No seremos nosotros los que defendamos una imposibilidad, esa que está implícita en la tan manida separación de poderes del Estado. Porque si estuvieran separados no serían poderes, dado que nada tiene poder ni existe separado, sino en conexión y relación con otras cosas (aunque no con todas). Ahora bien, aunque los poderes de un Estado –que tampoco se reducen a los consabidos ejecutivo, legislativo y judicial, sino que entre los ascendentes y descendentes podemos especificar hasta dieciocho repartidos en las tres capas del estado y en sus tres ramas de poder– no puedan separarse, o ser independientes, sí pueden y deben disociarse. Dado que si no pudieran disociarse o diferenciarse tampoco podríamos hablar de poderes, en plural, serían todo lo mismo. Y ya que estos poderes siempre están en pugna entre sí, buscando imponerse, es posible que unos intenten reducir a otros o tengan más fuerza que otros. Esta situación, a pesar de ser típica, de producirse puede que no siempre sea lo más prudente, o lo más eutáxico.

Decimos todo esto con motivo del alarmante escrito que tres de las cuatro asociaciones judiciales españolas –la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que representan a la mitad de jueces del país (2.500)–, a través de sus vocales, han enviado a la vicepresidenta de Valores y Transparencia y al comisario de Justicia de la Comisión Europea. En dicho escrito estos 2.500 jueces, que debemos suponer que no han dado este paso por las buenas, alertan acerca del riesgo que existe en España de la violación del Estado de Derecho –sintagma que es una redundancia, como ya se ha comentado aquí otras veces– a raíz de las últimas reformas propuestas por el Gobierno de coalición en lo referente al poder judicial.

Sabiendo que al enemigo lo tienen en casa, estos jueces aclaran a los europeos destinatarios que: «Aun sabiendo que solo en contadas ocasiones la UE se pronuncia sobre asuntos de organización, nos vemos obligados a recurrir a la Comisión Europea para poner en su conocimiento nuestra inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España». Y es que: «A pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España, se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y, desafortunadamente, se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial, de modo que, en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de los países de la UE –es decir, por elección de los propios jueces entre sus iguales–, se camina en la dirección opuesta». Y es que si bien el Gobierno español parece presentarse como temeroso de «desobedecer» a la Unión Europea cuando se trata de bajar el IVA a las mascarillas o al carburante, temor falso, como se ha sabido, cuando se trata del nombramiento de los vocales del CGPJ las recomendaciones se las lleva el viento democrático. Aquí ya no interesa.

Los vocales de las asociaciones mentadas abundan en el documento señalando que, una vez que se ponga en marcha la reforma que limita el nombramiento de los miembros del CGPJ ya aprobada por el Gobierno, se producirá un «apagón» del órgano de gobierno de dicho consejo. Un apagón que se produce al dejar al CGPJ «sin funciones de designación de cargos judiciales en la situación actual y hasta que sean renovados sus componentes». Algo que podría agravarse de ejecutarse una segunda reforma que el Gobierno ha dejado sin aprobar por el momento, y sólo por el momento, en la cual se cambiarían a la baja las mayorías necesarias en las Cámaras para la designación de los vocales judiciales, lo cual supondría que los partidos que en ese momento estén gobernando podrían decidir, y por tanto controlar, por sí solos el nombramiento de dichos vocales.

Como hemos apuntado más arriba, esta es una situación en la que uno de los poderes, el ejecutivo en éste caso, trata de anegar y anular a otro, el judicial en éste caso. Por eso los jueces denuncian, con razón, que el control tan absoluto que se produciría con la reforma aprobada, y con la reforma por aprobar, sería totalmente contrario a los estándares mínimos de imparcialidad y contrario a las recomendaciones europeas, esas que, como ya hemos dicho, el Gobierno sigue cuando le conviene y desprecia cuando le conviene también.

Y no ya es sólo que se estén ignorando las recomendaciones europeas, que establecen que «las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial» y que España, como país soberano, por el momento, puede ignorar. Es que incluso esta reforma lo que viene a agravar es un sistema ya tradicional desde el inicio de la sacrosanta democracia y que es, como se señala en el escrito, contrario a la propia Constitución española –esa que el Gobierno actual, y aquellos en la oposición que le dejan hacer (a saber a cambio de qué), tampoco ha tenido muy en cuenta, por ejemplo a la hora de aprobar un Estado de alarma durante meses–. Un sistema que era un secreto a voces, pero que ahora ya ni siquiera es secreto –quizá porque eso que llaman el pueblo está ya tan adormilado por el opio democrático que los dirigentes saben que no va a mover un dedo para hacer nada en contra–. Y es que al menos desde 1985 los partidos en el poder llevan repartiéndose «los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del Parlamento y, una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos». Por todo ello en esta ocasión el Gobierno, a la hora de elaborar y aprobar estas reformas, ni ha solicitado el parecer de la Comisión de Venecia ni, por supuesto, ha dado audiencia a las asociaciones judiciales a pesar de la petición de estas. Las cuales recuerdan que en el último informe del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) se dice claramente que «no hace falta decir que los jueces deben ser consultados y tener voz en las decisiones básicas sobre la forma de la justicia moderna y las prioridades involucradas. Ese proceso de consulta debe estar dotado de garantías adecuadas de inclusión, transparencia y rendición de cuentas». Todo lo contrario de lo ocurrido en el caso español.

Como vemos, la mitad de los jueces españoles (aunque quizá sean más y teman alzar la voz), no han tenido más remedio que recurrir a instancias más «altas» al oponerse al Gobierno de su crítica nación. Pero como también vemos, estas tan altas instancias, a la hora de la verdad, tienen poco poder contra los gobiernos soberanos si estos no tienen interés de seguir las recomendaciones de la Comisión Europea o del órgano que se trate. Cuando interesa se siguen, cuando no se ignoran. Ahora al ejecutivo formado por la coalición de PSOE y UP, y quizá también a los partidos de oposición, que apenas han hecho algunos aspavientos en contra, le interesa ignorar cualquier recomendación europea para controlar al principal órgano del poder judicial, lo cual puede ser un aspecto más en el que la corrupción se esté extendiendo por todas las estructuras y poderes del Estado. Una corrupción que implica un mayor control por parte del poder ejecutivo sobre el CGPJ, órgano máximo de un poder que se encarga de proteger a todos los españoles y de garantizar que los mismos, sin distinción, puedan ser juzgados por jueces imparciales en cualquier situación que lo requiera.

Así pues, desde DENAES no podemos más que, como la mitad de los jueces españoles, dar la voz de alarma ante esta situación y ante la deriva cada vez más reduccionista, esto es, más controladora del poder ejecutivo sobre otros poderes del Estado y sobre todos sus miembros, a saber: los españoles. Y, a su vez, llamamos a todos los españoles a que no permitan ver progresivamente coartadas sus libertades ni sus garantías judiciales; a denunciar, en definitiva, cada intento de control injustificado y a pelear contra el mismo por más democrático que éste se presente. Entre otras razones porque si la democracia ha de basarse en la libertad, cuanta menos libertad tengamos menos democracia habrá.

 

Emmanuel Martínez Alcocer