La Constitución, en su disposición transitoria cuarta, deja la puerta abierta a que Navarra se incorpore «al Consejo General Vasco o al régimen autonómico que le sustituya».
ÁNGEL COLLADO
10-12-2006-ABC
MADRID. La anexión de Navarra al País Vasco con una parada intermedia en forma de órgano político común de «cooperación» es uno de los asuntos abordados en las conversaciones, directas e indirectas, mantenidas entre el Gobierno y ETA; las anteriores dieron lugar al «alto el fuego» de la banda terrorista y las posteriores fueron para preparar la llamada «mesa de partidos». El alto grado de elaboración teórica de ese punto del «proceso» que destilan las declaraciones y textos de los batasunos y la calculada ambigüedad de los socialistas disparan las sospechas en el PP, que ha decidido abrir un capítulo aparte de denuncia en el Congreso.
Batasuna considera que Navarra «debe implicarse desde el primer momento en el proceso democrático de toma de decisiones sobre el futuro de Euskal Herria» y propone que «los acuerdos que se adopten entre los partidos deberán ser sometidos a la decisión de la ciudadanía navarra mediante consulta». El Gobierno, entre las exigencias de ETA y los ataques del PP, se ha atrincherado en la frase «nadie va a imponer a Navarra un cambio institucional que los navarros no deseen» (Rubalcaba en el Congreso el pasado 29 de noviembre), sin fijar en ningún momento su posición de principio.
Con todos los condicionales que pone la situación de bloqueo del llamado «proceso de paz» -más por la falta de voluntad de ETA y los problemas para satisfacer el capítulo de la «autodeterminación» exigidos por la banda que por las posibles dudas del Gobierno-, las conversaciones sobre Navarra parecen avanzadas.
Negociador Eguiguren
«Gara», órgano oficioso de expresión de Batasuna rescataba la pasada semana una cita significativa de Jesús Eguiguren, «presidente del PSE y uno de los interlocutores en las negociaciones para la conformación de la mesa de partidos»: «La aplicación de los acuerdos y decisiones políticas adoptadas a lo largo de todo el proceso deberá llevar a cabo los procedimientos previstos en el Estatuto de Guernika, la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra y la Constitución de 1978».
También recurría la citada publicación a documentos aprobados por el PSE con la llegada de Patxi López a la secretaría de la organización. En uno de ellos se propone «una nueva relación institucional con Navarra, desprendida de cualquier discurso unificador» y también se postula «una relación especial surgida no sólo de la mera vecindad, sino también de las raíces profundas de afinidad cultural, lingüística, histórica y social».
El brazo político de ETA no pone inconvenientes sobre el procedimiento y admite que «los acuerdos que se adopten entre los partidos sean sometidos a la decisión de la ciudadanía navarra mediante consulta», además de plantear la necesidad de que los grupos sociales, sindicales y políticos de la actual Comunidad Foral participen en «el proceso».
Como la Constitución, en su disposición transitoria cuarta, deja la puerta abierta a que Navarra se incorpore «al Consejo General Vasco o al régimen autonómico que le sustituya» y la iniciativa debe corresponder al «órgano foral competente», el entendimiento perfilado entre batasunos, socialistas y nacionalistas vascos en sus conversaciones «secretas» precisa, para hacerse realidad, una nueva mayoría parlamentaria en Navarra frente a la actual hegemonía de Unión del Pueblo Navarro y los también foralistas de CDN.
El candidato socialista, Fernando Puras, mantiene los mismo equilibrios que Zapatero y su ministro del Interior a la hora de hablar del futuro de la Comunidad Foral. «Lo que quieran los ciudadanos». Pero no aclaran cuáles son sus preferencias para buscar alianzas. UPN se quedó en 2003 a sólo dos diputados de la mayoría absoluta, pero con los cuatro del grupo de Juan Cruz Alli ha gobernado sin problemas.
Ahora, las encuestas señalan un desgaste de esa mayoría, posiblemente más debido más a su gestión o imagen «muy de derechas» que a su actitud ante la ofensiva del nacionalismo vasco.
Ante ese panorama, el presidente de la Comunidad, Miguel Sanz, ha adoptado una posición mucho más matizada e institucional que el PP frente a las negociaciones, para no molestar a los sectores más tibios del electorado. Y en parecidos registros se mueven los socialistas, en su caso para evitar fugas de sus votantes que ven peor el acercamiento al nacionalismo. En caso de salir los números, sería un hecho la alianza con IU, PNV y la marca con que se presente Batasuna.
Otegi admite que «el discurso de anexión o integración de Navarra ha sido muy mal entendido por la sociedad navarra» y lo que toca a partir de ahora es «crear un marco de estabilidad democrática en el que en diez o quince años el conjunto de la ciudadanía vasca vea que el proyecto más atractivo, en el que se vive mejor es en un proyecto nacional independiente que recupera la «estatalidad» de Navarra».
Nueva estrategia batasuna
En un nuevo intento de pedir explicaciones o, más bien de dejar evidencia al Ejecutivo, el PP -por medio del diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo- defenderá el próximo martes en el Congreso una moción consecuencia de interpelación urgente para instar al Gobierno a que renuncie a hacer cesión política alguna a ETA, en general pero muy en particular en lo que toca a Navarra.
El texto recoge, uno a uno, los procedimientos y fórmulas negociadas entre Batasuna, el PSE y el PNV en los últimos meses para despejar el camino hacia la «mesa de partidos» que, ya con menos discreción y después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, plantearía una «reforma del marco político» que conciliaría las posiciones de terroristas -por medio de Batasuna- socialistas y nacionalistas vascos, también en lo tocante a Navarra.
El Grupo Popular plasma en los cinco puntos de su moción el rechazo a las maniobras que más de cerca tocan a Navarra en las negociaciones del Gobierno con ETA con la esperanza, remota, de sacar al PSOE de su actual oscurantismo en la materia. Pretende la oposición que el Congreso inste al Ejecutivo a admitir que no está legitimado a «formular ninguna declaración política de reconocimiento de la existencia de una supuesta nación denominada Euskal Herria, integrada por siete territorios, entre ellos Navarra, tal y como pretende ETA».
También aspira el PP a que el Congreso rechace precisamente los puntos de preacuerdo tocados en las conversaciones «secretas» a tres bandas mantenidas en los últimos meses por Batasuna, PSE y el PNV: constitución de «mesas políticas» para acordar un nuevo marco conjunto para el País Vasco y Navarra y nuevas propuestas para satisfacer la petición de ETA de «la internacionalización del conflicto».
Como colofón, el Grupo Popular exige que el Estado de Derecho ponga todos sus instrumentos al servicio de la Justicia para lograr que en las próximas elecciones autonómicas y municipales no se pueda presentar candidatura alguna que tenga algo que ver con el terrorismo. Para despejar cualquier duda sobre lo avanzada que está la negociación con ETA-Batasuna sobre Navarra, el PSOE no tendría más que apoyar la moción del PP.
