El último paso del Gobierno sanchista para demoler de manera definitiva nuestro quebrantado Estado de Derecho se ha dado esta semana desde el mismísimo Consejo de Ministros. En efecto, el Ejecutivo ha aprobado la reforma para atribuir a la Fiscalía la competencia sobre la instrucción de los delitos y la dirección de la policía judicial, con la consiguiente propuesta de modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de la Ley de Enjuiciamiento criminal. El Congreso de los Diputados, finalmente, decidirá en breve sobre su aprobación definitiva.

Recordarán la lapidaria frase del Presidente Sánchez: «¿De quién depende la fiscalía? Pues eso». Obviamente, del Gobierno, a través de su Lacayo Mayor, esto es el Fiscal General del Estado, y careciendo de total y absoluta independencia en el ejercicio de sus funciones, nos convertiríamos de facto en un Estado policial, en el que se perseguirían sólo los hechos que al Gobierno de turno pudiera considerar delictivos y frente a los ciudadanos que así lo deseara, con detenciones, prisiones provisionales, etc. Da bastante miedo.

Toda la comunidad jurídica española, no sabemos ya como clamar para que los ciudadanos se enteren de lo que nos puede venir encima, sentimos un atroz complejo de Casandra, que supone vislumbrar con claridad un futuro atroz pero ser incapaz de transmitirlo a los demás, que no alcanzan a tomárselo en serio, con la consiguiente insoportable angustia. Acuérdense que, por no creer a Casandra, los troyanos introdujeron el mítico caballo de madera cavando de esta manera su propia tumba. Así vamos nosotros.

El problema de fondo es, sin duda, el negacionismo de la ciencia jurídica, propio de la izquierda patria, que ha calado socialmente y está arrasando los pilares básicos del Estado de Derecho, con todas las consecuencias que ello implica. Como es sabido, a los adoradores de la ciencia sólo les interesa ésta como argumento de autoridad, aparentemente incuestionable, cuando refuerza sus propios dogmas ideológicos, conforme al clásico refrán castellano, «quien no reza a Dios, lo hace a cualquier santo».

Vamos a explicar dónde estamos. El Estado de Derecho no es hoy día un concepto que meramente suponga que se cumplan las leyes dictadas, sino que tiene unas implicaciones más ambiciosas. La expresión se atribuye al jurista Von Mohl para definir a aquel Estado, que se forja durante el siglo XIX de fondo liberal, contrapuesto a toda clase y especie de estados absolutos, feudales, dictatoriales, totalitarios y autoritarios.

Sentada la anterior premisa, en el imprescindible libro Estado de Derecho y Sociedad Democrática, del recientemente fallecido constitucionalista, Elías Díaz, se razonaba que un auténtico Estado de Derecho, debería reunir cuatro notas básicas: división de poderes, imperio de la ley, responsabilidad de los poderes públicos y finalmente respeto y garantía de derechos humanos fundamentales.

Si les parece vamos a repasar estos pilares del Estado de Derecho para ver cómo estamos de salud como si fuera un test médico:

Primera. División de poderes, según las fórmulas de unos tales: Locke, Montesquieu, Tocqueville. Obvio explicar lo que ello supone.

Sobre esta cuestión, da profunda pena la situación en la que nos encontramos; de un lado no se puede despreciar más al legislativo y su labor, llegándose incluso a afirmar que es una pérdida de tiempo presentar presupuestos, y de otro lado, no sólo no se garantiza la independencia del poder judicial, sino que abiertamente se acosa e insulta a los jueces que no siguen las indicaciones gubernamentales (y ahora se les quiere privar de las competencias sobre la instrucción de los delitos).

SEGUNDO. Imperio de la ley, como expresión de la voluntad general, según las exigencias de otro desconocido para este Gobierno como Rousseau. En la Constitución de Massachusets de 1790 se aludía a la idea del Gobierno de las leyes y no de los hombres.

En fin, tampoco es un punto que se cumple con una mínima satisfacción porque como es sabido la corrupción institucional de las Administraciones Públicas y los supuestos poderes independientes (Abogacía del Estado, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional) hacen que la voluntad/deseo de Sánchez se imponga en su interpretación caprichosa de la ley a cualquier otra consideración. Vemos estos días incluso que pretende cumplir exigencias presupuestarias de gastos en Defensa, pasando abiertamente por encima de la Ley Presupuestaria y jactándose de todo ello además, incluso delante de los socios comunitarios sin vergüenza alguna.

TERCERO. Responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos, como consecuencia de la aplicación del principio de igualdad ante la ley.

Este principio básico podemos ya encontrarlo en la oración funeraria de Pericles de 431 a. C., y que el derecho romano recogía con toda claridad en la obra de Ulpiano: «quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt», esto es: «En lo que atañe al derecho natural, todos los hombres son iguales». Pues bien, está siendo pisoteado con total impunidad por el sanchismo y puigdemonismo con: indultos, amnistías e impunidades varias decretadas por Cándido y compañía. Un bochorno que está llegando a niveles absolutamente insoportables.

CUARTO. Reconocimiento y garantías de derechos humanos fundamentales. Otro día haremos alusión a como se encuentra la propiedad privada, el derecho de educación, el derecho a la tutela judicial efectiva y el resto de derechos fundamentales. Por supuesto, la libertad personal de cualquier ciudadano que el Gobierno pudiera considerar un disidente quedaría gravemente comprometida si finalmente sale adelante su ansiada reforma legislativa en orden a atribuir a la Fiscalía la persecución de los delitos, tal como se encuentra de putrefacta desde la cúspide.

Pues bien: de todo esto dudo mucho que sea consciente el noble pueblo español, porque la gente parece empieza a aceptar que la voluntad del gobierno está investida de una autoridad soberanista que no hay norma, principio jurídico o derecho humano básico que le pueda poner freno o limitación. La ciencia jurídica elaborada durante siglos es ignorada, en el mayor ejemplo de negacionismo científico. El Estado de Derecho ya no existe o a unos niveles tan insignificantes que lo hacen irreconocible. Nuestra salud pública no pasa el test médico al que hacíamos referencia.

En definitiva, como el Plan sanchista se cumpla, dejaremos de ser ciudadanos con derechos subjetivos públicos para convertirnos en vasallos del poder. Hemos retrocedido tres siglos. Esperemos que, tengamos más suerte que la desgraciada Casandra. Yo no me resigno al menos.

Alberto Serrano Patiño.

Ex Concejal del Ayuntamiento de Madrid

Funcionario de Carrera. Letrado.

Docente y escritor