España es un país devorado impúdicamente por la corrupción del sanchismo, aunque, como bien sabemos, esta lacra viene de lejos.
Les propongo filosofar sobre las corruptelas propias del mal uso del poder político, convencido de que las presentes líneas pueden provocar no pocas adiciones, enmiendas o correcciones por parte de todos ustedes, queridos lectores, por lo que todo lo aquí afirmado, se entiende, salvo mejor criterio, que puedan proporcionar, agradeciéndoles de antemano su colaboración. Me centraré en tres cuestiones; definición de corrupción, esquema básico y las manifestaciones más relevantes.
Por tanto, en primer lugar: ¿Qué es corrupción?
Etimológicamente, la palabra viene del latín corruptio: “acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien”.
Según la RAE es: “en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.
En el Diccionario de María Moliner, se define como: “hecho, situación o costumbre en que hay corrupción o falta de honradez en la administración”.
Yo lo tengo claro, corrupción es: poner las instituciones públicas al servicio de intereses particulares o del partido político correspondiente, siendo indiferente, a estos efectos, que la actuación administrativa desarrollada sea legal o ilegal. Así son igualmente deplorables, tanto “llevarse dinero en sobres”, como, de alguna manera, agilizar el procedimiento administrativo, que supone que a lo que cualquier ciudadano cuesta tanto tiempo y dinero, a otro, gracias al empujón correspondiente, le resulta más sencillo, seguro y barato. Esto es muy importante en los países altamente burocratizados, en los que no se puede dar un paso sin la previa autorización, permiso o anuencia de la Administración.
En segundo lugar, procedemos a analizar el esquema básico de la corrupción.
Lo fundamental es que desde el poder se otorgue un trato de favor a alguien, y que éste se sienta en la obligación de devolverlo a la persona que se encargó de la “gestión”, para que disfrute en solitario de tales prebendas o las distribuya entre la panda de “colaboradores” a su criterio.
Es importante entender que la corrupción crece en el seno de un triángulo equilátero compuesto por políticos, empresarios y funcionarios.
En el vértice superior se encuentran los políticos desnaturalizados. Así los llamo porque lo natural de un político, en mi ingenua opinión, sería perseguir el bien común. Serán los que firmen los documentos correspondientes. No dan más de sí, como es sabido.
Otra punta la ocupan los empresarios tramposos (inclúyanse ONG’s y demás “pseudoempresas”). Son tramposos, no por perseguir un lucro, que es lo natural como empresarios, sino porque lo buscan adulterando las reglas del mercado. Resultan imprescindibles, como “lubricante” necesario para engrasar el envoltorio de la corrupción. En efecto, hacen falta entidades que concurran a licitaciones, especializadas en “relaciones públicas” (léase “mariscadas” y “fiestas privadas”), gestionadas por contables “expertos” en generar facturas falsas, infladas o aparentes, y dirigidas por individuos sin escrúpulos a la hora de contratar a amiguetes influyentes.
Y, en el tercer vértice se encuentra el entramado administrativo de empleados públicos corruptos, a los que denomino funcionarios mercenarios. Su misión es operar como una máquina perfecta para localizar las grietas que el ordenamiento jurídico permite, para conseguir un objetivo muy claro: cebar a un político envilecido, que posteriormente se mostrará agradecido con ellos. Todo ello con la coordinación necesaria, por supuesto, de los empresarios tramposos. A estos funcionarios mercenarios les dediqué un libro La Administración al servicio de los administradores. Son normalmente los agentes tapados de la corrupción
Finalmente ¿Cuáles son las manifestaciones más relevantes de la corrupción?
Como decíamos, la corrupción implica, de algún modo, flujos de dinero agradecido vinculado a actuaciones administrativas. Vamos con las más básicas:
1º.- Grandes contratos de obra pública o de gestión de servicios públicos. Es conocido, hay mucho margen de beneficio tanto en la adjudicación como en la ejecución de tales contratos, si hay buena voluntad en orden a los suculentos modificados, complementarios, reequilibrios y demás instrumentos jurídicos que pueden hasta doblar el precio inicial a abonar por la Administración.
2º.- Contratos menores. Aquellos que se otorgan sin concurrencia competitiva, o como vulgarmente se dice “a dedo”. Hay mucha permisividad, incluso legal, en orden al otorgamiento de estas canonjías, y falta de control efectivo por instituciones tales como el Tribunal de Cuentas diseñadas, parece, que por el enemigo. Aunque no alcanzan un gran montante, en su conjunto pueden ser suculentos.
3º.- Subvenciones. De acuerdo con la normativa a través de esta figura legal se trata de entregar un dinero a una entidad pública o privada, para que la misma, no le reporte nada a cambio a la entidad subvencionadora, sino que realicen proyectos, actividades o se presten servicios de utilidad pública o interés social en beneficio directamente de todos los ciudadanos. Pues bien, en muchas de estas subvenciones no es importante ningún proyecto subvencional sino inyectar dinero a una entidad afín para que desarrolle, o no, sus actividades ordinarias o sostenga los sueldos de sus contratados.
4º.- Negocios jurídicos patrimoniales que formaliza la Administración, tanto de compra como de venta de activos, de arrendamiento o cesión de suelos. El patrimonio de la Administración es muy desconocido por el ciudadano y esta oscuridad favorece transacciones muy a la medida de “recomendados”.
5º.- Configuración de normativa. Determinadas normas jurídicas se diseñan en origen no pensando en el interés general sino directamente al servicio de determinados lobbies o pensando en el interés particular de sujetos concretos. Luego irá todo rodado.
6º.- Licencias, permisos, autorizaciones. La discrecionalidad con la que la Administración puede habilitar determinados comportamientos singulares generadores de beneficios industriales, es campo abonado para los modernos apóstoles del “yo te lo consigo”.
7º.- Sanciones o represión de conductas contrarias a la normativa. También tienen mucho margen las entidades públicas para proceder conforme al dicho popular: al amigo, permisibilidad total; al enemigo, a arrasarlo y; al indiferente, se le aplica la legislación vigente.
8º.- Ingreso en la Función Pública. Ninguna duda cabe sobre la existencia de los famosos “enchufes”, pero quizás es más desconocida la entrada por la puerta de atrás a través de contratos laborales, mercantiles u otras fórmulas que en definitiva suponen acceder a un puesto de trabajo en el sector público sin someterse a las dolorosas oposiciones.
9º.- Pantomimas judiciales. Aunque esta corrupción está poco aireada, late en determinados ambientes como se tergiversan determinados pleitos para conseguir nuevamente el objetivo señalado, esto es, que se abone una cantidad a una determinada empresa o a un amigo, bajo la forma de un montaje de pugna judicial, con la complicidad de los siempre inocentes Jueces y Tribunales.
10º.- Creación de Entidades, organismos, corporaciones y demás caníbales del presupuesto público. No hay mejor fórmula para colocar a los colegas que la creación de un organismo habilitado para tal fin. Nadie sabe sus funciones ni tiene ningún sentido su existencia, pero los ciudadanos tenemos que tragar este tipo de decisiones políticas.
Aquí me paro, para no deprimirles.
Convendrán conmigo que las posibilidades son muchas de disponer del dinero público para fines ajenos al mismo, razón por la cual los ciudadanos necesitamos unas instituciones independientes al poder político que velen por el imperio de la ley. Esas mismas a las que el político corrupto, si no las encuentra ya dóciles, exige siempre que se le arrodillen, para poder satisfacer todos sus deseos.
Alberto Serrano Patiño.
Ex Concejal del Ayuntamiento de Madrid
Funcionario de Carrera. Letrado.
Docente y escritor.
