El jaleo comenzó con una pacífica sentada el primer viernes de este mes en el Boulevard Mohamed V, en Castillejos, Fnideq. Sentada que contravenía las restricciones provocadas por la pandemia del Sars-Cov-2. Había sido convocada a través de las redes sociales y disuelta por las fuerzas de seguridad tras una veintena de heridos (seis de ellos policías) y unos cuantos más detenidos. Los sedentes ciudadanos marroquíes lo que querían era sólo una cosa: que se volviera a abrir la frontera con Ceuta. Y es que desde que se cerró esta por decisión del Gobierno marroquí, hace un año, los varios miles –unos 15.000– de marroquíes que pasaban a la ciudad española a realizar diversos trabajos: servicio doméstico, construcción, fontanería… se han quedado sin su sustento. Un sustento con el que vivían bien, o al menos vivían, en su país. Algunos hasta ahora, al estar afiliados a la Seguridad Social –de España–, tenían alguna ayuda. Pero eso también se ha acabado.

El cierre de la frontera también ha hecho que el dinero que los ceutíes se dejaban en la zona marroquí deje de rentar a los comercios de alimentación –ya señalamos aquí a modo de ejemplo cómo había sido requisado el pescado comprado en la frontera–, de hostelería, mecánica… De modo que la situación se fue agravando poco a poco, hasta el punto de tener muchos que vender sus muebles para comer, intentar pasar a nado a zona española o incluso el suicidio. Explotando todo esto el mentado viernes con la manifestación y posterior tumulto al grito, según medios marroquíes, de ¡Abrid la frontera!

Como vemos, la asfixia económica que nuestro expansivo vecino del sur está ejerciendo contra las ciudades autónomas, como también se ha comentado aquí, no afecta sólo a ceutíes y melillenses. Pero el Gobierno español sigue sin mover ficha, de modo que ya se oyen algunas voces, de momento tímidas, que apuntan a la posibilidad de saltar por encima del Gobierno y solicitar directamente a la UE el ingreso al espacio Schengen de las ciudades autónomas, lo que ayudaría seguramente a regular el tráfico comercial y humano en la zona y cortaría un tanto las impunes alas a Marruecos. Las ciudades españolas necesitan ayuda, toda la posible, y medidas y acuerdos eficaces y contundentes. Pero el Gobierno español sigue echando balones fuera. Como hace con la cuestión saharaui, de la cual se desentiende descaradamente a pesar de que España, independientemente de su Gobierno, tiene una gran responsabilidad internacional con el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental. Cosa que recientemente ha negado el Gobierno español, en respuesta parlamentaria a Ciudadanos, ya que considera que dado que en 1976 España se retiró del territorio y envió una misiva por medio del representante permanente de España ante las Naciones unidas el 26 de febrero de ese año al secretario general de Naciones Unidas, España no tiene ninguna responsabilidad de carácter internacional. Cosa con lo que no está de acuerdo ni Naciones Unidas, ni Marruecos, que no quiere dejar de involucrar a España, ni el pueblo saharaui. Es más, ya en su dictamen del 29 de enero de 2002 Hans Corell, consejero jurídico de la ONU, reconoció la nulidad de los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, afirmando que «el Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente». Y apostillando que «Marruecos no figura como la Potencia administradora del Territorio en la lista de Territorios No Autónomos de las Naciones Unidas».

Por otro lado, la Comisión de Descolonización de Naciones Unidas mantiene que la situación actual de España es la misma que la existente antes del 14 de noviembre de 1975. Es decir, que la responsabilidad jurídica e internacional de España en el Sáhara Occidental no se ha esfumado. Por eso tampoco admite la ocupación marroquí del territorio, ya que éste no tiene derecho a ello –desde el derecho internacional, ya hemos visto que por vía de los hechos sí–. La única potencia que tiene derecho sobre el territorio, como potencia administradora, es España. Pero no lo dice sólo la ONU, es que el propio Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, en el auto nº 40 del 4 de julio de 2014, dejó clara su «conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal respecto a que España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora del Territorio, y como tal hasta que finalice el periodo de descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas». Como también indicamos aquí hace poco. Mientras el pueblo saharaui no celebre su referéndum de autodeterminación o mientras Marruecos no se anexione definitivamente el territorio, España, le guste o no a sus Gobiernos, es la potencia administradora.

Aun así el Gobierno español sostiene que su postura es «constante» –en realidad es la constante de los diversos Gobiernos que desde 1978 hemos tenido–, es decir, una constante nada; y afirman que dicha postura se resuelve en «una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable tal y como establecen las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad y en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas».

Es precisamente esta constante lo que está resultando tan perjudicial tanto a Ceuta y Melilla (y Canarias) como al Sáhara Occidental. Una constante nulidad, imprudencia, dejadez e irresponsabilidad política que desde DENAES no podemos dejar de denunciar, pidiendo al Gobierno español que agarre al toro por los cuernos en el cumplimiento de su deber tanto con sus territorios y sus ciudadanos, allá donde estén, como con aquellos que son sus protegidos, dejados de la mano del derecho de la fuerza de otros.

Emmanuel Martínez Alcocer