En lo que a conflictividad entre el Estado y las autonomías se refiere, Cataluña gana al resto. Lo hace no sólo por el Estatut, que aún hoy y después de más de tres años sigue impugnado en el Constitucional, sino también por los conflictos de competencias que ha presentado desde 2008. Así lo desvela el último informe sobre Conflictividad Estado-Comunidades.
Por Miriam Carmona
07-03-2010
Cataluña ha sido la comunidad autónoma que más impugnaciones ha presentado ante el Tribunal Constitucional en lo que va de legislatura -13 de abril de 2008 a 31 de enero de 2010-, según se desprende del último informe sobre Conflictividad Estado-Comunidades Autónomas del Ministerio de Política Territorial. Once de un total de 33 normas impugnadas fueron presentadas por las autoridades catalanas. Así, aunque en este último estudio se aprecia una tendencia a la baja en la conflictividad Estado-Comunidades, ya que nueve autonomías no han planteado conflictos, Cataluña no sigue la misma estela.
Si se suma este asunto al «atasco» del Alto Tribunal a consecuencia del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatut, Cataluña se afianza como la autonomía que más quebraderos de cabeza está planteando al Estado y al Constitucional.
¿Es Cataluña una comunidad conflictiva?
A consecuencia de los datos recabados por el informe de Política Territorial, este periódico se pregunta por qué Cataluña plantea tantos conflictos a la Justicia. Santiago Abascal, presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), explica a EL IMPARCIAL que no es la sociedad catalana la que respalda la conflictividad, sino que tiene que ver más con las intenciones “desleales” de sus dirigentes. Así, comenta, “Cataluña no tiene serios problemas con España pero sí los nacionalistas catalanes que llevan años practicando la deslealtad institucional y que están de espaldas a los intereses de los ciudadanos de toda España, incluyendo los de Cataluña”. Gobernantes que están, según Abascal, “en un proceso disgregador con el conjunto de ciudadanos”.
Crear conflicto para lograr objetivos independentistas
Al presidente de DENAES no le sorprende que sea Cataluña la comunidad que acapara más del 33 por ciento de las impugnaciones presentadas por el total de autonomías. En este sentido, Abascal afirma que “en Cataluña hay una élite política, empresarial y mediática que pretende únicamente la secesión del resto de España”. Para alcanzar su objetivo, añade, “se ven obligados a crear un clima de conflictividad, de recursos y reclamaciones, llegando a aprobar un Estatuto que ha provocado la mayor crisis nacional que ha vivido España probablemente en toda la democracia”.
Sin embargo, y tal y como ha demostrado la poca participación en los referendos planteados en varios puntos de Cataluña, los “culpables” de este clima de desasosiego no son los ciudadanos. “En todo caso, donde hay que poner el acento es en el escaso respaldo de los ciudadanos catalanes a ese tipo de iniciativas, como fue el caso del Estatut que se podría calificar de ridícula”, dice Abascal.
En relación con los conflictos relacionados con el independentismo, en este caso vasco, destaca en este informe sobre conflictividad una de las normas impugnadas por el Estado. En concreto es la referida al “Plan Ibarreche”: una ley con la que se convocaba una consulta popular para recabar la opinión de los ciudadanos con respecto a la independencia de País Vasco.
¿Habrá sentencia del Estatut en 2010?
Aunque aún no hay fecha exacta para las próximas elecciones a la Generalitat, sí se sabe que serán el próximo otoño. Uno de los retos más urgentes es sin duda la resolución por parte del Constitucional sobre el Estatut. Más de tres años lleva paralizado el asunto que enfrenta a dos bloques en el Tribunal. EL IMPARCIAL ha preguntado a Abascal sobre este problema y a su juicio la solución es clara: “La sentencia está hecha y el Constitucional lo único que tiene que hacer es publicarla. El tribunal lo que debería hacer es unir su jurisprudencia anterior, es decir, cortar y pegar las sentencias que ya ha emitido en relación con la Administración del Estado, con las políticas lingüísticas y con el resto de estatutos”.
Sin embargo, ”el daño ya está hecho”, según el presidente de DENAES. “Al margen de lo que diga el Constitucional, que con su inacción ha contribuido a ahondar en la crisis nacional que vive España, el problema político está sobre la mesa”. La única salida, sostiene Abascal, “es el gran acuerdo nacional entre aquellos partidos que nos representan para llevar a cabo una reforma profunda de las instituciones y de la Constitución que ponga a los nacionalistas en su sitio y responda a los intereses de los españoles”.
