocido- por el político socialista Odón Elorza quien, al parecer, mantiene incluso más «escrúpulos» que el propio Azcuna, siendo éste miembro del PNV, ante la bandera común de todos los españoles.
Y es que -esta es, a nuestro juicio, la verdadera cuestión- mientras queden ayuntamientos vascos que practiquen de manera abierta la «desobediencia civil» frente a las leyes españolas, sólo habrá un nombre que cuadre cabalmente a los políticos socialistas que gobiernan tales municipios: el de traidores.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
