Intervención de Amaia Martínez en la jornada «Memoria histórica. Historia impuesta», celebrada en Vitoria el 9 de julio de 2022:

Buenos días, muchas gracias por compartir este importante momento con nosotros.

El 1 de julio de 1997 la Guardia Civil acabó con el secuestro más largo e infame de la historia de ETA. Aquel día acabó la tortura a la que la banda criminal sometió a nuestro fundador y compañero Jose Antonio Ortega Lara, símbolo vivo de la resistencia ante el terrorismo, símbolo también de resiliencia y vitalidad tras 532 días enterrado en un inmundo zulo en Mondragón.

Y mañana se cumplen también 25 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua al que ETA asesinó dos días después. Aquel chantaje de ETA y su entorno, la respuesta social y la ejecución de las amenazas de los terroristas, marcaron un antes y un después en la historia de España y de esta región, supusieron un punto de inflexión en la respuesta política, policial y ciudadana contra el terrorismo.

Aquí todos sabemos quiénes son Jose Antonio Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco, pero fuera de este palacio de congresos son mayoría los jóvenes, incluso universitarios, para los que ambos nombres no significan nada. No saben qué sucedió, desconocen qué organización criminal secuestró y asesinó, ignoran hasta los detalles más gruesos y tenebrosos de lo que ocurrió en el País Vasco hace tan solo 25 años.

Y no es casual que así sea. Es el fruto de años de desmemoria, una tarea en la que se han empeñado nacionalistas e independentistas violentos, a la que se ha sumado el PSOE de Sánchez, para que ETA vaya desapareciendo de la memoria colectiva, para que sus crímenes parezcan propios de películas de ficción, para que quienes entonces señalaban víctimas y aplaudían asesinatos queden limpios de culpa.

Limpios de culpa a pesar de que, en este mismo momento, esa misma gente sigue considerando legítimo el uso de la violencia para la obtención de sus fines políticos, sigue victimizando y homenajeando a asesinos, secuestradores y extorsionadores, sigue nutriendo sus filas de expresos de ETA que aún justifican lo sucedido durante años de sangre y terror en el País Vasco y en el resto de España.

Ahora, quienes blanquean para que olvidemos, para que los más jóvenes no lleguen a saber quiénes segaron la vida de cientos de personas, quiénes condicionaron la de miles más, se descuelgan con un homenaje en Ermua para mayor gloria del sanchismo, un acto del que se pretendía apartar a la hermana de Miguel Ángel y al que se había invitado a EH Bildu.

Como ya sabéis, nosotros no vamos a estar ahí, no vamos a participar de esa fiesta de la confusión, pero sí vamos a recordar a Miguel Ángel Blanco, también a nuestro compañero Jose Antonio, como lo estamos haciendo ahora mismo en este espacio para la memoria de verdad, para la historia real. No estamos dispuestos a compartir escenario con quienes elevan a los herederos de ETA a la categoría de socios de gobierno sin pedirles nada a cambio, por pura debilidad y necesidad, para seguir ocupando ministerios y volando en Falcon.

Y también habría que preguntarse por qué este desembarco de personalidades ahora, en el 25 aniversario, cuando hemos vivido otros previos sin pena ni gloria, una contribución más de las instituciones vascas, del nacionalismo y del sanchismo a la desmemoria generalizada. Actúan como si todo pudiera hacerse, y no todo vale, no.

 

A finales de la década de los 50 ETA cometió su primer asesinato. En los tiempos de la transición, cuando aprobamos la Constitución Española y después el Estatuto de Guernica, sus muertos se contaban ya por decenas, casi 200. A nadie debería caberle la menor duda de que la banda criminal es parte de nuestra historia, de la historia de esta región y de España. Su impacto ha sido más que notable, tanto aquí como en el resto de nuestro país, pero esa alianza que denominamos “los cuatro del cordón” ha decidido eliminarla de la historia y de la memoria colectiva.

Entre “los cuatro del cordón” -PNV, PSOE, Podemos y EH Bildu- están cocinando en el País Vasco su particular ley de “Memoria histórica y democrática”, esa en la que se olvida a ETA, esa que divide a la ciudadanía entre buenos malos, entre sus buenos y sus malos. Y son los mismos que en el Congreso de los Diputados avalarán con su voto otra ley más para el enfrentamiento interesado entre españoles, esta de nombre “Ley de Memoria Democrática”, como la vasca, para la construcción de una determinada memoria, para reescribir y reinterpretar nuestra historia. Y, como podéis imaginar, ahí no va a estar VOX.

De hecho, esta jornada, además de ser una forma de celebrar el segundo aniversario de la llegada de VOX al Parlamento Vasco, es un acto de resistencia ante la imposición de un relato que nada tiene que ver con lo que realmente ha sucedido en España desde 1936. Estamos aquí para reflexionar, para debatir, para defender la historia real y el trabajo de los historiadores de verdad, para animaros a que mantengáis vivo el debate en la calle, para que no nos demos por vencidos y se les complique ganar esta batalla.

El proyecto de ley vasca de Desmemoria -me niego a llamarla de memoria histórica- es un ejercicio de irresponsabilidad que van a pagar las generaciones presentes y futuras, las que sustentarán sus conocimientos históricos en una ley revanchista, en una revisión tergiversada y castrada de lo que se ha vivido en esta región  y en España desde el final de la Guerra Civil.

Es una ley que persigue la consolidación de bandos enfrentados, que trata a la ciudadanía como una amalgama de personas sin capacidad de análisis ni decisión, como un rebaño de borregos al que hay que descubrir la verdad de las verdades, la verdad irrefutable… corderos sin cerebro a losn que hay que decir qué ha de recordar y qué deben borrar de su memoria. Es una ley para manipular recuerdos y conciencias.

Con la imposición de este relato, los promotores de esta norma y quienes a buen seguro la van a apoyar, van a hacer muy difícil la convivencia normalizada entre personas que quieren mirar hacia delante y no regodearse en un pasado del que deberíamos aprender, pero aprender de lo que realmente ocurrió y no sólo de aquello que el Gobierno Vasco y la izquierda progre y violenta pretenden que recordemos.

La pretendida “construcción de una determinada memoria”, el olvido de la actividad terrorista de ETA hasta el año 1979, los cambios de fechas del primer proyecto al que finalmente se está tramitando, el sistemático borrado de vestigios históricos y la cortina de humo legal con la que se pretenden esconder las barbaridades cometidas por “el bando republicano y afines”, son razones de peso para rechazar esta norma, para batallar contra una imposición así.

 

Iván Vélez, compañero y amigo al que pronto vamos a escuchar y que hace meses compareció en la comisión parlamentaria en la que se tramitaba el proyecto de ley en cuestión, recordó con tino que “la historia es el conjunto de sucesos o hechos de muy diversa índole de un pueblo o una nación -hechos y sucesos políticos, culturales, económicos, sociales…-. También es historia el conjunto de acontecimientos ocurridos a alguien durante su vida o durante una parte de ella”. Y en esa comisión insistió en lo evidente, en que es a los historiadores a quienes corresponde la reconstrucción de la historia a través del estudio y análisis de sucesos y acontecimientos, a través de documentos, de relatos y de vestigios.

En ningún caso es una tarea reservada a políticos con ideologías muy definidas e intereses particulares perfectamente definidos, como es el caso de los promotores de los promotores tanto de este proyecto de ley como del que pronto pretenden convertir en ley en el Congreso de los Diputados. Y no es una cuestión menor que en ambos casos coincidan todas las siglas, destacando las de un PSOE dispuesto a entregar España a quienes pretenden destruir nuestro país.

Con el apoyo de sus incondicionales, entre los que destacan medios de comunicación que han hecho del falso progresismo su seña de identidad, que se han sumado a la imposición generalizada de un falso relato, han normalizado la imposible alianza entre dos conceptos que poco tienen que ver entre sí, los de memoria e historia.

La memoria es aquello que una persona o un grupo de personas recuerda de un determinado periodo de la historia, recuerdo condicionado por sensibilidades, por sentimientos, por el impacto de momentos concretos, también por las maniobras y manipulaciones que de la historia hacen políticos interesados e irresponsables, como es el caso que nos ocupa.

Por otro lado, la historia es un concepto objetivo, fruto del análisis riguroso de acontecimientos, documentos y vestigios. Sin sesgo, mientras la memoria es un concepto fundamentalmente subjetivo, siempre ligado a circunstancias personales no necesariamente ligadas al relato histórico.

Pese a la contundente evidencia, el Gobierno Vasco escribe negro sobre blanco su pretensión de construir una determinada memoria, de una verdad irrefutable, la suya, parcial e interesada, absolutamente subjetiva… una memoria que pretenden regular por ley, convirtiendo en ilegal toda memoria que no se corresponda con la suya, aunque esta esté ligada a acontecimientos históricos objetivos y demostrables.

Pretenden elevar al rango de ley una verdad contra la que no cabría disensión. La verdad de quienes hoy se erigen en víctimas de un régimen que muchos de ellos ni siquiera han vivido o padecido, que no han sufrido, del que sólo quieren saber lo que les interesa saber, lo que alimenta su propaganda partidista. Su supuesta verdad en realidad no lo es, entre otras cosas porque se basa en historia retorcida, manipulada y plagada de lagunas debido a los olvidos flagrantes y teledirigidos en los que se basa.

Y esto nos sitúa ante la más insultante omisión, una prueba irrefutable del esfuerzo de nacionalistas, socialistas y progres el blanqueamiento de ETA, de su empeño en el olvido de Jose Antonio Ortega Lara, de Miguel Ángel Blanco y de tantas otras personas víctimas del terrorismo etarra.

ETA irrumpió en nuestras vidas en el periodo al que se refiere esta ley, a finales de la década de los 50, y ese es un hecho histórico irrefutable que debería estar presente en la memoria colectiva, en todo relato histórico y en toda ley que pretenda salvaguardar nuestra historia y reconocer a las víctimas. ETA asesinó a decenas de personas antes de que muriera Franco, antes de que fuera aprobada la Constitución española, antes de que los vascos aprobaran el Estatuto de Gernika.

Y permitidme aquí un paréntesis, porque inicialmente el periodo de tiempo al que hacía referencia este proyecto de ley era la aprobación de la Constitución, fecha posteriormente modificada para ampliarla hasta la aprobación del Estatuto vasco de Autonomía, para remarcar el perfil vasco de la norma, porque para el nacionalismo vasco nuestra Constitución es poco más que un accidente no deseado, porque entre sus objetivos está también el de desligar el Estatuto y todo el entramado institucional de esta región de nuestra Carta Magna.

Dicho esto, vuelvo a la flagrante ausencia de ETA y de sus víctimas de nuestra historia reciente. Los asesinatos, los secuestros, las amenazas, la extorsión, las algaradas callejeras, los sabotajes, el clima de terror que padecimos durante décadas, también antes de 1979, sin duda han condicionado la vida de miles y miles de personas, un lastre para la convivencia en democracia en esta región y en el conjunto de España que, de una forma absolutamente obscena, se pretende sacar del foco, a ver si con el paso del tiempo pasa a caer en el más absoluto olvido.

En el proyecto de ley en cuestión se habla del derecho a la justicia, se alude a personas que se vieron obligadas a huir del País Vasco víctimas de persecución política, pero obvian cualquier referencia a las muchas atrocidades cometidas por ETA antes de la implantación del régimen democrático en España, olvidan a las muchísimas personas que abandonaron esta región para evitar ser asesinadas, torturadas, secuestradas o extorsionadas… víctimas todas ellas de la más salvaje persecución política sufrida en nuestro país, en España, en el que lo es de todos.

ETA es historia negra del País Vasco. ETA ha sido causante de un enorme sufrimiento en toda España. ¿A alguien le cabe en la cabeza que una ley que dice pretender aportar verdad, que dice querer hacer justicia a las víctimas de violaciones de derechos fundamentales por razones políticas… no dedique ni un párrafo a la banda criminal y a sus cómplices?

Pero aquí no terminan los olvidos premeditados… hay más y ni uno solo inocuo.

 

Para la construcción de esa desmemoria ha sido, es y será una herramienta de valor incalculable el borrado de cualquier vestigio del pasado que se pretenda manipular. Y el borrado de vestigios ha sido una práctica habitual, estuvieran o no ligados al franquismo -si es que se puede hablar de franquismo como un todo homogéneo-, que padecemos desde hace décadas y que esta norma pretende elevar a la categoría de legal.

Ahí tenemos a los cachorros de EH Bildu, mal avenidos entre ellos, la mayoría nostálgicos de los años del horror, eliminando cruces en los montes vascos tras tacharlas de franquistas, aunque sean previas a Franco, aunque nada tengan que ver. Y cabría preguntarse qué hacen las instituciones vascas, que hacen en la Consejería de Seguridad para encerrar en prisión a los responsables de esta destrucción interesada de vestigios para la imposición de un relato falso.

Esa misma gentuza se citó en Barakaldo, en la Dársena de Portu, para derribar una cruz más, ésta en memoria de las víctimas de sendos ataques contra el buque Cabo Quilates, uno de ellos sí perpetrado por fuerzas nacionales, pero el otro por el bando contrario. Con el aval del gobierno local, convirtieron la cruz en símbolo franquista y procedieron a su borrado. Y ahora permanece tumbada y destrozada en el fondo de la Ría del Nervión.

Y ¿por qué digo que avalada por el gobierno local? porque el Ayuntamiento de Barakaldo había tenido la brillante idea de derribar el vestigio y sustituirlo por paneles informativos…. un despropósito para contar la historia como se ha de contar, como decían los impulsores de tal iniciativa, cuando en realidad lo que pretendían era una burda manipulación de nuestra historia.

Vamos, imagino a socialistas y nacionalistas vascos, respaldados por los innombrables y la oposición dentro del Gobierno de España, aconsejando a las autoridades polacas el derribo del campo de concentración de Auschwitz para colocar en el solar una sucesión de panales informativos y así contar bien la historia de lo allí vivido y sufrido.

 

Además, tal y como en la comisión parlamentaria a la que antes me he referido, historiadores casi de todo tipo y condición pusieron de manifiesto que la que serça ley vasca de desmemoria olvida cualquier referencia, por ejemplo, a las atrocidades cometidas por el bando republicano, al que se pretende elevar a una suerte de tropas heroicas, víctimas de la violación de derechos humanos que, a tenor de lo que refleja esta memoria construida, sólo se produjo en una dirección.

Es más, en el texto del proyecto se defiende la eliminación de todo vestigio, de toda simbología que pudieran ser contraria a la “legalidad republicana”, referencia a la Segunda República, de nuevo elevada al rango de verdad y legalidad incuestionable, además de ser un momento histórico previo al rango temporal al que se ciñe la norma que este Gobierno pretende sacar adelante. Por cierto, un periodo de tiempo no exento de turbulencias, traiciones y golpes de estado… pero de todo eso mejor no hablar si lo que pretenden es reconstruir la historia.

Y en esta anunciada campaña de eliminación de todo símbolo o vestigio contrario a esa pretendida “legalidad republicana”, cabría preguntarse si es simbología franquista sólo los escudos o también los edificios en los que se encontraban y que fueron levantados en plena dictadura, si son los pantanos, la obra social… Cabría preguntarse si toda persona que ocupara un cargo público entre el 36 y el 79 ha de ser catalogada como franquista, si lo fueron también sindicalistas y responsables de empresas públicas.

En definitiva, no cabe duda alguna de que con este movimiento el Gobierno Vasco hará realidad una ley para la división entre españoles, dirigiendo el dedo acusador hacia unos y victimizando a otros, para el enfrentamiento entre ellos mediante la reinterpretación de nuestro pasado, para consolidar una verdad que no lo es, negando la condición de víctima y su reconocimiento como tal a quienes ni entonces ni hoy comulgan con su falso progresismo, a quienes seguimos siendo inmunes a su irresponsable y muy peligrosa propaganda.

 

Me atrevería a asegurar que todas las personas que hoy nos hemos citado aquí defendeos el papel protagonista de la historia, sea o no de nuestro agrado. Abogamos por dejar hacer a los historiadores, que analicen y estudien hechos, sucesos, símbolos, documentos y vestigios, también relatos… para la reconstrucción de lo que realmente sucedió, para evitar que políticos sin escrúpulos escondan realidades para promover e imponer su particular verdad, que de parcial que es podría considerarse una gran mentira.

Para los historiadores la historia y para las personas la memoria. Dejemos de considerar a la ciudadanía como un rebaño de borregos que necesitan que les digamos qué han de recordar y qué han de olvidar. Empecemos a tratar a la gente como personas inteligentes, con capacidad para interpretar la historia, para analizar hechos y sacar conclusiones. Luchemos contra quienes pretenden imponer su mentira.

La historia para los historiadores, pero toda la historia, no sólo aquella que nos suena bien. Y la política para los políticos… Pero estos no renuncian a utilizar su poder y sus medios para imponer sus relatos. Así, se avecina una avalancha de leyes de memoria histórica, todas cortadas por el mismo patrón.

¿Queremos verdad? Pues recurramos a quienes son capaces de encontrarla entre las telas de araña que tejen las ideologías. Y una vez encontrada, dejemos a cada cual que interprete, evitemos que sea modelada con cada cambio de gobierno, comprometámonos con ella. Tal vez así evitemos que los libros de texto sean utilizados por comunidades autónomas como la vasca para que las nuevas generaciones, las más indefensas, comulguen con postulados nacionalistas y secesionistas basándose en el revisionismo histórico y en la manipulación de la verdad. Tal vez así consigamos que Jose Antonio Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco sigan presentes entre nosotros, quizás así blindemos nuestro presente ante las ansias violentas de los herederos del terrorismo.

Hoy celebramos nuestro segundo aniversario en el Parlamento Vasco con personas que van a arrojar mucha luz sobre todo lo que acabo de apuntar.

Ernesto Ladrón de Guevara, para profundizar en una cuestión de enorme relevancia, pero de la que poco se habla… de la manipulación de la historia en el ámbito educativo, moldeando conciencias cuando estas son moldeables, manipulando mentes y memoria.

Iván Vélez se adentrará en el concepto “amnesia”, pero no accidental sino absolutamente programada, para después compartir debate con Ana Velasco, compañera y víctima de ETA, una de esas personas a las que la ley de la que he hablado quiere borrar de la historia, con Iñaki Arteta, un vasco que se atreve a decir lo que en el País Vasco tanto se ha callado, y con Daniel Guardiola, amigo y compañero con el que el Grupo Mixto-VOX comenzó a caminar y al que ayudó a ser lo que hoy es.

Y para poner el colofón a esta jornada por la historia de verdad contamos con la presencia de una de las personas más conocidas de VOX, con un hombre al que siempre es un placer escuchar y que apenas necesita presentación. Iván Espinosa de los Monteros nos trasladará la visión nacional, conocedor de los reiterados pactos de la vergüenza de Sánchez con EH Bildu y otras formaciones antiespañolas y dudosamente democráticas.

Muchas gracias a todos por haber atendido nuestra llamada y muchas gracias a todas las personas que os habéis citado esta mañana de sábado aquí, en este acto de la Fundación DENAES y VOX para reivindicar la verdad, la justicia y la igualdad de todos los españoles.