La inmigración se ha convertido en el primer problema de los españoles. Cuando la preocupación era el paro, los precios de la lista de la compra, el pago de la cuota de autónomo o la necesidad de una vivienda digna, vemos como las políticas de fronteras abiertas han creado una gran alarma en la ciudadanía española.

Según los datos del Consejo de la Unión Europea hasta mayo de 2024 hay 27.770 llegadas irregulares. En enero de este mismo año el número de inmigrantes irregulares que residen sin nacionalidad española es de 6.5 millones de personas.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha encargado de seguir financiando la inmigración ilegal. Mientras que a las familias españolas se les hace cuesta arriba llegar a fin de mes. Los que nos gobiernan destinan 98 millones de euros a la alimentación de los que entran sin llamar a la puerta. Un primer contrato de más de 63 millones y un segundo superando los 34 millones de euros. Ambos acuerdos gestionados con la empresa de Transformación Agraria Tragsa, un grupo de capital social íntegramente público por las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec, para alimentar los inmigrantes en los centros de acogida en Tenerife los próximos doce meses.

Otra partida de 20 millones de euros para que las Comunidades Autónomas atiendan a 400 inmigrantes ilegales sabiendo que cada vez son más los que están accediendo a nuestro país. Añadimos 36.000 euros al año por cada menor extranjero no acompañado que sea acogido.

Seguimos sumando en la calculadora política porque para pagar los vuelos donde los ilegales son trasladados a la Península, Sánchez destina 4,2 millones de euros, gastando a su vez solo en cinco meses 170 millones de euros en alojamiento para los mismos. Siendo estos en su mayoría hoteles de cinco estrellas con todo lujo.

Este Gobierno Frankenstein ha dado un mensaje de manera reiterada a aquellos que quieren venir a esta nación como si de una agencia de viajes se tratara, venir a España con un “Todo incluido”, alojamiento, manutención y viaje todo ello pagado con el dinero de todos los españoles.

El problema no está solo en la cantidad de dinero destinado para estos irregulares. Sino en la inseguridad que sentimos por las conductas de muchos de estas personas. Los datos del Ministerio del Interior son claros en su último informe sobre delitos contra la libertad sexual. Entre 2016 y 2022 han crecido un 75% y las agresiones por penetración se han incrementado en un 138% entre las mismas fechas.

Este mismo año 15 países de la Unión Europea endurecían su postura migratoria para resolver dicho problema. El Gobierno portugués anunciaba un nuevo plan para endurecer las reglas de inmigración. Un extranjero con visa de turista ya no podrá solicitar la residencia en Portugal. En cambio en España con las políticas actuales solo se está creando un efecto llamada que acabará con unas consecuencias nefastas para toda nuestra población. No mejoran el Estado de bienestar dado que la inmigración ilegal no es una necesidad.

A este Gobierno no le parece suficiente, Pedro Sánchez regala 300 millones de euros en su visita a Mauritania para combatir la inmigración irregular cuando está financiando continuamente el plan de las mafias de tráfico de personas acarreando gravísimas consecuencias fruto del descontrol de nuestras fronteras. En definitiva, pagamos para que vengan y a su vez para que no vengan. 

Patricia Rodríguez Corchado