La tercera república española. Es algo que se puede poner, y de hecho se pone, en eso que llaman los cursis que nos gobiernan, de forma tan obscena, la mesa de diálogo; trasunto de esa otra mesa, la de negociación. Que no es otra cosa que una forma solapada de decir la mesa en la que se van a sentar a repartirse el botín los saqueadores de esta postrada cárcel de naciones que todavía, y hasta que aguante, se llama España.

Y es que en principio que España pasara a ser una república no tendría nada de malo ni escandaloso, excepto para los españoles amantes de la monarquía, por supuesto, que también tienen su derecho. Quien esto escribe, mismamente, es favorable a una república para España sin necesidad de ser un visceral antimonárquico, igual que es ateo sin ser un ingenuo anticlerical. Y no sería nada malo, a nuestro juicio, porque España puede seguir siendo perfectamente España aun cuando su identidad política pase de ser una monarquía parlamentaria a una república stricto sensu. No son pocas las transformaciones que ha experimentado la identidad de España a lo largo de sus siglos de historia. Hemos sido de todo, de provincia imperial –cuando todavía España no era siquiera España– a imperio, de imperio a nación política, de dictadura a república y vuelta a dictadura, acabando en la centrífuga, disolvente, autonomista y ultramegaplurinacional y opresora España actual. No son pocas las identidades que ha tenido España, decimos, y la actual no tiene por qué ser la última –aunque pueda serlo, porque siempre debemos tener presente la posibilidad de que España, como toda esencia, finalice; España no es eterna ni como el papel, que todo lo aguanta–, pudiendo cambiar a una identidad republicana siempre y cuando su unidad no quede en entredicho, siempre y cuando la unidad de España se mantenga o se refuerce. Porque si no hay unidad tampoco hay identidad que valga.

Este es uno de los errores de muchos de los que hoy rigen los destinos de nuestra maltratada nación, algunos de los cuales buscan una tercera república: pensar que España puede seguir siendo España descompuesta en multitud de pequeños feudos en los que las diversas oligarquías regionales ordenen y manden a placer. Algunos de esos regidores, muy demócratas y defensores de la igualdad, hasta consideran que España es y puede ser un Estado federal y asimétrico. Esto es, un Estado que no es Estado –ya que la soberanía es indivisible– y con una igualdad que no es igualdad –puesto que la simetría es precisamente una de las relaciones (junto con la transitividad y la reflexividad) en las que se basa la igualdad–.

Como decíamos, no pasaría nada si España llegase a ser una república. Es más, hasta sería posible que el actual rey español, educado bajo el gobierno socialista y firme defensor de España y de los valores republicanos –más que muchos miembros de la cámara de representantes; sobre todo más que aquellos que, sentándose en dicha cámara, lo único que buscan es el fin de España–, dejara de ser rey y siguiera siendo jefe del Estado español como presidente de la república. Y tampoco sería tan grande el cambio. Pero en las condiciones actuales tales cambios, a nuestro juicio, resultarían muy peligrosos. Por varias razones.

En primer lugar por la ignorancia de los políticos que nos gobiernan, ignorancia que se muestra, por ejemplo, en cometer el imprudente error que acabamos de comentar más arriba. Para realizar una transformación en el régimen político de una nación sin comprometer la existencia de esta es necesario saber muy bien qué se tiene entre manos, qué es posible cambiar y qué no. Porque para hacer esa república hay que saber, lo primero de todo, hacerla, conocer, repetimos, qué se tiene entre manos, así como las implicaciones internas y externas de dicho cambio. Y sobre todo tener un proyecto complejísimo a partir del cual se sabe por qué se hace. Una república no puede nacer como una simple negación: contra la monarquía, contra la España de hoy (o lo que queda de ella). Eso ya lo hemos vivido otras veces en nuestra historia y no ha terminado precisamente bien. Es muy peligroso, en definitiva, dejar un nuevo régimen en manos de gentes que no saben –y algunos ni quieren– mantener en pie todo lo bueno que pueda haber en el actual. Porque para progresar también hay conservar, para dar un paso hay que tener el otro pie firme en el suelo. Y nuestros políticos actuales –y cuando decimos actuales nos referimos a los presentes pero también a muchos de los pasados lustros atrás–, con sus decisiones y declaraciones imprudentes y distáxicas han demostrado que carecen de lo necesario para un cambio de tal envergadura. Muchos de ellos siquiera saben qué es España –porque no es algo sencillo de saber ni cabe en un cartel electoral–.

Pero no ocurre eso sólo con los representantes de la soberanía nacional, también ocurre en millones de votantes soberanos. Es otro aspecto que consideramos muy peligroso para ese cambio de régimen en las condiciones actuales: la ignorancia general de la población. Igual que los encargados de dirigir el cambio deben saber qué se hacen, lo deben saber los encargados de refrendarlo, apoyarlo y mantenerlo. Deben saber los ciudadanos de la república, al menos en un grado suficiente, qué implica ser una república, tanto interna como externamente, y la responsabilidad de cada ciudadano soberano sobre la marcha de dicha república. Debe conocer mínimamente la situación de España y su historia, además de las diferencias políticas, históricas, jurídicas y filosóficas entre un tipo de régimen y otro. Pero lamentablemente no es así. Y no lo decimos solamente por esa juventud –juventud que podríamos establecer incluso de 30 años para abajo– que es y ha sido estafada durante décadas con pésimos programas educativos y que apenas sabe situar su ciudad en un mapa o escribir una frase sin varias faltas de ortografía. Lo decimos también por mucha gente bien adulta que está en la misma situación de ignorancia y confusión incluso sabiendo latín.

Pero no acaba ahí la cosa, porque también vemos dificultades al nacimiento de ese nuevo régimen republicano debido a la situación encaminada a la descomposición del Estado, a la situación distáxica de España. Como todos los lectores sabrán, España, debido tanto a los ataques externos como a los internos, cada día da un paso más en la descomposición territorial y en la desarticulación económica, tributaria, educativa, demográfica, legislativa, sanitaria, comercial y lingüística. Con cada concesión de los Gobiernos al autogobierno de las regiones, sobre todo a las más privilegiadas –en manos de nacionalistas o de regionalistas cómplices con el nacionalismo (como el PP de Feijoo)–, con cada nuevo privilegio generador de asimetrías e insolidaridad entre las regiones, con cada nueva cesión competencial que va vaciando los ministerios gubernamentales, el Estado español y España con él se va deshaciendo. Va debilitándose. Una debilidad a la que el autodesprecio producto de la propia ignorancia y la asimilación de la leyenda negra va dando día a día empujoncitos. Y una debilidad a la que la tremenda crisis sanitaria provocada por la pandemia del Sars-Cov-2, su mala gestión y la consecuente crisis económica a la que ha llevado –la más fuerte desde la Guerra Civil– ha dado otro buen empujón. Y lo que queda.

Para finalizar y no seguir hasta el infinito señalaremos otro problema de no menor importancia para esa esplendorosa república naciente. Y no es otro que el hecho de que esa república, como la monarquía parlamentaria o democracia coronada actual, tendría una débil base demográfica y económica sobre la que sostenerse. Y ambas, demografía y economía, están muy estrechamente conectadas y relacionadas. Es por ello que, por un lado, deberíamos hablar de la debilidad de una nueva república por la propia deriva demográfica de España, que tiene una población muy envejecida y lleva muchos años con una natalidad bajísima, sin capacidad de reemplazo. Lo cual compromete la propia recursividad de la nación española –y por tanto de la república– y ya está suponiendo graves problemas para el sostenimiento del llamado Estado de bienestar. Pero por otro lado, si democracia –porque hablamos de una república democrática, claro está– y mercado van de la mano, con un mercado tan debilitado como el español, ¿cómo va a garantizarse esa república democrática su subsistencia? Si toda economía es política (aunque no toda política es económica, como llegó a creer el anterior presidente, Mariano Rajoy), y la economía española está completamente desarbolada, desindustrializada, endeudada –lo que es lo mismo que cautiva– para muchas décadas, dependiente de las miserias europeas y de los depredadores fondos de inversión, de los millones de turistas que otros países quieran enviarnos, de la altísima tasa de paro (más del 40% en la población menor de 25 años), dependiente de la ausencia de energía para la industria que sería necesario desarrollar, incapaz de explotar ni de defender (militar y diplomáticamente) las pocas reservas y yacimientos que encuentra y aun sus propios territorios, carente de tecnologías propias con alto valor añadido de las que aprovecharse y que vender… si carece de todo eso y más, ¿sobre qué se va a asentar esa tan soñada república? ¿No sería necesario, sensato, inteligente y prudente procurar primero tener todo lo necesario para poder ser una república, no sería necesario ser un país fuerte, serio, sin esas ansias constantes de autodestrucción, sabiendo a dónde va y a dónde no para poder ser lo que quiera ser?

Mientras todo esto no se haya resuelto, por no añadir más a lo dicho, no podemos más que juzgar el sueño republicano como eso, un sueño. O mejor, como una patraña propagandística de algunos políticos trasnochados que no saben ya con qué llamar la atención. Pero a la vez debemos juzgarlo como un peligro, porque ya sabemos qué pasa con los soñadores que tienen la capacidad de embarcar a toda una nación en sus sueños de grandeza, que de sueños se convierten en pesadillas.

 

Emmanuel Martínez Alcocer