Luego de unos días de manipulada reflexión, el presidente Pedro Sánchez, anunció lo previsible, que no renunciaría a la jefatura del gobierno -algo obvio ya que el líder del PSOE no renuncia ni al tute para mantenerse en el poder-, y que continuará sacrificándose al frente del gobierno de España a pesar de los sinsabores que sufre por tan «patriótica» decisión. La novedad es que ante las denuncias de corrupción que salpican a medio gobierno, ministros y exministros, gobiernos regionales, como el caso Koldo (un cabeza de turco o el pato de la boda); las maletas bolivarianas de la ministro Delcy Rodríguez y su ex ministro Ábalos y las maniobras salidas a la luz del trajinar de la esposa presidencial Begoña Gómez, traficando influencias en favor de empresas quebradas que fueron beneficiadas por el gobierno de su marido y que se acumulan en los tribunales, Pedro Sánchez como un Hood Robin de la post verdad arremetió contra lo que el califica la derecha y la ultraderecha, la justicia y el periodismo independiente, es decir el que no vive del subsidio y regalías del gobierno, movilizando al PSOE podemizado, toda la ultraizquierda y los separatistas variopintos, que siempre han descollado por su tolerancia ante la crítica y la disidencia, a su pensamiento y dictado único.
Así, todo, desde ahora, el que cuestione los dogmas de la izquierda gobernante, del progresismo o del legado sangriento de ETA, es un «ultra», «un fascista», «un extremista de la derecha reacionaria», que debe ser señalado, interpelado y proscripto de la vida pública en el Gulag de lo políticamente correcto.
Aquel que cuestione la sesgada Ley de Memoria Histórica Democrática, un engendro guerracivilista que pretenden revivir y que borra todos los crímenes cometidos por sus antepasados socialistas, comunistas y anarquistas, mientras el se fotografía profanando cadáveres, en un acto de necrofilia en el Valle de los Caídos. Al igual que el que ose poner en duda y reparos al dogma del cambio climático, debe ser quemado en las hogueras de la Agenda 2030.
El que defienda la unidad histórica y territorial de España frente a los que quieren descuartizarla es un enemigo de la democracia, como ha sucedido en varias regiones gobernadas por el PP y VOX donde se ha derogado la ley guerracivilista y sancionado una Ley de la Concordia, que deja a los muertos de la Guerra Civil en paz- algo que la sociedad española había asumido hace años- y que Rodríguez Zapatero, primero, el lobbista del Grupo de Puebla y luego Pedro Sánchez quieren anular en pos de una venganza ideológica luego de 80 años del trágico hecho. Cuestionar la Ideología de Género, una creación de esta izquierda remixada y volcada a la guerra de sexos, de las identidades minoritarias, es acusado en los nuevos Comités de Salud Pública como «promotores del Odio», como ha sucedido con el director de la Fundación DENAES, Iván Velez, recientemente, con el ukase de ser excluido de todos los debates en los medios públicos de información, exigiendo el PSOE el veto y la proscripción del lúcido, valiente analista e historiador, defensor público de la unidad de España desde la sociedad civil, en la oportunidad que se presente, por los sectarios de la izquierda que prefieren la prohibición a enfrentar el debate. Seguramente la persecución se extenderá a medios como El Debate, El Toro TV, La Gaceta de la Iberosfera, Vozpopuli, Okidiario y tantos más, ya que la soflama de silenciar las voces críticas y que informan sobre los hechos de corrupción deben ser acallados por los funcionarios del sicariato de Sánchez. Este, y sus funcionarios en vez de responder a cada una de las presentaciones judiciales de turbiedad de sus actos de gobierno-incluidas las de su esposa-, acogiéndose al derecho de defensa, salta hacia adelante, se victimiza con absoluto desparpajo y acusa a opositores, jueces y periodistas de armar confabulaciones golpistas, bulos y falsas noticias, incluyendo en esto al Alto Tribunal de Justicia.
Se asemeja cada día el accionar chavista en Venezuela, Nicaragua y Cuba donde existe esperpentos como el Ministerio de la Verdad, Leyes de Odio (ejercidos plenamente por ellos) que los regímenes totalitarios usan a discreción para silenciar, proscribir opositores, perseguir disidentes y encarcelar a todo aquel que enfrente al modelo totalitario.
Ya en la Argentina de los Kirchner se quiso «democratizar la Justicia», lo que es decir someterla, incluyendo un intento fallido de juicio Político a la Corte Suprema de Justicia, y que hoy el presidente Javier Milei, a mi entender fallidamente, promueve para ocupar un cargo del Alto tribunal con un juez federal como  Ariel Lijo, profundamente cuestionado por la gran mayoría del mundo jurídico. También sucedió en la Bolivia de Evo Morales, cuya Corte de justicia, ya sometida lo habilito para un tercer mandato, algo prohibido por la Constitución y que terminó con el frustrado intento de golpe de Morales. Lo mismo acaeció en Ecuador con el «poder ciudadano» del profugado Rafael Correa, y que curiosamente, hoy Ecuador soporta una ola de violencia del narcoterrorismo, con magnicidio incluido, cuando la izquierda tuvo que abandonar el poder.
Si en algo coinciden todos los mencionados es en considerar al opositor y disidente, sea del rubro o profesión que sea, un enemigo público que hay que someter, silenciar y marginar de la vida pública. Esta es la genuina esencia de la izquierda radical, que no acepta la alternancia en el poder, y que con un descarado cinismo en nombre de la tolerancia, el progresismo practican la más brutal intolerancia contra los que no se alinean o enfrentas a sus dogmas ideológicos.
Sánchez en esta boutade peligrosa, no exenta de esperpento, ha iniciado un camino de ribetes imprevisibles para España, donde la libertad de expresión, la división de poderes, piedra angular de una genuina democracia, van en camino de la acción directa, la democracia plebiscitaria, la represión del disidente, lo acercan a una tiranía cesarista.  
 
Ignacio Bracht