El golpe de Estado que el infame presidente Sánchez ha perpetrado contra su propio gobierno ha sumido a nuestra nación en un período de turbulencias cuyas peligrosas consecuencias son aún difíciles de calcular.

Y constatamos con tristeza según pasan los días la creciente tibieza del Sr. Feijóo y del Partido Popular a la hora de afrontar la situación cuando declara que “se habla mucho de la ley de amnistía, de independencia, de condonaciones de deudas a las comunidades autónomas que más dinero tienen y de lo que debemos hablar es más de precios, de cómo podemos bajar las hipotecas y cómo podemos llegar a fin de mes.”

Una muestra más del carácter pusilánime de la formación de la gaviota que siempre reacciona tarde y temerosamente a las acometidas de las izquierdas. Y se podría decir que es su propio miedo el que les lleva a intentar normalizar este ataque sin precedentes al estado de derecho.

La emergencia nacional que sufre España exigiría que todos los esfuerzos y toda la actividad de los partidos políticos en los que todavía pervive el sentido común y el amor a la Patria se concentrase en positivo, tanto en las instituciones como en las calles, conformando un frente común contra este gobierno autócrata que torpedea la división de poderes y arrastra por el barro nuestro prestigio internacional, poniendo en peligro una unidad territorial con más de cinco siglos de historia.

Sin embargo, los populares, que con su poder en las comunidades autónomas bien podrían haber establecido una línea defensiva con músculo administrativo y financiero que frenara la asonada socialista, están en otra cosa.

Su discurso se centra en el dinero y la desigualdad interregional, lo cual siempre ha traído sin cuidado a los secesionistas, que ni son solidarios ni se piensan iguales al resto de españoles, y que ven más cercano su objetivo, ya declarado sin ambages, que no es otro que la independencia.

Sin ir más lejos, mientras redacto estas líneas, en el debate del estado de la comunidad andaluza, Moreno Bonilla ha dado una triste réplica al portavoz Espadas, priorizando las consecuencias económicas de la sanjurjada socialista sobre cualquier otra consideración.

Ya Locke señaló el derecho a la resistencia que asiste a los ciudadanos para preservar la forma de gobierno legítimamente constituida si la autoridad no respeta o violenta la ley.

En este escenario, únicamente VOX sigue firme en la pelea, desde el respeto a lo que queda de legalidad, tal y como anunció en el Congreso, con la rotundidad de quien siempre cree en lo que dice, Santiago Abascal.

La palmaria inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que el universo jurídico y filosófico ha denunciado de forma casi unánime, es sólo una parte de este embate contra la nación y la democracia parlamentaria aprobada en 1978.

Concluyo recordando a Santo Tomás de Aquino:

“Las leyes injustas son más violencia que leyes, y por eso no obligan en el foro de la conciencia”. 

Que a nadie se le olvide.

 

Alejandro Hernández Valdés