Desde que el PP presentase su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña han pasado ya tres años, y el Tribunal Constitucional sigue sin pronunciarse a sólo un año de las elecciones autonómicas. Los bloques en los que está dividido el alto tribunal se suman a la complejidad del asunto como factores determinantes de este retraso.


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Miriam Carmona
15-11-2009

Mientras en Cataluña ya se respira un ambiente preelectoral a tan sólo un año de los comicios autonómicos y tres años después de que los “populares” presentasen su recurso de inconstitucional contra el Estatuto catalán, el alto tribunal sigue sin pronunciarse al respecto. EL IMPARCIAL analiza con dos expertos en derecho constitucional y con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras, las consecuencias jurídicas y políticas que tendrá esta sentencia que aún se hace esperar.

El «popular» Vidal Quadras parece tener claro que los magistrados apelaran a la racionalidad y que ya hoy «tienen una posición común en aspectos claves que son claramente inconstitucionales». En declaraciones a EL IMPARCIAL, ha afirmado que «la declaración de inconstitucionalidad sería muy beneficiosa para Cataluña, porque sería un triunfo del Estado de Derecho y una lección para los imprudentes que promovieron esta norma».

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras

Sobre este asunto también reflexionará el próximo 21 de noviembre la Fundación DENAES, con una jornada en la que participa el propio Vidal Quadras. España después de la sentencia del TC es el lema de la jornada dedicada a analizar la constitucionalidad del Estatuto.

“Ni el escaso respaldo de la sociedad catalana al texto estatutario, ni la alarma social creada en el conjunto nacional español, ni la clara inconstitucionalidad del texto, han sido suficientes para el Constitucional para emitir una sentencia en un tiempo razonable. Mientras tanto, el Estatuto de Cataluña permanece vigente y se siguen desarrollando y aplicando normativas adicionales al mismo”.

Este es el argumento con que la fundación critica el retraso del alto tribunal y en esta línea también se ha pronunciado Segundo Ruíz, doctor en Derecho y socio director de LEGSE abogados. “Hay que recordar que los ciudadanos catalanes no mostraron mucho interés en el referéndum sobre el Estatuto, ya que el índice de votación no alcanzó el 40 por ciento”, por lo que “las consecuencias electorales del fallo no serán importantes”.

¿Por qué siguen en tablas las deliberaciones?
“Las razones por las que la deliberación sobre el Estatuto sigue en tablas son varias. Por un lado, hay que destacar que los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por los partidos políticos y nos encontramos con que la mitad apoya el texto y la otra mitad no lo suscribe. Sin embargo, es cierto también que hay algún magistrado nombrado por el PSOE que cree en la inconstitucionalidad de algunos artículos. Por lo tanto no se trata de un asunto fácil porque influyen en él implicaciones tanto políticas como jurídicas”, ha razonado Ruiz.

Por su parte, el profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED Carlos Vidal, piensa que todo lo que se oye sobre las deliberaciones de los magistrados responde más al ámbito de la especulación. “La sensación es que llevan muchos meses intentando llegar a una sentencia que sea votada por el mayor número posible de magistrados. Un objetivo que parece que no están logrando”. Mientras tanto —comenta Vidal- “ha habido informaciones en los medios que me hacían concebir esperanzas de que había un poco de racionalidad en la decisión final pero posteriormente me han llegado otras de que no va a ser así” y, que se va a admitir casi todo.

Un acuerdo que no llega
El pleno del Tribunal Constitucional sigue sin alcanzar un consenso sobre la sentencia que debe resolver los recursos contra el Estatuto de Cataluña, después de que la mayoría de los magistrados se pronunciaran este jueves contra el cuarto proyecto de resolución presentado por la ponente, Elisa Pérez Vera. Fuentes del Constitucional han confirmado que los diez magistrados que integran el pleno acordaron ayer realizar una «prospección» sobre los apoyos con los que contaba la ponencia y que sólo cuatro de ellos -la propia ponente, la presidenta María Emilia Casas y Pascual Sala y Eugenio Gay- respaldaron el texto. Los otros seis expresaron su discrepancia con la ponencia de Pérez Vera, aunque las fuentes consultadas explicaron que adujeron distintos motivos. Así las cosas, la reunión de este jueves sirvió para dejar claro que aún no hay una mayoría suficiente en el pleno del alto tribunal como para cerrar la sentencia y poder notificarla en un plazo breve de tiempo.

¿Una sentencia interpretativa con pocas consecuencias jurídicas?

María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional

María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional

Teniendo en cuenta la tardanza del tribunal cabe especular que la sentencia tendrá un carácter muy interpretativo. Esto significa que algunos artículos en lugar de ser declarados anticonstitucionales serán válidos si se interpretan de una determinada forma. “En el Constitucional y fuera de él -ha explicado Ruiz- muchos piensan que hay artículos inconstitucionales, por lo que es previsible que la sentencia los declare como tal, pero no de forma radical con su eliminación sino de manera interpretativa. Esto significa que el Tribunal orientará la interpretación que debe hacerse de determinados artículos”.

Carlos Vidal ha comentado las consecuencias jurídicas que tendría a estas alturas un fallo que declarase la eliminación de varios artículos que en la actualidad ya están desarrollados en leyes. “Cada día que pasa lo que está claro es que el Estatuto está vigente y cada día que se aplica es más difícil dar marcha atrás. Algunas decisiones que se han tomado en los últimos tiempos habría que revisarlas, sobre todo lo que se refiere a la legislación que desarrolla el Estatuto. Si es inconstitucional un artículo que se ha desarrollado en un Ley, ésta última sería también inconstitucional. Serían consecuencias graves porque son normas que se están aplicando, ¿qué pasaría con los actos jurídicos que han sucedido en aplicación de esas leyes?”.

El fallo, ¿antes o después de las autonómicas?
Si la sentencia se sigue retrasando es interesante plantearse si se producirá antes o después de los comicios, pues parece obvio que el fallo tendrá consecuencias electorales. En este momento, las encuestas apuntan a que el tripartito perdería la mayoría absoluta a favor de la coalición PP- CiU. Una sentencia después de los comicios pondría en peligro el posible pacto entre los “populares” y Convergència i Unió, ya que sería complejo el acuerdo sin que el PP retirase el recurso sobre la reforma.

El vicepresidente del Parlamento Europeo ha sido categórico al preguntarle sobre la posibilidad del pacto PP-CiU. «Es imposible. El Partido Popular nunca podrá respaldar un proyecto nacionalista que no respecta las libertades fundamentales de los ciudadanos y que, entre otras cosas, no permite la elección de la lengua en que estudian sus hijos. CiU está en una posición extremista y en clave casi independentista cuando apoya esos referendos absurdos. Tendría que hacer un giro radical para que se produjese el pacto».