Una estrategia y una filosofía que chocan con las defendidas por otras comunidades autónomas, Asturias entre ellas, partidarias de que las cercanas conversaciones sobre la reforma del modelo de financiación estén presididas por la «multilateralidad».
26-3-2008 – LA NUEVA ESPAÑA (ASTURIAS)
La Generalitat quiere sentarse de inmediato con el próximo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para hablar de la financiación autonómica, básicamente del nuevo modelo incluido en el reformado Estatuto catalán. El conseller de Economía, el socialista Antoni Castells, ha planteado la necesidad de que en el plazo de las próximas semanas se reúna la llamada Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, competente, según el Estatut (artículo 210), para «concretar» el sistema de financiación incorporado a la misma norma estatutaria. En ella se establece que antes del 9 de agosto de este año tiene que empezar a aplicarse el modelo catalán.
Que el Gobierno de José Montilla haya instado a abordar ya los contenidos financieros del estatuto catalán y que además lo plantee a través de la citada comisión mixta ha sido interpretado como una evidencia de que el Gobierno tripartito de Cataluña buscará una negociación «bilateral» con Madrid. Una estrategia y una filosofía que chocan con las defendidas por otras comunidades autónomas, Asturias entre ellas, partidarias de que las cercanas conversaciones sobre la reforma del modelo de financiación estén presididas por la «multilateralidad» que se sustancia en el funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano que preside el ministro Pedro Solbes y en el que participan los consejeros de Hacienda o Economía de todos los gobiernos autonómicos. La Federación Socialista Asturiana (FSA) cree básico para los intereses del Principado que se respete esa multilateralidad.
«Queremos que se aplique el Estatut, y es evidente que lo que se establece en él sólo afecta a Cataluña. Ahora bien, no tenemos inconveniente en que el modelo pueda tener carácter general siempre que se respete escrupulosamente lo establecido por el Estatut en plazos y contenidos», ha respondido Castells en una entrevista con el diario «La Vanguardia».
La reforma del Estatut, pactada por el PSC, CiU e ICV-IU, incluyó un capítulo de financiación en el que se contempla un aumento sustancial de la parte de los impuestos recaudados por el Estado en Cataluña que se cede a la Generalitat. Se fijó, por ejemplo, ampliar del 33 por ciento al 50 por ciento la cesión del IRPF. Esta medida de autonomía tributaria no ha sido tan cuestionada como lo son, en cambio, otros aspectos del Estatut. Los expertos han alertado sobre los riesgos de la relación «bilateral» entre Estado y Generalitat que defiende la norma catalana en el capítulo de financiación y, de manera singular, sobre la incidencia de otros capítulos en los mecanismos de cohesión y solidaridad entre territorios de los que se benefician, principalmente, regiones como Asturias. Según el economista asturiano Ángel de la Fuente, en el Estatut «se abre la puerta a un sistema menos igualitario en el que los recursos de cada región pasarán a depender en alguna medida de su nivel de renta».
Cataluña ha llevado a su Estatuto la idea de que en el cálculo de la financiación que reciba debe pesar la «capacidad fiscal» de la región. Esto es, su aportación a los ingresos del Estado y, en suma, el nivel de renta. Además, las conversaciones sobre el dinero de las autonomías estarán sobrevoladas por la aspiración de los principales partidos catalanes, incluido el socialista PSC, de ir incluso más allá del Estatut y lograr una equiparación gradual con el ventajoso régimen foral del País Vasco o Navarra.
