Los querellantes consideran que han violado las competencias del Supremo ‘en cuanto a la valoración de la prueba al actuar como una segunda casación que no existe’.

Redacción

Jueves, 26 de mayo de 2011 | La Fundación DENAES, el sindicato Manos Limpias, la entidad HazteOir.org, la asociación Voces Contra el Terrorismo y la Asociación Libertad e Identidad han presentado una querella criminal contra los seis magistrados del Tribunal Constitucional que, con sus votos, permitieron que Bildu, partido ilegalizado por el Tribunal Supremo, pudiera participar en las pasadas elecciones municipales y provinciales del País Vasco y Navarra.

La querella, interpuesta ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, acusa a los magistrados de cometer el delito de prevaricación judicial y, según los firmantes, ‘se presenta en el ejercicio de la acción popular‘ y convencidos de que los magistrados actuaron extralimitando sus funciones y atentando contra el ordenamiento legal vigente.

El escrito va dirigido contra Pascual Sala Sánchez (presidente del TC), Eugenio Gay Montalvo (vicepresidente del TC), Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa Batarrita y Luis Ignacio Ortega Álvarez, que fueron los seis magistrados que revocaron la decisión del Supremo estimando el recurso de Bildu.

Llaman a declarar a los cinco magistrados que dijeron ‘no’ a Bildu

Entre los argumentos esgrimidos por los querellantes se encuentra el de haber violado las competencias del Supremo ‘en cuanto a la valoración de la prueba al actuar como una segunda casación que no existe, e incurriendo en suma en el delito de prevaricación judicial previsto y penado gravemente en el articulo 446.3º del código penal’, al haber dictado una resolución, desde su punto de vista, ‘injusta e ilegal a sabiendas de que lo era’. Para defender su posición, los querellantes han anunciado que pedirán que declaren los cinco magistrados del TC que se posicionaron contra la decisión de sus compañeros y emitieron un voto particular.

Desde DENAES, fundación que ha emitido un comunicado informando de la interposición de la querella, se confía ‘plenamente’ en que el Tribunal Supremo ‘ejerza con independencia y profesionalidad la alta misión que tiene encomendada por el pueblo español, y exija las responsabilidades penales correspondientes a quienes han cometido unos delitos de la máxima gravedad, sin importarles las nefastas consecuencias que para la lucha antiterrorista suponía legalizar a la nueva franquicia de ETA’.