En una reciente visita al PCT Cartuja, por cierto, el mayor parque tecnológico del sur de Europa, lo cual en si mismo es digno de reconocimiento, me sorprendió que todos estaban encantados con que este hubiera sido designado en toda su extensión como ZBE, por el ayuntamiento hispalense. Lógicamente me interesé por el tema, ya que a priori no le encuentro gran ventaja y sí, muchos inconvenientes. Sobre todo, si consideramos la inutilidad de la medida, ya que se ubica en una zona abierta conformando una isla rodeada por el río, la cual se llena de coches por la mañana y se vacía por la tarde, pero sin tráfico alguno salvo estas dos horas diarias.
Por resumir, las empresas se sentían cómodas con esta ordenación, básicamente porque no les suponía costes la implantación de la misma. El empresariado en general está acostumbrado a ser el paganini de los inventos de los políticos, pero por una vez parece que no recae sobre su cuenta de resultados la aplicación de la normativa europea. Si a esto le sumas lo moderno que resulta cumplir con varios de los objetivos de la Agenda 2030 sin imputación directa, pues eso, que en general estaban encantados de conocerse.
Tras varias conversaciones y sorprendido por la amigable acogida de la norma, comencé a preguntar como afectaban a sus trabajadores estas restricciones. Todo parabienes, solo un pequeño porcentaje de los trabajadores tienen coches que no pueden circular en la ZBE. Eso sí, casualmente son los trabajadores menos cualificados según me indicaban. Que sorpresa, los directivos, técnicos y trabajadores cualificados no tienen problema. Hay que reseñar que la discriminación de la restricción se basa en la antigüedad de los vehículos, segregándolos entre diésel y gasolina. Lógicamente, los empleados con vehículos de mayor antigüedad son los de menor cualificación y sueldos más bajos. El que tiene una buena nómina puede cambiar de coche cada 5 o 10 años y el que no llega a fin de mes es el que le compra el coche al primero.
Lo que queda claro una vez más es que, de forma general, la aplicación de la Agenda 2030 hará más pobres a los menos favorecidos, discriminándolos del resto de la sociedad que si pueda adaptarse económicamente. No son solo los coches ecofriendly, que por cierto cuestan un pastizal, ya todo es ecológico, sostenible y de bajo consumo.
He oído hablar estos días de una propuesta por la que algunos impuestos serían bonificados o penalizados en función de las características medioambientales del producto al que se apliquen. Algo así como, que si tienes todos los electrodomésticos categoría A+, pues pagarás menos por el recibo de la electricidad que si no lo son. Por supuesto, el caso de los vehículos es aplicable a todos los bienes que poseemos, desde tu vivienda al resto de los equipamientos. Las clases más desfavorecidas no podrán permitirse el enorme coste de instalar placas solares y aerotermia en sus casas, o cambiar todos los electrodomésticos, las calderas o el portátil, por otros de mejor eficiencia energética. Por lo que no solo quedan relegados del progreso social, sino que serán oprimidos por mayores impuestos a la insolidaridad medioambiental.
Esta Agenda 2030 hecha por y para ricos, se contradice así misma por ejemplo en su décimo objetivo, la reducción de las desigualdades. Estas cada día serán mayores si la apuesta es por un ecologismo fanático, que solo puede implantarse a base de exprimir la cartera de sus ciudadanos.
Vamos a analizar algunos datos obtenidos directamente de la UE, al alcance de quien quiera buscarlos:
La UE solo aporta el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta, por lo que por mucho que reduzcamos, no podemos aportar gran cosa. Pero, aun así, el total del transporte en la UE supone el 15% de estas emisiones y, de este, el transporte por carretera supone el 71,7% del total del transporte. Haciendo unas cuentas sencillas, entenderemos que el tráfico urbano aporta el 4,25% del CO2 de toda la UE, lo que significa un 0,34% las emisiones mundiales.
En marzo de este año, el Consejo Europeo adoptó el Reglamento UTCUTS, por el que los vehículos fabricados a partir del 2035 obligatoriamente serán “CERO emisiones”. Daría para varios artículos lo que contaminan las pilas de los vehículos eléctricos. Por curiosidad, busquen cuántos estudios existen en internet sobre el tema, verán que curioso. Esta normativa se implementará progresivamente hasta la fecha límite, obligando a fabricar vehículos sin emisiones paulatinamente hasta 2030. En definitiva, esto lo que significa para el común de los mortales, es que en los próximos 7 años cada vez será más difícil la compra de vehículos de combustión, que se irán sustituyendo gradualmente por coches eléctricos. Estos, como todos sabemos, son sustancialmente más caros que los clásicos gasolina-diésel y por lo tanto quedarán aún más alejados de las posibilidades de los menos privilegiados. Y todo esto para conseguir reducir un 0,34% la emisión de CO2 al planeta, como decíamos anteriormente. Poca cosa comparada con el 14% que genera la tala de bosques para la explotación de la tierra, por ejemplo. ¿Entonces dónde está el business? Por lanzar alguna pista, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) las ventas anuales de turismos en EU rondan los 9,5 millones de unidades. Así las cosas, parece que la UE más que preocuparse por la economía de sus ciudadanos, está claramente ocupada en los dividendos de las grandes multinacionales.
No es de extrañar que tengamos el rosco de la Agenda 2030 hasta en las bolsas de la compra, sin ninguna duda la campaña de concienciación y adoctrinamiento de las grandes corporaciones internacionales les está reportando pingües beneficios. Tampoco nos debe sorprender que, a los pocos, aunque crecientes en número, gobiernos que se enfrentan a la dictadura económica y cultural de la EU, los demonicen e intenten expulsar de cualquier foro internacional. Está claro que no será un camino fácil, pero negarse a este sometimiento globalista es la obligación de cualquier gobierno que vele por el futuro de todos sus ciudadanos.
Raúl Morales del Piñal
