Tenemos bastante claro que los índices de progreso social y económico alcanzados en los últimos siglos, especialmente en Europa, ha sido fruto de un Estado de Derecho sólido, que garantizaba seguridad jurídica, con los consiguientes derechos y obligaciones de los ciudadanos, potestades y responsabilidades de los poderes públicos.

El también llamado Imperio de la Ley es producto de una evolución histórica que arranca, desde luego, de los grandes jurisconsultos del Derecho Romano. Al final de este artículo, confiando en que su espíritu nos ilumine, les hablaré de uno de los más grandes: Gayo (cuya estatua, en la imagen, flanquea la entrada del Tribunal Supremo en la Plaza de París de Madrid).

El Estado de Derecho exige instituciones sólidas que garanticen la división de poderes (esas que nuestro Presidente va arrasando paulatinamente para convertirlas en vasallas) pero también leyes claras, precisas, sistematizadas; en definitiva, técnicamente correctas (justo lo contrario de lo que vamos aprobando últimamente).

Pues bien, el pasado 14 de octubre el Consejo General del Poder Judicial  hizo público un informe en el que se ponía de manifiesto que los órganos judiciales habían resuelto en el segundo trimestre de este año más de un 20% de asuntos respecto del mismo periodo del año pasado, reflejando una tendencia alcista paulatina en la conflictividad judicial absolutamente insoportable.

A los datos escandalosos, que nos siguen aupando como el país de toda la Unión Europea con mayor tasa de litigiosidad por número de habitantes, se suma que la plantilla de jueces sigue siendo muy escasa. En España hay aproximadamente 11 jueces/100 mil habitantes, mientras que la media de la Unión Europea es de 17/100 mil habitantes. Lo que supone dilaciones indebidas judiciales socialmente insostenibles.

Estos datos que nos hacen vergonzosamente ocupar el furgón de cola de la Unión Europea nada tienen que ver con ninguna maldición divina, o el carácter peleón hispano, o un regusto a las controversias con el vecino. Antes al contrario, acuérdense del anónimo popular “pleitos tengas, aunque los ganes”. El factor de este nivel alto de litigiosidad es claro: la deficiente técnica legislativa. Vivimos en una etapa jurídica de auténtica locura por distintas razones. Les apunto algunas:

  • La normativa europea en forma de Directivas que hemos de trasponer a nuestro derecho interno, se lleva a cabo de forma literal, casi como si fuera una traducción sacada del google, sin la necesaria armonización con la normativa nacional. A partir de aquí son cientos los pleitos resultantes en materia de consumo, laboral, etc. Recuerden que la mayoría de las leyes que se aprueban en la actualidad en el Parlamento español son transposiciones de normativa comunitaria.
  • Las normas que surgen de nuestros parlamentos patrios, ya estatales ya autonómicas, son panfletos políticos, y así el tradicional cuerpo funcionarial que se ocupaba de la redacción de las leyes, los Letrados de Cortes, han sido desplazados de forma exabrupta por los propios asesores de los partidos políticos en la confección de las normas. Y así como estos han destrozado Cajas de Ahorro, Universidades, de la misma manera han reventado la fábrica de producción normativa. Muchas veces los tiros legales salen por la culata (sino que se lo cuente la ex Ministra Irene Montero con su Ley del Sólo sí es sí).
  • La política tal como se entiende hoy día es vender mucho humo, por lo que se ha generado una auténtica diarrea legislativa insoportable. Hay regulación sobre una cosa y la contraria de tal manera que llega un punto que es ordinario los cepos legales, esto es, aquellos que se producen cuando una cosa está prohibida y la contraria también, tal como pasa mucho en sectores especialmente intervenidos como la construcción o el comercio interior.

Hay que terminar siempre con optimismo. Antes les mencionaba al jurisconsulto Gayo, del cual se desconoce prácticamente todo sobre su vida personal (nombre completo, procedencia, etc) salvo que se desarrolló en tiempos de los magnos emperadores Antonino Pío y Marco Aurelio, pero que gracias al códice palimpsesto del siglo V descubierto en la biblioteca de Verona en el siglo XIX, se pudo acceder casi íntegramente a una de sus obras principales: Las Instituciones.

Fíjense en su importancia; en la estructura de su obra se basó el Código Civil Francés o Napoleónico, vigente en la actualidad, y sirve de modelo también a nuestro actual Código Civil de 1889, es decir, que los esquemas del derecho romano para ordenar la vida de sus ciudadanos, tal como los tenía sistematizados Gayo, perviven hoy día. ¡Menuda técnica normativa!

Un personaje enigmático, Gayo, (sobre el cual incluso algunos romanistas han dudado que verdaderamente fuera un hombre y se ha llegado a plantear la hipótesis de que hubiera sido una mujer), en cuya obra se sustentan los pilares de los modernos Estados de Derechos Continentales Europeos y en cuya inspiración esperemos resurja nuevas políticas codificadoras, y que por personas versadas, nos dotemos de textos completos que recojan toda una normativa sistematizada y ordenada, acabando con el caos legislativo actual. Si así fuera cesaría bastante el índice de litigiosidad tan alarmante que sufrimos. No creo que sea tanto pedir a un país del talento de nuestra querida España.

Alberto Serrano Patiño.

Ex Concejal del Ayuntamiento de Madrid

Funcionario de Carrera. Letrado.