Hace dos semanas, cayó en mis manos una solicitud de escolarización (aquí en Baleares) y en la parte de la firma decía lo siguiente: “Mediante la firma de esta solicitud, hago constar que conozco y respetaré el proyecto educativo y el proyecto lingüístico y, si procede, el carácter propio de los centros que he seleccionado, que a la vez respetarán los derechos de los alumnos y las familias reconocidas en la Constitución y las leyes”. Llegados a este punto quiero llamar la atención a dos palabras que según el uso están ligadas, proyectos y leyes que, además, son mencionas con asiduidad como, por ejemplo, Proyecto de Ley. Pero el que una ley autorice un proyecto no significa que sea en favor del bien que busca proteger, en este caso la nación española.

El proyecto lingüístico al que se refiere esta solicitud está contenido en la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de les Illes Balears. Si uno lee esta ley, verá cuál es el proyecto lingüístico y cómo su desarrollo ha sido amparado por diferentes leyes. Desde el Estatuto de Autonomía hasta la Constitución, ambos dan amparo legal a un proyecto que busca, por medio de la lengua, la balcanización de España. También es curioso, pero eficaz, que dicho proyecto lo pongan en práctica los centros educativos, como se recoge en el apartado 5 del artículo 2: “Para garantizar el derecho a la educación de todas las personas en condiciones de igualdad de oportunidades, el Gobierno de las Illes Balears, junto con los consejos insulares y los ayuntamientos, promoverá una red integrada de servicios de salud, sociales, comunitarios y de programas de apoyo y refuerzo, con criterios profesionales, para dar respuesta a las necesidades sociales, de salud, culturales y educativas del alumnado. La intervención de la red integrada se realizará en coordinación con los centros educativos y preferentemente en los mismos centros.”

Son los centros educativos, intervenidos por las autoridades gobernantes, los que desarrollarán los proyectos educativos, asegurándose de que los alumnos sean obligados a usar una lengua que no es la materna, como es el caso de los hispanohablantes, con el consiguiente retraso en su aprendizaje, por no hablar de la comunicación entre los centros y los padres, que suele ser en catalán. Sonada fue la creación de la Asamblea de Docentes promovida por sectores sediciosos para que no se tocara la imposición del catalán en el sector público, y más concretamente en la educación, volviendo hoy a la carga después de que el gobierno del PP anunciara, de forma tibia e insuficiente, su programa de elección de lengua para aquellos centros que así lo desearan. Llegados a este punto, volvemos al principio, porque para revertir esta situación se tendrían que abrogar todos estos proyectos, leyes y estatutos de autonomía, sin olvidarnos de la Constitución y sus interpretaciones.

Francisco Dalmau