El Mundo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado un acuerdo aprobado en 2009 por el Ayuntamiento de Durango (Vizcaya) que regulaba las ayudas de transporte a familiares de personas internadas en centros penitenciarios, ayudas que normalmente beneficiaban a quienes querían ir a visitar a presos de la banda terrorista ETA.
El Alto Tribunal ha estimado un recurso interpuesto por el abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco que avaló el acuerdo municipal.
El Supremo concluye que el Ayuntamiento de Durango incumplió la Ley General de Subvenciones, que le obligaba a concretar previamente un «plan estratégico» de ayudas, sus costes y fuentes de financiación, todo ello supeditado a los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Ese plan, que le obligaba a establecer las subvenciones de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad e igualdad, no fue realizado por la Corporación de Durango y era, subraya el Supremo, un requisito legal esencial y previo a la regulación de la subvención.
